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El presente estudio se propone analizar una serie de elementos del sistema político argentino (los recursos institucionales del Poder Ejecutivo Nacional, las transformaciones en la estructura de la competencia política acaecidas con la pérdida de la función representativa de los partidos políticos, el liderazgo carismático de Néstor Kirchner (la tradición político-cultural del partido justicialista), junto con algunos procesos contemporáneos importantes como la crisis económica internacional y especialmente la crisis del modelo de Estado neoliberal, que fueron explotados por Néstor Kirchner durante su gestión presidencial para ensanchar su base de apoyo político, hacer frente con ello al problema del escaso porcentaje de legitimidad democrática con que asumió su mandato, y dar origen a una nueva corriente política que se convierte en hegemónica al interior del partido justicialista.

This study aims to analyze several components of argentine political system (institutional resources of Executive power, structural changes in political competition after political parties’ loss of power, charismatic leadership of Nestor Kirchner (political and cultural tradition of Justicialista Party) besides some contemporary political processes such as international economic crisis, specially the crisis of the neoliberal state, which were fully exploited by Nestor Kirchner under his presidential term in order to expand his supportive basis, face the problem caused by the extremely low legitimacy in the origins of his presidency and give birth to a new political current of opinion which became hegemonic within the ‘Justicialista’ party.

Legitimidad democrática y representación política en la Argentina del nuevo siglo: los orígenes del kirchnerismo y el liderazgo presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007).

Este trabajo puede ser un valioso aporte para hacer inteligible un período histórico que por su cercanía temporal y las disputas ideológico-políticas que existen en la actualidad en torno suyo oscurecen su comprensión. Asimismo, puede resultar altamente pertinente para posteriores estudios comparativos que revelen similitudes y diferencias entre las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de evaluar continuidades y cambios estructurales al interior del kirchnerismo como corriente política actualmente hegemónica en el partido justicialista (objetivos que desbordan los límites del presente trabajo). En este sentido, el contexto nacional e internacional en todas sus dimensiones y las características organizacionales y compromisos políticos, sociales, económicos y culturales que en sus orígenes anuda el kirchnerismo con los distintos actores relevantes en el sistema político argentino son vitales a posteriori para comprender las posibilidades y límites de las sucesivas presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Cabe agregar que estas características organizacionales y estos compromisos anudados no se producen en una "hoja en blanco", sino que se encuentran condicionados por la tradición político-cultural del partido justicialista, de imprescindible referencia para esclarecer el fenómeno.

El cambio de siglo trae consigo importantes novedades para el sistema político argentino; en este sentido, cabe puntualizar una fecha que marca un antes y un después en su estructura y funcionamiento. Hacemos referencia a la crisis del 2001 y la salida anticipada de Fernando De la Rúa de la presidencia de la Nación tras dos años de mandato, junto con los episodios de violencia social ocurridos hasta la elección de Eduardo Duhalde como presidente interino por parte del Congreso de la Nación, que reflejan una crisis del consenso ideológico neoliberal respecto al rol del Estado en la sociedad y en la economía, e inauguran una nueva etapa en la teoría y práctica de la representación política: en este sentido, se puede hablar con Bernard Manin de una "metamorfosis" de la representación política, reflejada en los reclamos populares del "que se vayan todos", que expresa la pérdida de la función representativa y de agregación, articulación y expresión de los intereses de sus electores que han tenido históricamente los partidos y por la cual han sido siempre legitimados como organizadores del gobierno democrático. Esto sucede también porque el voto ha dejado de organizarse a partir de identidades sociales colectivas permanentes: la sociedad individualista neoliberal arrasó durante la década del 90 con esas identidades, las cuales se volvieron múltiples y complejas, difíciles de organizar alrededor de ejes temáticos estables, todo lo cual tiene como consecuencia una elevada volatilidad del voto del electorado en los comicios. Los partidos dejaron de funcionar como instancias articuladoras de las demandas de grupos sociales específicos, e incluso en un intento de adaptarse a esta nueva situación que estructura nuevos patrones de competencia política, retroalimentan el proceso de pérdida de su función representativa al elaborar discursos que pretenden alcanzar el voto de sectores más amplios de la población, con la contrapartida de entablar vínculos más frágiles e inestables que antes.

