RESUMEN

El presente artículo pretende indagar, desde una perspectiva historiográfica renovada, un caso excepcional de una temática ampliamente abordada por la literatura politológica. La Ley de Lemas ha sido la reforma política de mayor extensión desde el retorno democrático, en función de lo cual ha atraído la atención de los estudiosos.

El enfoque adoptado permite echar luz sobre una serie de características específicas del caso santafecino, las cuales lo distancian de los modelos explicativos elaborados a partir de las premisas del rational choice. En miras de ese objetivo, se recrea todo el recorrido institucional de la ley a partir del análisis de los debates ocurridos en el Congreso.

ABSTRACT

This article intends to inquiry, from a renewed historiographical perspective, a deviated case of broadly addressed subject in political literature. Since the return of democracy, the double simultaneous vote has been the political reform of greater extension, attracting the attention of scholars.

The selected approach allows illustrating several specific characteristics of Santa Fe, setting it aside from models elaborated according to the premises of rational choice. In pursuit of this objective, the law`s institutional journey is recreated based on the analysis of the debates that took place in the Congress.

  

La Ley de Lemas: el caso santafecino en clave historiográfica

Sebastián G. Cortesi (UBA)

Introducción

Existe un fuerte interés acerca de las leyes electorales por parte de las ciencias sociales. Este se encuentra reforzado en la literatura nacional, dada la gran cantidad de reformas políticas acontecidas a lo largo de la historia. Recientemente, los trabajos que abarcan estas temáticas han comenzado un viraje, prestando mayor atención a los ámbitos subnacionales. Hay consenso acerca de una mayor territorialización de la política, por lo tanto las reformas electorales no son explicables únicamente a partir del ámbito nacional. Se reconoce a cada provincia como un sistema político en si mismo, y también que cada reforma engloba un universo particular de fuerzas y coaliciones (Calvo y Escolar, 2005).

En consonancia este trabajo pretende abordar el proceso iniciado a partir de la implementación de la ley de lemas o doble voto simultáneo (DVS) en Santa Fe (´90-2004), y comentar las modificaciones posteriores al sistema electoral. El DVS ha tenido enorme impacto Argentina, aplicándose por primera vez en San Luis en 1986 para seleccionar candidato a senador nacional y elegir constituyentes; llegando en a regir en el año 1995 en 12/24 distritos subnacionales para la competencia en distintas categorías. Si bien hubo una oleada de derogación en múltiples provincias, aún sigue vigente en 3 de ellas[1]. Su impacto no se limita únicamente a los casos en los cuales fue implementada, comprender la dimensión que adquirió requiere considerar que rigió a nivel nacional durante la corta presidencia de Rodríguez Saá. También fue considerada para la primera elección de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Tula, 1997). Duhalde, el entonces gobernador, amenazó con implementarla en la provincia de Buenos Aires si le era negada la incorporación de la reelección en la reforma constitucional de 1994 (Tula, 1997).

En vista de la cantidad de casos y la diversidad al interior de cada uno, resulta dificultoso tratar la ley de lemas como un objeto de estudio homogéneo. Por ejemplo, hubo casos con proporcionalidad en el reparto de bancas entre sublemas como Santa Fe y otros como Santiago del Estero con una variante mucho más mayoritaria intra lema; o el caso de Chubut único en tener ballotage entre los dos sublemas más votados para la gobernación. Semejante diversidad vuelve a la temática atractiva para los estudios de caso.

 

La Ley de Lemas en los estudios sociales

 

Hay un fuerte interés por las leyes electorales en las ciencias sociales, reforzado en la literatura nacional por la cantidad de reformas políticas acontecidas a lo largo de la historia. Recientemente, ha comenzado a prestarse mayor atención a casos subnacionales. Existe un consenso acerca de una mayor territorialización de la política, que lleva a reconocer a cada provincia como un sistema político en sí mismo y a cada reforma como un universo particular de fuerzas y coaliciones (Calvo y Escolar, 2005). En consonancia este artículo pretende abordar el proceso iniciado a partir de la implementación de la ley de lemas o doble voto simultáneo (DVS) en Santa Fe (´90-2004). Temática abordada por la politología, desde el mismo marco teórico pero mediante diversas metodologías.

Los primeros artículos describen el funcionamiento del DVS, lo clasifican dentro de la sistemática electoral y tratan su status jurídico (Borello y Mutti, 2003; Botinelli, 1996; Buquet, 2003; Petracca, 1991).

Parte de la literatura se dedica al estudio de los impactos políticos de las leyes que componen los sistemas electorales. Consideradas variables independientes que producen resultados puntuales, verificados mediante sucesivas mediciones y comparaciones. Existen trabajos que indagan su impacto sobre el  sistema de partidos en perspectiva comparada (Tula, 1997; Calvo y Escolar, 2005; Reynoso, 2004), mientras otros relevan el impacto al interior de los partidos (Galván, 2009). También hay estudios de caso que describen los efectos provocados (Panozzo, 2001; Mutti, 2012). Los trabajos comparativos concluyen que el DVS representa un caso de manipulación extrema del sistema electoral. La ley es concebida para evitar la fragmentación del justicialismo en contextos adversos, y así poder retener el ejecutivo provincial. La derogación se atribuye a la recomposición de las relaciones de poder dentro del PJ, como también al uso del DVS como herramienta de coordinación por parte de La Alianza.