En este panorama, la otra función clásica que se le reconoce a los partidos políticos se puede agrupar en las funciones institucionales o procedimentales, que incluyen el reclutamiento del liderazgo político y la organización y el ejercicio del gobierno democrático. Es esta función la que permanece intacta: el votante deja de aspirar a ser representado por los candidatos a quienes vota, pero en cambio exige un gobierno que sea eficiente en la solución de sus problemas. Esto provoca importantes consecuencias en la estructuración de la competencia política y en las características organizacionales de los partidos políticos (consecuencias que se desarrollarán en otra parte del trabajo); sin embargo, y adentrándonos en el problema central de este estudio, en 2003 inclusive la función procedimental se vio cuestionada por el escaso porcentaje de legitimidad democrática con el que el presidente Néstor Kirchner asumió su mandato, lo cual condicionó fuertemente su gestión al hacer imprescindible la tarea de ensanchar su base de apoyo político.

¿Qué elementos del sistema político argentino y de los procesos políticos contemporáneos son explotados por Néstor Kirchner durante su mandato presidencial para superar su escaso porcentaje de legitimidad democrática en las elecciones de 2003, y a la larga le permitieron conformar una nueva corriente política hegemónica en el seno del partido justicialista? A partir de esta cuestión, se llegará a la siguiente hipótesis:

“Durante el período presidencial 2003-2007, Néstor Kirchner explotó ciertos elementos presentes en el sistema político argentino junto con algunos pertenecientes a distintos procesos políticos contemporáneos que le permitirían conformar su base de apoyo político y consolidar una nueva corriente política hegemónica al interior del partido justicialista”.

El contexto histórico del fenómeno que estamos intentando dar cuenta se encuentra marcado (a los fines analíticos del presente trabajo) por los procesos de crisis y metamorfosis de la representación política; la crisis económica internacional y del consenso ideológico neoliberal (principalmente respecto al rol del Estado en la sociedad y en la economía); la crisis de 2001 en Argentina, que desató inusitados grados de violencia a todo nivel y deterioró profundamente las instituciones de su sistema político. Sin dudas, el origen del kirchnerismo como corriente política hegemónica al interior del partido justicialista se encuentra surcado por crisis en múltiples dimensiones. El presente estudio se acopla a una idea muy difundida en la ciencia política respecto a los contextos de crisis, y es que éstos, a pesar de imponer ciertos límites, también implican posibilidades de actualizar alternativas estructurales que se encuentran en potencia, lo cual genera algo nuevo, innovan, en el sistema político.

El trabajo de Bernard Manin "Los principios del sistema representativo" abre una vía de debate teórico respecto al tema de la crisis y metamorfosis de la representación política en el nuevo siglo. Existen ciertos apuntes respecto a representación política y organización partidaria en la Argentina posterior al 2000; en esta línea podemos destacar a Inés Pousadela, Juan Carlos Torre, y Gerardo Scherlis, entre otros autores. La novedad (y riqueza) del presente estudio radica en utilizar tales herramientas conceptuales para analizar específicamente un caso acotado en tiempo y espacio: el kirchnerismo en el período de su origen como corriente política hegemónica en el seno del partido justicialista (2003-2007). Además se pueden sumar algunos trabajos como los de Leiras y Bosoer, Mustapic, Baldioli, que ofrecen elementos teóricos para caracterizar los recursos institucionales del Poder Ejecutivo Nacional, la tradición político-cultural del justicialismo en la que se entronca el kirchnerismo, y reflexionar respecto a la crisis del modelo de Estado neoliberal durante el período histórico a considerar.

Cualquier estudio de investigación (incluido éste) que pretenda comprender los procesos históricos contemporáneos debe, si desea realizar un aporte comprometido con los valores del objetivismo y profesionalismo académicos, partir de una premisa, a saber: que desde el último cuarto del siglo XX hasta nuestros días, todas las dimensiones de la vida humana se encuentran marcadas por el fenómeno de la globalización. Esto implica, siguiendo a Norbert Lechner, un nuevo contexto mundial configurado por un conjunto de megatendencias, de las cuales aquí interesa destacar la nueva complejidad social, y más específicamente, la gran magnitud y sobre todo el incremento de la rapidez y velocidad de los cambios en las sociedades humanas. En tal estado de cosas, para Lechner "continuamente se vienen abajo las interpretaciones que tan esforzadamente elaboramos, al punto en que finalmente ya no sabemos qué es lo que en realidad vivimos (...). Los cambios no dan tiempo a que se consolide algo duradero. En suma, reina la incertidumbre (...), un clima o ambiente indeterminado en que nada es previsible y, por lo mismo, cualquier cambio causa alarma".[ii]