Los trabajos dedicados al caso de Santa Fe (Toppi, 2015; Rulli y Lappas, 2006) comparten metodologías propias del análisis de las políticas públicas. Por su parte Toppi (2015) enriquece la comprensión general del proceso al resaltar la intervención de elementos propios de la sociedad civil, mientras que Rulli y Lappas (2006) ofrecen un seguimiento en detalle del intrincado camino que debió ser recorrido para lograr su derogación. En ambos trabajos el proceso es descrito como un ciclo en el no intervienen exclusivamente las elites políticas, y otorgan gran relevancia durante el proceso de derogación a actores no institucionales

Los estudios del caso santafecino, al igual que este, parten del reconocimiento de que el modelo macro tiene problemas al viajar allí. Santa fe se muestra como una caso desviado respecto de la teoría construida, probablemente esta sea la causa por la cual no abordan al DVS desde la perspectiva utilitarista del impacto político de los sistemas electorales. Los enfoques procesuales de las políticas públicas ofrecen una visión desagregada del proceso, la cual permite incorporar otros factores explicativos. Pero aún queda pendiente comprender las motivaciones de la elite política para llevar adelante una serie de reformas electorales en un período corto de tiempo, y sobretodo entender las motivaciones para acompañar dichas reformas por parte de quienes maximizaban sus posibilidades de acceso a cargos bajo el DVS.

Este artículo parte de un enfoque distinto, al abordar al caso desde la renovación historiográfica en el estudio de las leyes electorales (Rosanvallon, 2006; De Privitellio y Persello, 2009; Ajmechet y De Privitellio, 2016; Ternavasio, 2001). Este reconoce que los sistemas electorales nunca son neutrales, y que presentan características pasibles de analizarse técnicamente. Quienes detentan el proceso de reforma indudablemente buscarán obtener un beneficio, pero la cuestión radica justamente en que es aquello considerado beneficioso. Se asegura que las leyes electorales despliegan y cristalizan una variedad de concepciones acerca de lo político; tales como la caracterización de la sociedad, las formas y prácticas para su correcta representación y calidad de los representantes. El análisis de fuentes permite acceder a la concepción de buena parte de la elite política sobre el estado de la representación. Si bien se toman en cuenta las intervenciones públicas de actores no formalmente representativos, se trata de un enfoque más centrado en las elites políticas. Interesa reconstruir el diagnóstico propio de estas, quienes en última instancia elaboran las normas electorales. Estas responden a un registro más amplio de concepciones e ideas, que sirven como factores explicativos del sentido específico buscaba imprimirse a la vida política.

Se pretende demostrar que la ley de lemas en Santa Fe no fue simplemente una forma falseada de la competencia política, ingeniada por el oficialismo para potenciar su desempeño electoral[2]. Como un período agotado a causa de sus propias falencias, cuyo fin permitió recuperar un estado de normalidad institucional. En cambio, propone entenderla como uno de los múltiples resultados alcanzados por la elite política santafecina, que se reconoce signada por una profunda crisis de representatividad durante el período analizado. El DVS inaugura un período marcado por una nueva concepción de cómo debe conformarse y practicarse la representación política. Esta concepción renovada que no finaliza con su derogación, sino que legitima y hace inteligibles los posteriores cambios en el sistema electoral.

 

La Especificidad Santafecina

 

A principios de los ´90 la dirigencia se encontró desbordada por una crisis de representatividad, percibida como preocupada únicamente por sus intereses y conflictos internos desarrollados en un microclima distante de la ciudadanía. A partir de esta situación se darán múltiples debates en su seno, donde darán cuenta del estado de la representación y propondrán soluciones consecuentes. Este trabajo busca explorar los idearios desplegados en dichas intervenciones, en las cuales se abordan los interrogantes propios de la política moderna. ¿A quién se debe representar? ¿Cómo deben conformarse y desempeñarse los elencos políticos? ¿Cuál es la mejor forma de organizar y canalizar la voluntad popular?

El “ciudadano a pie”, considerado conocedor del bien común en virtud de su radical exterioridad respecto al “internismo vicioso”, es llamado a tener mayor participación en la conformación de su representación. Ya no es suficiente que participe en las elecciones generales, donde la oferta elaborada por cúpulas partidarias lo limita. Estas conducen “afiliados venales” para imponer a la sociedad candidatos que le resultan ajenos. Ahora deberá también participar en las internas, actuando como elemento regenerador de la política.

Buscan generarse candidaturas que si bien requieran de cierta estructura política, dependerán en última instancia de las preferencias del “ciudadano común”. Se pretende clausurar el período en el cual las candidaturas se debían únicamente al apoyo de las cúpulas, cuyas prácticas y legitimidad son cuestionadas.

 

Apartado técnico: descripción del sistema electoral santafecino

 

Acorde a la Constitución de 1962[3] el poder ejecutivo, conformado por el gobernador y el vicegobernador, se elije directamente a simple pluralidad de sufragios en distrito único. Ambos duran 4 años en función, sin posibilidad de reelección inmediata.

Una legislatura bicameral ejerce el poder legislativo. El senado se integra por 19 representantes electos en circunscripciones uninominales, usando como distritos los departamentos en los cuales se divide Santa Fe. En cambio, la cámara de diputados cuenta con 50 representantes electos en distrito único. En la asignación de bancas rige el sistema de premio a la mayoría, por el cual la lista que alcanza la mayoría simple gana invariablemente 28 bancas (56%) y las restantes 22 (44%) pertenecientes a las minorías se reparten proporcionalmente acorde a la fórmula D´Hondt. Ambas cámaras se renuevan totalmente cada 4 años.

En cuanto a las poblaciones, su organización política depende de la magnitud de habitantes. Aquellas que superan los 10.000 son clasificadas como Municipios, tienen un intendente electo cada 4 años a simple pluralidad de votos y un Consejo Municipal[4] donde los cargos, que se renuevan por mitades cada 2 años, se asignan acorde la fórmula D´Hondt. Las poblaciones debajo de esa magnitud conforman Comunas, con una Comisión Comunal[5] donde el sistema de asignación de bancas otorga una sola a la minoría.