El ascenso del kirchnerismo como fuerza política predominante en el seno del partido justicialista y la sucesión de los hechos en la historia política Argentina del nuevo siglo no escapa a la anterior descripción. Más allá de que este estudio goza de los beneficios de una mirada en retrospectiva, y tomando distancia de los acalorados debates ideológico-políticos de hoy día, es justo reconocer que en un corto periodo de tiempo un líder presidencial relativamente desconocido para la escena de la política nacional logró conformar una corriente hegemónica al interior de uno de los dos "grandes" partidos, modificando de tal suerte las relaciones de poder hasta entonces existentes, configuradas durante la década del 90 por el proyecto hegemónico neoliberal. Y lo hizo partiendo desde una posición de clara debilidad: condicionado a la vez por su escasa legitimidad de origen como porque su lugar en el partido que auspiciaba su candidatura a la primera magistratura no era para nada descollante; más bien todo lo contrario, al apoyarla, el presidente interino Eduardo Duhalde pretendía mejorar su posición de "hombre fuerte" en la conducción tanto de la organización del aparato partidario peronista como de las decisiones políticas nacionales, en su disputa con el ex-presidente Carlos Menem. No es para menos entonces preguntarse: ¿Cómo lo hizo? Es éste el interrogante que de alguna manera guía el presente trabajo; más en general, se trata de la tarea de la ciencia política y de las ciencias sociales como disciplinas que aspiren a dar luz a los significados de los procesos históricos contemporáneos, que procuren desentrañar el sentido de la realidad en sus múltiples dimensiones; todo ello en un contexto de creciente complejidad del entramado de las sociedades humanas. En definitiva, se vuelve imprescindible dar ciertas certidumbres a la imprevisibilidad e indeterminación de los fenómenos que acaecen en nuestros tiempos, no sólo para comprender el pasado o lo que acontece en el presente, sino también para poner en evidencia los límites y las posibilidades de cara al futuro.

De esta manera, se torna evidente la necesidad de caracterizar en orden cronológico el desarrollo de los acontecimientos históricos previos al 2003, año en que la historiografía marca como el punto de partida de la aventura kirchnerista; en tal sentido, se desea indagar las circunstancias en que Néstor Kirchner asume la presidencia, y luego sí proceder a desagregar los elementos del sistema político de los que se valió aquél para superar su posición de debilidad en la escena política nacional. Esta modalidad de análisis sobre el trasfondo del periodo previo tiene la ventaja de dejar al descubierto simultáneamente los cambios y continuidades que registre el fenómeno que se está considerando.

Para encontrarse en condiciones de afrontar el problema que nos hemos planteado, es inevitable hacer un poco de historia y remontarse al periodo inmediatamente anterior al cambio de siglo; en otras palabras, es necesario retomar la década del 90 en Argentina y el auge o hegemonía del paradigma neoliberal.

En líneas generales, y siguiendo a Carolina Lebermann, "el neoliberalismo se caracteriza por:

v Control de la inflación como principal objetivo, a costa del aumento exponencial de la deuda pública (Convertibilidad en el caso argentino).

v Visión negativa de la política, de la acción colectiva, y de la juventud. Individualismo."[iii]

Y en seguida la misma autora nos brinda un panorama histórico resumido de la implementación del consenso ideológico neoliberal en la Argentina de los 90: "Carlos Menem asumió el gobierno en julio de 1989, seis meses antes de lo que hubiera correspondido, dada la situación de conmoción social y de crisis económica que se vivía en el país. Las primeras dos leyes que sanciona, sin oposición del Congreso, son la Ley de Emergencia Administrativa (o de Reforma del Estado) y la Ley de Emergencia Económica. Predicando una supuesta lentitud del Congreso, el presidente comienza con una práctica que va a ser predominante a lo largo de toda la década: los Decretos de Necesidad y Urgencia. Es a través de esta herramienta que se va a llevar a cabo el proceso de liberalización, imprimiéndole sus principales características: la celeridad e improvisación con que se realizó". Luego veremos este punto más detalladamente, el cual muchos autores han estudiado bajo el nombre de un estilo de gobierno o liderazgo decisionista, aunque otros lo han conceptualizado como una estrategia "decretista".