En 1990 comenzó a regir para las categorías de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y consejeros municipales la ley 10524 conocida como ley de lemas[6]. El DVS es un mecanismo de selección de candidatos, mediante un voto preferencial intra partidario (Buquet, 2003). Consiste en permitir “la presentación de varios candidatos a un mismo partido. El partido se constituye como lema y cada corriente interna presenta su lista constituyendo un sublema. De esta manera el partido acumula la totalidad de votos que reciben los sublemas” (Calvo y Escolar, 2005)[7]. El elector participa simultáneamente, con un único voto, en la interna del lema y en la elección general. Al emitir sufragio manifiesta su preferencia en primer instancia por un lema, y luego por su candidato o lista particular. En el escrutinio los votos se asignan primero al lema para resolver cual ganó, y después se consideran los votos obtenidos por cada línea interna.

Esto conduce a que el candidato o lista ganador no sea necesariamente el más votado en términos absolutos, sino el más votado dentro del lema mayoritario. Quien obtiene individualmente la mayoría de los votos no siempre resulta ganador, como sucedió en ¾ de las elecciones ejecutivas durante su vigencia. Otro efecto es la incorporación de la fórmula D´Hondt en la asignación de bancas dentro del lema mayoritario para diputados, consejos municipales y comisiones comunales[8].

 

La instauración de la ley de lemas: una propuesta a título de prueba

 

Abordar la polémica sesión del 9 de Noviembre de 1990 requiere considerar factores contextuales que explican la situación de tensión vivida tanto dentro como fuera de la legislatura^[9].

Las normas y prácticas vinculadas a la política representativa fueron fuertemente interpeladas en todo el país durante el período analizado, lo que derivó en múltiples reformas provinciales (De Riz, 1992). En aquel momento la opinión pública estaba signada por demandas de mayor transparencia y representatividad, frente a lo caracterizado como elencos políticos preocupados únicamente por sus intereses corporativos y sus pugnas internas. Los partidos comenzaban a ser considerados burocracias inadecuadas para reclutar dirigencias aptas y responder a las demandas sociales. Sus propuestas e intervenciones públicas parecen responder al microclima de la sociedad política, y denotan un distanciamiento respecto del ciudadano. La calidad de la representación pasó a ser objeto de los debates relativos a reformas electorales, donde los mecanismos de selección de candidatos aparecían como panaceas capaces de erradicar prácticas nocivas y acercar a los elencos políticos a la realidad ciudadana.

La crisis representativa se encontraba agravada en Santa Fe, con el ejecutivo involucrado en escándalos de corrupción y con partidos atravesados por conflictos internos. El vicegobernador Antonio Vanrell había sido destituido por malversar fondos al comprar juguetes a empresas fantasma (Toppi, 2015). A su vez, el gobernador Víctor Reviglio contaba con varios pedidos de juicio político (Tula, 1997). En cuanto los partidos, el diputado Ricardo Harispe denunciaba “bloques que se rompen; partidos al borde de la división, los unos que se miran malamente con los otros; nadie gana” (DSCD, 8/11/90, Pág.26). Reviglio, artífice del DVS, reconoció que muchos justicialistas se rieron de su propuesta incluyendo miembros del gabinete (El Litoral, 9/8/2001). En referencia a la sesión admitió “el justicialismo no tenía todos los votos y hasta algunos diputados de fueron de mi despacho prometiendo votar la ley, pero cuando llegaron a la Legislatura no solo hicieron discursos y votaron en contra, sino además armaron un lío fenomenal” (El Litoral, 9/8/2001). La situación al interior de los partidos se reflejo tanto en las intervenciones[10] como en el resultado^[11] de la sesión.

  Al cuadro de situación hay que sumarle los antecedentes^[12] de problemas y denuncias respecto a la gobernanza electoral (Torres, 2016). Además la cercanía de los comicios revivía los recelos y tensiones al interior de la elite política.

La mayor parte del debate se dio en torno al acuciante problema de representatividad, donde hubo coincidencias significativas sobre el diagnóstico de situación. Se reconoce que la política perdió representatividad a causa de su descarnado internismo y apelan como factor regenerador al ciudadano común/anónimo/de a pie, en tanto figura opuesta al mismo y por ende conocedora del bien público. Las diferencias manifestadas responden a evaluaciones divergentes sobre la causa del internismo y a las acciones tendientes a recomponer el vínculo representativo. El socialista Juan Carlos Zabalza, contrario al DVS, expresó “nadie discute ya la primacía de la voluntad popular pero si es todavía materia de discusión donde se encuentra esta prima y cuál es la mejor forma de expresarla y esto es inherente al sistema electoral” (DSCD, 8/11/91, Pág. 41). La naturaleza del debate fue motivo de mención por parte de la prensa 

Más allá de las posiciones políticas y de los intereses personales, es la primera vez en mucho tiempo que hay un debate político en la provincia. La composición de la cámara hizo que este tema no se transforme en un trámite de levantar la mano, la pluralidad de opiniones rompió la monotonía. Y esto en Santa Fe no es poca cosa (La Capital, 9/11/90).

El proyecto salido del senado fue defendido en el recinto por el radical Eugenio Malaponte^[13], quien reconocía en el sistema electoral la causa estructural de la crisis. Bajo este los dirigentes no eran electos por la ciudadanía, sino que respondían a otro demos minoritario y centrado en su interés particular. Integrado por los afiliados a los partidos, conducidos por las cúpulas para actuar como aparatos políticos. Estas digitan, mediante oscuros procedimientos internos, las candidaturas entre las cuales el ciudadano común ve forzado a optar. Esto impacta en el desempeño de los representantes, que disputan el control del aparato y relegan las pretensiones del ciudadano. El DVS permitiría abrir el camino a las urnas a las parcialidades dentro de los partidos, velando así por su integridad. Al erradicarse el control de las candidaturas, causante del internismo, los representantes solo deberán procurar el apoyo ciudadano para continuar su carrera.