En sintonía con la hegemonía neoliberal, "Menem lanzó un programa de ajuste inédito en la Argentina. Uno de los pilares fundamentales del programa fue el vasto plan de privatizaciones de las empresas estatales de servicios. Asumiendo el diagnóstico liberal-conservador de la ineficiencia estatal, las privatizaciones se realizaron con inusitada rapidez, fuertemente marcadas por la necesidad urgente de “caja” que tenía el Estado. La ley de Reforma del Estado incluía una nómina de más de 20 empresas “sujetas a privatización”. Las primeras en venderse fueron Aerolíneas Argentinas y ENTEL, por su atractivo para inversores extranjeros. En 1992 se completó el grueso de las privatizaciones, con la electricidad, el gas, obras sanitarias, y los principales ramales ferroviarios. En menos de cinco años se privatizaron casi 100 empresas públicas. (...) muestra que “lo importante era la rapidez y el dinamismo que había que imprimirle al proceso privatizador, más allá de cualquier forma legal o institucional. Con ello se cuestionaba y degradaba una vez más el papel del Parlamento -sede natural de las discrepancias- como instancia deliberativa legítima, marcando así un estilo de gestión y un tipo de política refractarios al debate público.”

Y continúa con que "las privatizaciones implicaron todo un cambio en el concepto de “servicio público”, y apuntaron claramente a una mercantilización de los mismos. Se consideraba que el mercado era el asignador de recursos más eficiente, dejando así desprotegidos a grandes y crecientes sectores de la población".

Más adelante, Lebermann describe con mayor precisión las políticas públicas adoptadas por la administración Menemista, comenzando porque "las políticas sociales del período neoliberal (...) tienen tres características básicas. La primera de ellas es la privatización, es decir, la introducción o el incremento de aranceles en los servicios básicos, mercantilizándolos e incorporando un criterio de comercio en los mismos. En Argentina, por ejemplo, el sistema previsional fue parcialmente privatizado en 1993. La segunda característica es la focalización de las políticas: se remplaza la acción estatal universal por programas sociales asistenciales dirigidos a un grupo específico de la población (los sectores de pobreza extrema), para así, con un mínimo de recursos, paliar las graves consecuencias del modelo económico. Es un mecanismo compensatorio, (...) cumple una función “bomberil”, es decir que actúa sobre situaciones límite para evitar tensiones fuertes. La asistencia se concibe como transicional; se supone que, tras una etapa inicial, el equilibrio producirá crecimiento económico y nuevos puestos de empleo. Su financiamiento proviene por lo general de fondos externos, como donaciones o créditos muy blandos. La tercera y última característica de las políticas sociales neoliberales es su descentralización: se intenta que sean implementadas por agencias gubernamentales de menor nivel, como provincias o municipios; o directamente por Organizaciones No Gubernamentales. Esto generó muchos problemas de implementación, ya que los municipios no cuentan con la estructura necesaria (en términos de recursos organizativos, administrativos, humanos y materiales) para llevar adelante las políticas".

Es por todo lo anterior que afirma que en los 90, se puede hablar de "(...) una ciudadanía “desprotegida”, que vive “inseguridad”".

Para la autora, "otro de los pilares del proceso fue el Plan de Convertibilidad, de abril de 1991, que consistía en fijar por ley la tasa de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense, y en el compromiso del Estado de que toda la moneda circulante esté respaldada con las reservas en divisas del Banco Central. Con este plan se logró reducir drásticamente la inflación y estabilizar la economía. Más con este compromiso, la economía del país se hacía altamente dependiente de la afluencia de capitales extranjeros, y terminó acrecentando la deuda externa. Además, el Estado perdía autonomía para manipular variables monetarias.

Esto está sumamente relacionado con la independencia del Banco Central, establecida en 1992 por Cavallo. La nueva Carta Orgánica puso como único objetivo del BCRA asegurar el valor de la moneda, alterando su objetivo originario: asegurar el desarrollo económico con altos niveles de empleo. Como plantea Emir Sader, “autonomizar el Banco Central y la política monetaria es la expresión institucional y política de la hegemonía que el capital financiero asume en el neoliberalismo. El capital financiero bajo su forma especulativa, esto es, no como financiador del desenvolvimiento económico, del consumo y de la investigación, sino esencialmente de la compra de papeles de la deuda pública y de la compra y venta de títulos en la bolsa de valores. Un capital parasitario, que no crea bienes, ni empleos, apenas transfiere capital, acentuando su concentración”".