Salimos de internas partidarias duras, nos incorporamos a elecciones generales. Habremos de guardar el tiempo de la dirigencia para el aprovechamiento de sus esfuerzos, sus mejores energías y recursos para los verdaderos problemas cruciales, acuciantes, en esta hora argentina. Basta de aparatos que dentro del partido, a la hora de gobernar lo hace con discrecionalidad y cuando el partido es responsable de la conducción del Estado en cualquiera de los ámbitos viene también por las influencias del poder a hacer de esto juego de trampa en la expresión viciosa del afiliado. Corrige este sistema el vicio ancestral del actual régimen electoral.

Hay 20.000.000 hombres y mujeres empadronados en condiciones de sufragar ¿Elijen ellos a los gobernantes del Estado? Puedo probarles que no. A esos gobernantes los eligieron en todo caso los 6.000.000 afiliados a los partidos políticos, y dentro de esos solamente el 30 por ciento voto en las internas partidarias.

A partir de ahora, desde el lema, marchan juntas las distintas expresiones del partido, navegan todas en el mismo barco y, si alguien tiene la ocurrencia de atentar contra la suerte del otro sublema- como  ha pasado en Santa Fe- naufraga el barco (Malaponte, DSCD, 8/11/90; Pág. 13).

Visión compartida por Alejandro Tizón, socialdemócrata vital en la votación^[14] para quien el sistema electoral “favorece el verticalismo y la cerrazón de los partidos políticos en donde un grupo de dirigentes tradicionales domina los candidatos porque maneja el aparato partidario” (DSCD, 8/11/90, Pág. 45). En vez de actuar como grandes electores, los partidos deben abrirse a ciudadanos respetados y soslayar la coyuntura para solucionar una crisis que los atañe como clase política.

El sistema amplia cualitativamente las posibilidades de la comunidad, permite que ciudadanos respetados sin aparato partidario, puedan participar de la vida política institucional a través de su candidatura, se fortalezcan y prestigien la vida de los partidos políticos coadyuvando a que sean verdades correas de transmisión entre el ciudadano y su gobierno.

No nos olvidemos que los partidos no son un fin en sí mismos. Aquí se está haciendo una defensa demasiado extrema de ellos. Pero son un medio para mejorar las instituciones (Tizón, DSCD, 8/11/91; Pág. 45).

Ninguno de los detractores del DVS negó transitar una crisis de representatividad, ni defendió al sistema electoral. El internismo no provenía de las instituciones sino de los vicios de la dirigencia, tales como la falta de debate interno y la excesiva preocupación por ambiciones personales. “Los factores del fracaso hay que buscarlos en los protagonistas y sus comportamientos antes que en las instituciones y las leyes” (Favario; DSCD; 8/11/90; Pág. 25)

Los vaivenes de la dirigencia, en función de la conveniencia interna, atentan contra el rol orientador que deberían tener los partidos y provocan el rechazo ciudadano. Se reconoce positiva la pluralidad interna, pero rechazan que sea representada. Esta debe confluir mediante el debate de ideas y reflejarse en un rol cohesionado en las instituciones. El DVS sería la solución para los que quieren hacer del partido un “paraguas para ambiciones personales” (Luna; DSCD; 8/11/90; Pág.37)

El bloque de senadores de mí partido que está integrado por tres expresiones distintas de su configuración interna, cuando votaron lo hicieron como partido, respondiendo a un mandato partidario. Esta es la manera; esta es la forma de preservar los partidos políticos y lograr una cierta homogeneidad de criterio e ideas.

Cuando leo a Yrigoyen, descubro que él no quería un partido, por eso le puso Unión Cívica, lo bautizo como movimiento. Así lo hizo Perón, que lo bautizo como movimiento porque englobaba a la sociedad íntegramente con sus matices. Y ahora vamos a terminar en sub-lemitas; vamos a terminar atomizando, creando dentro de un partido otros partidos (Harispe; DSCD; 8/11/90, Pág.27)

El problema de los sistemas democráticos en la sociedad, la sociedad que siente que no se la entiende, la sociedad que ingresa al cuarto oscuro con sus interrogantes, la sociedad que como hoy yo siente en esta encuesta y piensa que las estamos trampeando; que aquí somos casi un Ku Klux Klan que como nadie debe salir perdiendo nos repartimos los restos que quedan (Harispe; DSCD; 8/11/90, Pág.31).

Los opositores a la medida coincidían en que no debía haber representación proporcional intrapartidaria, en cambio habría que dar acceso a las minorías para que representen las opiniones por fuera de los partidos mayoritarios. El DVS avalará candidaturas fruto de ambiciones personales, pero la pluralidad de opiniones continuará sin representación efectiva.

En otra época problemas similares dieron nacimiento a los partidos mayoritarios, la Unión Cívica Radical nace para luchar contra el régimen tirano de la oligarquía y el peronismo para dar participación a la clase obrera, o sea que los partidos políticos existen para cumplir un rol fundamental en la historia (Agu; DSCD, 8/11/90, Pág.50)

Se dice generalmente que los candidatos que salen de las internas no son del agrado del de la sociedad ¿Qué interesa eso?