En consecuencia, "la independencia del Banco Central fue uno de los principales canales por donde el FMI y el Banco Mundial tuvieron injerencia en la política interna argentina, y de los demás países de América Latina. Sin mencionar la deuda externa, cuyas continuas renegociaciones implicaron fuertes condicionamientos a la política interna argentina (y del resto de los países tercermundistas). El ingreso al Plan Brady en 1992, para refinanciar la deuda, implicó una serie de acuerdos sobre las políticas públicas con el FMI, el BM y el BID, que limitaban severamente la soberanía nacional. El gobierno menemista redujo los impuestos sobre las importaciones, se desregularon variadas actividades económicas, y se eliminaron restricciones a las inversiones externas. Todas estas medidas fueron señales claras para la comunidad internacional en el sentido de incentivar las inversiones extranjeras, asegurando la adhesión argentina a las reglas del mercado mundial.

Esta concepción de reducir el papel del Estado, que se venía gestando (...) vino acompañada de una fuerte reducción de la planta de empleados estatales. (...) Los organismos de salud y educación se descentralizaron a las provincias, y se disolvieron o reestructuraron muchos organismos".

Lebermann también plantea que, "para poder llevar todas estas reformas, Menem necesitaba una Corte Suprema sumisa. Con mayoría en ambas cámaras, no le fue difícil que se apruebe su proyecto de ampliar la Corte de 5 a 9 miembros. Dos de los ministros renunciaron, y el presidente, con acuerdo del Senado, designó a los 6 miembros faltantes. Por otra parte, Menem también remplazó -por primera vez en la historia argentina, mediante un decreto y sin acuerdo del Senado- al procurador general de la Corte.

Según su argumento, "hubo dos factores que fortalecieron el poder presidencial en esta etapa. Uno es el hecho de que el Partido Justicialista contara con mayorías en el Congreso, la Corte Suprema, y los órganos de fiscalización, y con numerosas Gobernaciones e Intendencias; y el segundo factor fue la emergencia económica, que a los ojos de la opinión pública amerita una acción rápida y eficaz. Siguiendo el desarrollo de Bosoer y Leiras, podemos definir al liderazgo menemista como decisionista. “En el plano jurídico opondrá la excepción a la norma, la decisión personal a la normatividad impersonal, la competencia (¿cómo se decide y quién decide?) al contenido sustancial (¿qué se decide?). En el plano político opondrá la soberanía del Estado al poder difuso y disolvente representado por la sociedad; el Estado asociado con la guerra y la política a la moralidad burguesa, la economía y la tecnología; la dictadura presidencial a la democracia parlamentaria. En el plano filosófico, finalmente, la decisión política a la discusión pública y crítica” (...)".

Y agrega que "el rol de los medios de comunicación en toda esta etapa fue clave", (...) ya que "Menem hablaba continuamente de una vieja y una nueva política. Se constituyó simbólicamente como “caudillo salvador”, con una relación directa con las masas, “no sólo a través de la propaganda televisiva sino de caravanas en las que recorrió las principales ciudades del país (…).Las caravanas le permitieron además focalizar el vínculo con sus adherentes en torno a su persona y reducir al mínimo el rol de la organización y la presencia partidaria”.

En última instancia, la autora se pregunta por las consecuencias de las políticas neoliberales implementadas en los años 90; en tal sentido, Lebermann apunta que "el estado quedó reducido básicamente a las funciones de administración de justicia, defensa de la propiedad privada, relaciones exteriores, cobro de impuestos y emisión de moneda. Las consecuencias sociales fueron evidentes: la tasa de pobreza era de un 25,9% en 1998, ascendiendo a un 38,3% en 2001; la de desempleo era de 18,3% en 2001 y llegó a 21,5% en 2002. La precarización, la desigualdad creciente y desarticulación de los colectivos fueron los resultados más visibles". Este balance lo confirma Alejandro Rossi, puntualizando que "como datos negativos pueden verse un fuerte crecimiento del índice de desocupación que en el mes de Octubre de 1.999 alcanzó al 13,8% de la Población Económicamente Activa (produciéndose un pico de desempleo en Mayo de 1995 de un 18,6% de la PEA) y un empeoramiento en la distribución del ingreso, acompañado todo esto de una creciente dependencia frente a la afluencia de capitales externos"[iv].

Éstas son las condiciones en las que asumirá la presidencia Fernando De la Rúa.