Por eso no mueren los partidos mientras que la sociedad buscará otros candidatos y otros partidos políticos que mejor la representen (Agu; DSCD, 8/11/90, Pág. 52)

Las elecciones continuaron siendo sumamente problemáticas para la dirigencia, que admitía el fracaso en términos de representatividad y se mostraba disconforme con los resultados. Había resultado electo gobernador un candidato que no había sido el más votado individualmente, sumado a la reedición de inconsistencias[15] en la gobernanza electoral (Torres, 2016). Se agravaron las tensiones y las acusaciones sobre prácticas distantes de la voluntad popular.

El sistema electoral fue nuevamente objeto de discusión y reforma en 2002, cuando Santa Fe tenía índices[16] muy superiores al promedio nacional de votos en blanco o anulados (Borello y Mutti, 2003). Si bien parte de ese rechazo a la política representativa provenía del cimbronazo acontecido en el ámbito nacional, se montaba sobre una crisis política que distaba de solucionarse.

El justicialista José Ugalde, autor y miembro informante del proyecto, comenzó su exposición con un racconto de las leyes electorales en la historia nacional. El DVS era presentado como primer intento, aunque fallido, de mejorar la relación entre el elector y el representante al acercarlos. Esa distancia persistía a causa del abuso de las posibilidades otorgadas por la ley por parte de los aparatos, que impedían al ciudadano común obtener un rol preponderante en la conformación de su representación.

Es nuestra responsabilidad- y aun mas del oficialismo- abordar la temática, discutirla, devolverle a la ciudadanía el poder real del mandato de representación; o sea, nada más ni nada menos que el voto.

Para que esto suceda, indudablemente, debería hacer una reflexión ¿Cuál es el sistema electoral ideal?; ¿Cuál es el sistema electoral que necesita el pueblo santafecino? Creo que lisa y llanamente es aquel que logre elegir y hacer ocupar los cargos a dirigentes probos, con capacidad, con honestidad, con capacidad no solo intelectual, sino capacidad  de trabajo. Y que el resultado electoral no sea simplemente una cuestión matemática o aritmética, que no sea una cuestión de sumatoria, porque si no, los resultados serian adversos” (Ugalde, DSCD, 28/11/91, Pág. 91).

  Consideró necesarias una serie de modificaciones en la ley, para evitar los abusos que impedían realizar su espíritu; con la expectativa de que “podamos dar con lo que aspiramos, que es una bocanada de aire, un respirar distinto en un momento de crisis profunda, porque considero que con este sistema no hemos sabido contener a la sociedad” (Ugalde, DSCD, 28/1/2002, Pág.94).

Los abusos consistían en la multiplicación de sublemas apócrifos, que no representaban líneas internas sino que se constituían solo para sumar votos al lema. El otro consistía en la conformación por parte de las alianzas de grandes lemas, donde cada partido tenía un sublema propio. Estas prácticas, propias de los aparatos políticos que no han sido desterrados, impedían al ciudadano apartdiario operar plenamente como elector al enfrentarlo con una oferta elaborada en función de la acumulación de votos.

Se aumentaron considerablemente los requisitos para constituir sublemas[17] y además se forzó a las alianzas a concurrir con una única nómina de candidatos[18]. Esto permitiría al ciudadano decidirse entre “opciones reales”, con la garantía de que el sentido de su voto no será violentado en el escrutinio.

En esta ocasión la totalidad de la oposición y un justicialista[19] discreparon sobre el diagnóstico de situación. Entendían que estos comportamientos deterioraban aún más la  situación, al mostrar a los dirigentes pendientes de sus preocupaciones electoralistas “las ciudades están invadidas por reclamos de comida y trabajo, aquí estamos los representantes del pueblo, discutiendo un proyecto que tiene clara finalidad electoral” (Favario, DSCD, 28/11/2002, Pág.94).

El proyecto era interpretado como un intento de favorecer la victoria oficialista. Los abusos eran vinculados a la oposición, cuando el propio justicialismo los llevaba adelante en mayor medida. Este presentó la mayor cantidad  de sublemas, faltos de cualquier identidad o programa común (Favario, DSCD, 28/11/2002, Pág.95). Denunciaron actos de violencia durante el cierre de listas, propios del internismo (D´Ambrossio, DSCD, 28/11/2002, Pág. 99). También conformó alianzas que desviaban el voto, con candidatos a intendente en diferentes listas acompañados por concejales de otros partidos (Tate, DSCD, 28/11/2002, Pág. 104; D´Ambrossio, DSCD, 28/11/2002, Pág. 99). A pesar de ello solo se modificaban aquellos aspectos que favorecían la competitividad opositora, excusándose en la crisis de representatividad de la que son participes.

No podemos seguir jugando con la gente, proponiéndoles estos parches infames a las mismas cosas que repudiaron ¡Estamos peleando por las astillas de algunas bancas! ¡Nos espera la soga, para colgarnos!

¡Está incendiado, no tenemos ninguna representatividad! ¡Ustedes saben el miedo que tienen cada vez que van a la calle! ¡Vamos a reconocerlo! (D´Ambrossio, DSCD, 28/11/2002, Pág.100)

Esto reavivó los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del DVS. Reclamo tratado la Corte Suprema, que negó el planteo del Partido Demócrata Progresista al considerar constitucionales tanto la ley original como la reformada.

 

La derogación de la ley de lemas

 

El proceso de reforma provocó una profunda deslegitimación del sistema electoral. Falto de apoyos extra partidarios, aparecía ante la oposición y la opinión pública como una fuga hacia adelante por parte de un oficialismo inflexible en sus ambiciones políticas. Esta situación se reflejó en la campaña electoral, con una elite política que reconocía su déficit representativo a la vez que apelaba a la participación ciudadana. Resultaba imposible transitar la campaña sin expedirse sobre la cuestión electoral, situación aprovechada por medios de comunicación, ONGs y universidades. Estos lograron que los principales candidatos a la gobernación firmasen una “carta de compromiso”, en la cual se reconocía la demanda de cambio del sistema electoral.

Los resultados de los comicios también contribuyeron a dicha deslegitimación, por tercera vez un candidato minoritario accedía a la gobernación[20]. Los votantes encontraron en el cuarto oscuro una oferta que se mostraba indomable, con 43.000 candidatos[21] compitiendo por 250 cargos. Resultaba evidente que la reforma había fracasado en erradicar los abusos identificados, y que la representatividad de los electos se encontraba sumamente erosionada.

En semejante contexto, Obeid declaró en la inauguración del período legislativo a la reforma política como principal objetivo de gobierno. Inició así un proceso signado por marchas y contramarchas (Lappas y Rulli, 2006) que reemplazaría al DVS por el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO); acompañado por sectores del PJ mientras otros se erigieron en sus detractores. Los conflictos dentro del partido llevaron a Obeid a tomar licencia como titular del mismo, y escalaron al punto de amenazar con convocar un plebiscito sobre el DVS. Durante ese período fueron presentados cuatro proyectos de reforma política[22], uno por el radicalismo y los demás de origen justicialista.

El tratamiento del proyecto del gobernador debió esperar hasta agosto para efectuarse, ya que los diputados justicialistas no habilitaron un tratamiento adelantado. Fue entonces Mario Lacava, miembro informante por la mayoría, quien defendió las PASO como mecanismo de selección de candidaturas a servicio de la ciudadanía. El DVS a causa del “uso y abuso que absolutamente todos los partidos políticos que esta provincia hemos hecho” (Lacava, DSCD, 19/8/2004, Pág. 23) devino en un sistema de internas partidarias, modalidad debía erradicarse en pos de un mayor protagonismo del elector en la conformación de su representación. El sistema alternativo responde al aprendizaje respecto de aquellas prácticas que desvirtuaron el DVS. Con las PASO será el ciudadano común quién efectivamente seleccione y elija a aquellos que considera mejores candidatos y gobernantes, sin una oferta electoral[23] acorde a la estrategia de los aparatos ni un escrutinio aplaste sus preferencias. Resulta evidente que la misma concepción de la representación dió origen al DVS y a las PASO, verificada en la utilización de los mismos argumentos.

“Esto ¿Qué repercusión política tiene en la vida institucional? Que la referencia electoral en la selección de los candidatos, señor presidente, ya no son las autoridades de los partidos, los padrones o los afiliados de los partidos, los llamados punteros de los partidos, sino que la referencia electoral es toda la ciudadanía que debe ir a votar en las primarias que se plantean (…)

Porque si la referencia electoral es la ciudadanía toda los partidos habrán de elegir a los mejores candidatos, que no solo le ganen al otro candidato de la primaria de ese partido sino que también le gane o aspire a ganar al candidato más votado de los otros partidos en las elecciones generales (Lacava, DSCD, 19/8/2004, Pág.23)

La disputa electoral no será más entre organizaciones políticas, sino entre dirigentes cuyas cualidades, representatividad o propuestas los acercan a la gente. En virtud de tal acercamiento la ciudadanía los consagra como candidatos, que luego competirán en la general que “viene a representar una segunda vuelta”[24] (Lacava, DSCD, 19/8/2004, Pág.26). La obligatoriedad[25] de la participación en la primaria aparece como garantía fundamental

Es que en las primarias partidarias no obligatorias ¡no votan los ciudadanos!, votan los afiliados que son motivados por los partidos. De modo que el que no tiene inserción en el partido, esta frito. Esta es la cuestión de las internas partidarias.

Si la interna es obligatoria, la cosa cambia, porque el peso del partido, del afiliado y los punteros cede ante la obligatoriedad y seguramente – o posiblemente- ante la concurrencia masiva de los ciudadanos (Lacava, DSCD, 19/8/2004, Pág.25)

En esta ocasión la oposición tuvo una participación significativa en la reforma del sistema electoral. Introdujo aportes durante reuniones previas, e incluso modificó el articulado en la votación en particular[26]. Si bien hubo acusaciones y chicanas[27], estas mostraban coincidencias de fondo con respecto a la representación deseada.

Aquí teníamos dos alternativas: establecer las internas cerradas, sin participación de la ciudadanía, o quedarnos en el sistema viejo de la Ley de Lemas. Los dos sistemas hubieran sido negativos para la reconstrucción de esa legitimidad que estamos planteando.

Por eso, creemos clara y profundamente en las internas abiertas que nos van a dar la posibilidad de involucrar a la ciudadanía en los actos y hechos públicos (Marcucci, DSCD, 19/8/2004, Pág.36)

Las primarias abiertas fueron reconocidas como la mejor alternativa para seleccionar candidatos, pero la obligatoriedad fue el aspecto más cuestionado del proyecto. Consideradas integralmente, las obligaciones que el Estado establecía fueron objeto de interpretaciones diversas. De todos modos, las PASO implicaban solo el inicio de lo que debería ser un proceso integral de reforma política. Debían aun abordarse temas como la eliminación el monopolio partidario sobre la presentación de candidaturas (Gutiérrez, DSCD, 19/8/2004, Pág.33), la eliminación del premio a la mayoría en diputados (Peralta, DSCD, 19/8/2004, Pág.52), la incorporación de formas de democracia semi directas (Marcucci, DSCD, 19/8/2004, Pág.35) y la necesidad de eliminar la boleta sábana (Lamberto, DSCD, 19/8/2004, Pág.27).