Nos detendremos aquí, en orden a mantener un compromiso con la parsimonia teórica. La bibliografía respecto a la profundización del modelo neoliberal en la Argentina de los 90 es sumamente más rica y detallada que las breves referencias que se presentaron previamente. Sin embargo, de las anteriores consideraciones históricas cabe destacar ciertas "dimensiones" que resultarán relevantes para más tarde dar respuestas al problema fundamental de este estudio, es decir, cómo hizo Néstor Kirchner, partiendo de una posición de clara debilidad, para superar su escaso porcentaje de legitimidad democrática en las urnas y conformar una corriente hegemónica al interior del partido justicialista. Como se anticipaba, esta táctica analítica tendrá a posteriori la virtud de revelar los elementos innovadores y también los que persisten durante la primera presidencia kirchnerista. En esa línea, se distinguen 4 dimensiones:

Cierta literatura de la Ciencia Política ha estudiado lo que se conoce como la "metamorfosis de la representación política". El precursor de esta línea de análisis ha sido Bernard Manin, quien realiza un diagnóstico de lo cambios en la representación política acaecidos con las transformaciones del proceso de globalización[v]. Manin destaca ciertas tendencias actuales: la inestabilidad electoral y el aumento importante del número de votantes flotantes (votantes sin una identificación partidaria definida) producto de la desarticulación de los colectivos sociales que hacía que votaran a los partidos porque expresaban su identidad social, definida ésta por consideraciones socio-económicas; la personalización de la política, es decir, la elección de candidatos/personas más que de un partido o un programa políticos, lo cual implica que las organizaciones partidarias se vuelven instrumentos al servicio de sus líderes, proveyéndoles recursos financieros, redes de contactos e influencia, etcétera; esta personalización del vínculo entre los representantes y los electores a su vez Manin la explica por dos causas; por un lado, el desarrollo de los medios de comunicación de masas, que refuerza la imagen e individualidad de los candidatos, e implica una comunicación directa con las circunscripciones sin mediar el aparato del partido (y de ello deriva el hecho de un cambio en el tipo de élites de gobierno, apareciendo una nueva élite, los expertos en medios de comunicación), estableciéndose un vínculo contingente; y por otro lado, las nuevas condiciones de ejercicio del poder, caracterizadas por la creciente interdependencia económica que vuelve mas compleja la toma de decisiones gubernamentales (al implicar múltiples actores) e impredecible los problemas de gobierno, y es por ello que los políticos no pueden comprometerse a ejecutar programas detallados, sino más bien lo que hacen es presentar sus cualidades y aptitudes personales para tomar buenas decisiones. Todas estas tendencias tendrían importantes consecuencias en los partidos como agentes privilegiados del proceso político en las democracias contemporáneas.

En este sentido, tomaremos como referencia a Peter Mair, quien de alguna manera continúa el desarrollo de Manin, al preguntarse por el lugar de los partidos en las democracias actuales, lo cual nos servirá para ver el grado en que este proceso de metamorfosis de la representación política afectó al partido justicialista[vi]. Para este autor, existe en la actualidad una crisis de los partidos; esto estaría relacionado con cambios en las funciones que históricamente desempeñaron, y también en sus identidades. Como dice Gerardo Scherlis, "los partidos políticos han sido tradicionalmente considerados como agentes de agregación y representación de intereses sociales"[vii]. Pero para Peter Mair "por un montón de razones (...) los partidos han visto empobrecida su función representativa". Esas razones se encuentran estrechamente relacionadas con ciertos cambios tanto en la organización interna de los partidos políticos como en la sociedad. En esta línea, Scherlis plantea que "el voto ha dejado hace tiempo de organizarse a partir de identidades sociales colectivas permanentes. Estas se han tornado múltiples y complejas, improbables de subsumir y organizar políticamente alrededor de ejes discursivos y organizativos estables. (...) Los alineamientos electorales se han tornado más difusos y contingentes, y (...) los partidos han dejado de obrar como articuladores de las demandas de grupos sociales específicos. Los propios partidos acentuaron este proceso en un intento de adaptación que implico asumir como inevitable la pérdida de lazos fuertes y perdurables con sectores específicos de la sociedad, a cambio de vínculos mas frágiles e inestables pero que pudieran eventualmente alcanzar a sectores más amplios, de modo tal de alcanzar mayorías electorales". Además, a consecuencia de los cambios que antes describía Scherlis, lo que se ha observado es un "desplazamiento gradual de los partidos que de ser parte integrante de la sociedad pasan a ser parte integrante del Estado" según Mair; esto es así porque, para este autor, la merma de los afiliados y del nivel de activismo y militancia han reducido los recursos organizativos de los partidos, y ahora su supervivencia, "en la medida en que el partido deja de ser un agente de representación social (...) reside en su capacidad de acceder al gobierno y gobernar". O sea, su principal interés seria ganar las elecciones para acceder a los cargos insertos en la estructura institucional del Estado y así obtener recursos (financieros, pero también leyes que les proveen privilegios como agentes del proceso democrático) para mantenerse con vida. Asimismo, esto genera cambios en la estructura de la competencia político-partidaria: siguiendo a Scherlis, "al momento de decidir su voto, el elector tiende hoy menos a considerar cual es el partido afín a su visión del mundo y mas -recordemos que no se vota un representante sino un gobernante- a plantear un juicio respecto al gobierno (...)". Y a su vez, esto tiene consecuencias en las identidades partidarias, que según Mair sufren un "ofuscamiento": "la identidad ideológica o programática va siendo siempre mas desenfocada, (...) fenómeno que deriva en parte de la erosión manifiesta de sus diversos perfiles electorales. Los partidos se distribuyen siempre mas los votos entre ellos y con el declinar progresivo de las lealtades ahora tienden a dirigir tranquilamente sus apelativos a los antagonistas de hace tiempo. El resultado es que la idea de la política como conflicto social en el cual los partidos eran vistos como los representantes de intereses de fuerzas políticas opuestas es siempre menos relevante, y todos los electores son potencialmente abiertos a todos los partidos (...), la noción de la política como conflicto ideológico (...) se fue desvaneciendo. (...) los contrastes de fondo de la política son siempre más difíciles de individualizar. (...) la individualidad organizativa se fue desenfocando cada vez mas".