La oposición se negó a forzar la participación del ciudadano en la primaria, en virtud de distintos argumentos. Para Raúl Lamberto (DSCD; 19/8/2004; Pág.31), Gabriel Real (DSCD, 19/8/2004, Pág.49) y Mónica Peralta (DSCD, 19/8/2004, Pág.52)  la coerción y sanción no construyen ciudadanía alguna, e incluso pueden generar una “diáspora electoral”; solo una representación saneada podrá suscitar la participación electoral. En cambio los radicales Santiago Mascheroni (DSCD, 19/8/2004, Pág.41) y Hugo Marcucci (DSCD, 19/8/2004, Pág.35) descartaron que la obligatoriedad merme la influencia de los aparatos, que aprovechan la frágil situación social para violentar el proceso de formación de voluntad. En una provincia con 280.000 planes sociales el sufragio no expresaría una preferencia racional librada de determinantes sociales, sino el interés de perpetuar una relación social de dependencia.

En cuanto a la obligatoriedad para el afiliado, negada por el socialista Raúl Lamberto (DSCD, 19/8/2004, Pág.32) al considerarla propia de las viejas internas duras. Esta anula la igualdad en la competencia, porque cada partido parte de un piso de votos cautivos que incidirán en la general. En cambio, Mascheroni (DSCD, 19/8/2004, Pág.41) la apoya si también está establecida en la Carta Orgánica del partido al cual pertenece el afiliado.

Toda la oposición rechazó la obligatoriedad establecida para los partidos o alianzas[28]. Tal obligación consistiría en una intromisión en la vida partidaria, favorecería el internismo y las candidaturas no representativas.

Acorde fue advertido en la sesión, el proyecto encontró dificultades en la cámara alta. El justicialismo contaba con amplia mayoría[29], entre los cuales no había un núcleo de Obeidistas (Rulli y Lappas, 2006). Luego de dos meses de intrigas el dictamen de diputados fue utilizado por el senador Armando Terraferri, que valiéndose de la técnica legislativa, introdujo su proyecto mediante modificaciones[30]. Durante la votación también se incurrió en resquicios reglamentarios[31], con un resultado controversial en el cual 11 senadores se abstuvieron y solo 8 voluntades bastaron. Este fue objeto de impugnaciones en ambas cámaras, ninguna prosperó de modo que el texto fue remitido a diputados.

La sesión del 21 de Octubre encontró a los diputados unidos en defensa del proyecto original y de la noción de representación detrás. Todos destacaron la forma en la cual se había conducido la cámara con respeto al proyecto oficial. Se describían representantes que dejaban a un lado sus conflictos e intereses, y respondían a los reclamos ciudadanos que los interpelaban directamente. El resultado de la sesión y las intervenciones acontecidas eran un ejemplo inmejorable de cómo debía conducirse una dirigencia representativa.

Nosotros, el 19 de agosto- y creo que hoy también- votamos casi por unanimidad, 48 votos a cero, y terminamos con una discusión que había llevado 14 años sobre un sistema electoral, yo diría, absolutamente tramposo en Santa Fe. Y produjimos, con muchas charlas, con muchas discusiones, con muchas desconfianzas, con cosas que se decían en la prensa en todos los sentidos, reencontrándonos con la ciudadanía y con el pueblo de Santa Fe, una votación que fue feliz, que fue coherente, que constituyó una revalorización institucional para Santa Fe y que yo pensaba era definitiva.

Con eso, nosotros logramos, como Cámara de Diputados, como representantes del pueblo, salir de lo que a la luz de las últimas elecciones resultada un bochorno electoral para Santa Fe (Real, DSCD, 21/10/2004, Pág.78)

Opuesto a lo actuación del Senado, la cual remite a todo aquello que debiera dejarse atrás. Aquellos senadores ignoraron las preferencias de la ciudadanía, motivados por el beneficio que obtenían del sistema. Son acusados de someter el funcionamiento institucional de la legislatura a los vaivenes del propio internismo. Esta forma de conducirse políticamente, denota un total aislamiento de la clase política y causa los déficits de representatividad.

No entiendo cómo, ante la clara demanda de la inmensa mayoría de los santafecinos, se pueden pronunciar en este sentido desconociendo el clamor de la gente (…)

Esto de no escuchar a la gente distorsiona el sentido de la democracia, y cuando hay representantes del pueblo o de los departamentos que no escuchan el reclamo de la gente, nos coloca lejos de la democracia y más cerca de lo que Platón denominaba como unas de las degeneraciones del Estado perfecto, que era la timocracia, que es el gobierno de algunos nobles que solo aspiran a la fama.

Debe haber algún desorden ético que les impide distinguir entre el bien y el mal a los que pierden el sentido del bien común, que es la primer calidad que tenemos que tener los que hacemos política. El sentido del bien común es la primer calidad que tenemos que tener los que queremos dirigir (Pezz, DSCD, 21/10/2004, Pág.74)

Las discrepancias entre las mayorías de ambas cámaras con respecto al sistema electoral, fueron acompañadas por cuestionamientos de representatividad. Cada cual se arrogaba una mayor cercanía con respecto a la voluntad de su electorado.

 Pero me pareció importante, porque escuchaba hace un rato declaraciones que efectúo el senador Terraferri en la mañana de hoy a una radio de San Lorenzo, y posteriormente en la tarde de hoy a una radio de la ciudad de Santa Fe, donde dice: “ El senador es el representante legítimo. Los diputados van en la lista sabana, enganchados, y muchos son amigos de los candidatos a gobernadores. A otros se les paga con la candidatura por haber participado en el Ejecutivo durante la gestión anterior. En el interior no quieren un sistema electoral que los lleve a tener una elección en 180 días, no es cierto que todo el mundo quiera la derogación de la Ley de Lemas, como plantean algunos (Brignoni, DSCD, 21/10/2004, Pág. 77)

El senador se reconoce más representativo, ya que la cercanía al elector es condición necesaria para que lo elija. A diferencia del diputado, electo gracias a la lista cerrada y bloqueada que conduce al desconocimiento de la mayoría de sus integrantes; aprovechado por quien la confecciona para hacer elegir a aquellos que se propone.

Finalmente el senado, por no alcanzar las 13 voluntades necesarias para insistir, debió aprobar el proyecto de diputados durante una sesión extraordinaria convocada el 30 de noviembre.

 

Conclusión

 

El artículo buscó una aproximación historiográfica al DVS en Santa Fe. El consecuente análisis de fuentes revela que la ley en cuestión fue la primer respuesta, dentro de una batería de reformas electorales, elaboradas por la elite provincial para revertir una profunda crisis de representatividad. Esta consideraba aminorada su legitimidad a causa de un excesivo distanciamiento con respecto a la voluntad del ciudadano común, posibilitado por un sistema que dejaba la selección de candidatos en manos de las cúpulas partidarias.

 Consecuentemente se elaboró un nuevo ideario representativo, cuyo horizonte consistía en un estrecho acercamiento entre el candidato y el elector eliminando aquellas instancias institucionales pasibles de ser manipuladas por los aparatos políticos. Este nuevo paradigma representativo respalda las reformas electorales analizadas, entendidas como sucesivos intentos de ponerlo en práctica. Es decir que la erradicación del DVS no implicó un cambio profundo en la concepción de cómo debe conformarse una elite política efectivamente representativa, sino que las PASO representan una nueva apuesta para su puesta en práctica.

 

 

 

Bibliografía

 

Ajmechet, Sabrina y De Privitellio, Luciano (2016). “El sistema uninominal en la historia electoral argentina” en Estudios núm. 35 Universidad Nacional de Córdoba.

 

Borello, Raúl y Mutti, Gastón (2003). “La Ley de Lemas en la provincia de Santa Fe”  VI Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 5 al 8 de noviembre, Rosario, Argentina. Ponencia.

 

Botinelli, Oscar (1996). “Ley de Lemas y Doble Voto Simultáneo” Factum Reforma Política Publicado en radio El Espectador- programa En Perspectiva- espacio La Opinión Pública.

 

Buquet, Daniel (2003). “El doble voto simultáneo” en Revista Sociedad Argentina de Análisis Político Vol. 1 Núm. 2

 

Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005). “La Nueva Política de Partidos en la Argentina: Crisis Política, Realineamientos Partidarios y Reforma Electoral”. Buenos Aires: Prometeo.

 

De Riz, Liliana (1992). “El debate sobre la reforma electoral en la Argentina”. Desarrollo Económico, vol. 32,  Núm. 126.

 

Galván, Facundo Gabriel (2009). “¡Vamos por afuera!”. Un análisis de los factores que favorecieron las disidencias electorales en el peronismo (1983-2007). Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Ciudad de Santa Fe.

 

Mutti, Gastón (2012). “Terceras Fuerzas no tradicionales en las elecciones provinciales de la Provincia de Santa Fe en 2011. El impacto de los sistemas electorales”. XXII World Congress of Political Science, Madrid.

 

Panozzo, Mabel (2001). “Ley de Lemas, Partidos Políticos y Gobernabilidad”, en el V Congreso Nacional de Ciencia Política.

Persello, Ana Virginia y De Privitellio, Luciano (2009). “La reforma y las reformas: la cuestión electoral en el Congreso (1912-1930)”. En Conflictos en Democracia, la vida política argentina entre dos siglos 1852-1943. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

 

Petracca, Alberto (1991). “Ley de Lemas y Democracia Representativa”. Colección conjunta de UNR editora y Secretaría de Extensión Universitaria.

 

Puig de Stubrin, Lilia (1997). “Cambio de cuadro en el escenario político santafecino de cara a las elecciones de 1997”. Revista escenarios año 1, Núm. 2- primavera de 1997

 

Reynoso, Diego (2004). “Las Desventajas del Doble Voto Simultáneo. Argentina en perspectiva comparada” en Perfiles Latinoamericanos 24.

 

Rosanvallon, Pierre (2007). “La consagración del ciudadano: Historia del sufragio universal en Francia”. México, Instituto Mora.

 

Rulli, Mariana y Centeno Lappas, Federico (2006). “Procesos de reforma política: la derogación de la Ley de Lemas en Santa Fe”. Temas y Debates Núm. 12 Diciembre 2006.

 

Ternavasio, Marcela (2001). “La Revolución del Voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852”. 1° edición Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

 

Toppi, Hernán Pablo (2015). “Poder de agenda, contexto y cambio institucional como proceso en Argentina: los casos de la Ley de Cuotas de Género y la Ley de Lemas”. Miríada Año 7 Núm. 11

 

Torres, Aníbal Germán (2016). “Instituciones de gobernanza electoral en Argentina. Reformas políticas y fronteras móviles en el Estado multinivel (1983-2013)”. Tesis de Maestría en Análisis, Gestión y Derecho Electoral, Universidad Nacional de San Martín.

Tula, María Inés (1997). “Ley de Lemas, elecciones y estrategias partidarias en los sistemas políticos provinciales: los casos de La Rioja, Santa Fe y Santa Cruz” en Boletín  de la  Sociedad Argentina de Análisis Político, Año 3 Núm. 5

 

Fuentes

 

Constitución Provincial (1962)

 

Diario de Sesiones Honorable Cámara de Diputados de Santa Fe (DSCD)

 

Reviglio, Víctor (2001). “Cuando propuse la ley muchos de rieron”. El litoral on line, Política, Santa Fe, 9 de septiembre.

 

Figueroa Ana María (9 de noviembre de 1990). “Los vericuetos de la ley de lemas y sus diversas visiones”. La capital