Durante la década del 90, en alguna medida estos cambios afectaron a la máquina partidaria del justicialismo. Bosoer y Leiras dicen que "una primera línea de investigación puso el acento en caracterizar las nuevas modalidades de representación a partir del concepto de neopopulismo"[viii]. Ésta línea destaca tres rasgos novedosos en la tradición política de los populismos en Latinoamérica. Primero, la transgresión programática: "el proceso de privatización de servicios en manos del sector público, y la búsqueda de distintos mecanismos de desregulación de las relaciones sociales, como la flexibilización laboral, se planteaban como una ruptura con las políticas tradicionales del peronismo, para las cuales el Estado se constituía como un actor central en el proceso de producción de bienes y servicios y ejercía, además, una suerte de tutelaje social a fin de garantizar el ejercicio de los derechos sindicales". Segundo, la carencia de un discurso político movilizador: "no habría aquí una de definición, a diferencia de lo que ocurría con el peronismo histórico, de un antagonismo irreductible entre enemigos políticos, ni el trazado de una divisoria de aguas nítida respecto de un sector social ("la oligarquía") o ideológico ("la derecha" o "el marxismo"). (...) el líder cumpliría aquí el papel de figura política protectora, como un personaje sin aristas ideológicas definidas, que evita el conflicto con sus interlocutores y se coloca por encima de la clase dirigente y sus alineamientos". Y tercero, la constitución de alianzas guiadas por el pragmatismo, que en Argentina dio lugar a la convergencia entre el justicialismo y el liberalismo conservador, plasmada en el Menemismo: "los bloques políticos más previsibles abrieron el camino hacia el gobierno a estas alianzas de nuevo cuño y generaron correlativos realineamientos en las fuerzas opositoras".

Carlos Acuña también aporta información que refuerza estas apreciaciones; este autor nota "(...) la participación en el entorno de asesores de Menem de allegados sin una mayor militancia en el peronismo, y con fuertes lazos con grupos empresariales, que constituyen un polo de influencia sobre Menem con mayor "flexibilidad" ideológica que los cuadros formales en la militancia partidaria o sindical"[ix]. Más adelante agrega que "la decidida implementación de políticas neoliberales implicó redefiniciones intra e interpartidistas. Con respecto al ya citado acercamiento entre el Ejecutivo peronista y el principal partido de la derecha liberal (Ucedé), las consecuencias han sido, (a) un importante corrimiento de la base electoral de la Ucedé hacia el apoyo de las políticas menemistas, (b) la concreción de la alianza entre la Ucedé y el peronismo en algunos distritos (...) y (c) la incorporación de importantes cuadros de este partido en funciones ligadas al Ejecutivo nacional (...)". Además precisa que "el Ejecutivo ha mostrado alto "pragmatismo" al no dudar en incorporar candidatos extrapartidarios o sin militancia previa (...) que, en algunos distritos, son más confiables que la propia dirigencia peronista en términos de sus probabilidades electorales y disposición a apoyar tanto a nivel del Congreso como de las provincias la dirección económica que se impulsa. (...) la conjunción de (...) las políticas menemistas están teniendo un acelerado efecto de "vaciamiento" de la ideología y doctrina". Y concluye con que "(...) el futuro del peronismo también cae dentro de lo que consideramos que "dejó de ser lo que solía". Políticas neoliberales (...), debilitamiento del sindicalismo, alianzas políticas con el liberalismo partidista, participación de candidatos extrapartidistas en las listas peronistas, ausencia de política social y alineamiento con los Estados Unidos son características que golpean al corazón de la alianza social y política que dio origen, sustento y poder al peronismo".

Como se detallará más adelante cuando se aborde la presidencia de Néstor Kirchner, éstas transformaciones ocurridas en el partido justicialista, en su organización interna, en la función representativa y en su identidad programática deberán ser matizadas; y esto es así porque, como bien remarca Scherlis, "los estudios organizativos han (...) destacado en cambio la resistencia de las estructuras partidarias e incluso de la competencia interpartidaria. Se subraya la importancia de los intercambios clientelares a partir del control de los aparatos estatales como fuente central para la conservación de la estructura organizativa. Ello, junto a un diseño electoral y una regulación partidaria de fuerte sesgo federalista obraría como causa central de la territorialización de los partidos". Reforzando esta idea, durante las presidencias de Menem, Gerchunoff y Torre revelan que "un último ejemplo de los límites autoimpuestos de la política reformista lo provee la relación del gobierno con la maquinaria política justicialista, cuya estructura se asienta en el control de las administraciones de provincia. A partir de la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad, la mejora en las cuentas fiscales y la mayor oferta de financiamiento dieron un desahogo a los gobernadores y en muchos casos les permitieron un uso más amplio de los instrumentos clientelistas tradicionales. En este contexto, el gobierno nacional promovió varios acuerdos con las administraciones provinciales tratando de establecer una nueva distribución de los fondos coparticipados distinta de la que estaba fijada por la legislación vigente".

Esta dimensión se encuentra estrechamente relacionada con la anterior; como lo ha puesto de relieve Mair, las identidades partidarias se ven ofuscadas por las transformaciones contemporáneas de la representación política descriptas previamente. Antes de señalar el producto de tales mutaciones en la Argentina de los 90 en el justicialismo (en términos de la coalición ideológico-política que se estableció, así como también del estilo de gobierno y tipo de liderazgo a que dio lugar) no está de más recordar su tradición político-cultural originaria. Como dicen Bosoer y Leiras: "el peronismo introduce una cuña en este antagonismo intra elites, al plasmar un tipo de orden sobre bases de sustentación, a la vez, conservadoras y populares. Por un lado tendrá como marco de gestación el único movimiento nacionalista que se impone con éxito, tras el golpe (...) de 1943. Por el otro, logra integrar y dar una identidad política distintiva a los fenómenos emergentes del sindicalismo laborista, la movilización obrero-industrial y los movimientos de masas dentro de lo que se definirá como modelo estatal populista. Sin embargo, pese a provocar un corte entre el nacionalismo popular y el nacionalismo oligárquico y promover el desarrollo de una "izquierda nacional" (...), prevalecerá siempre dentro de este "corpus ideológico doctrinario" una determinante matriz antiliberal, crítica de la democracia de partidos y persistentemente "movimientista" en cuyo trasfondo podrán hallarse los rasgos de una identidad católica secularizada bajo la forma de ideología de la nación". El partido justicialista también puede verse, desde la perspectiva de Kenneth Roberts, como un partido de masas que une mediante lazos orgánicos a los fuertes movimientos obreros surgidos durante el siglo pasado[x]. Su emergencia como nuevo actor implicaría la imposición de una nueva estructura de clivaje, de tipo estratificado; es decir, un principio de diferenciación política donde el eje de la competencia corta horizontalmente las líneas de clase, generando una división política entre elites tradicionales y clases bajas (representados por los partidos conservadores y obreristas de masas respectivamente). En esta conceptualización, las características del peronismo estarían dadas por: la movilización de sindicatos para luchar contra su exclusión del poder practicada por las elites gobernantes; una agenda reformista ideológicamente poco definida; la movilización del apoyo electoral a través de redes de patronazgo conservadoras y policlasistas. Cuando se encuentra en el gobierno, sus prácticas otorgan beneficios materiales y organizacionales a los trabajadores a cambio de lealtad política; sin embargo, hicieron llamamientos a un variado electorado nacional y popular (como por ejemplo, a la clase media a través del empleo público; también a los trabajadores rurales, así como a los industriales del mercado interno).

Menem se presenta inicialmente ante la opinión pública como un líder que reivindica esta tradición política antes descripta; como dicen Bosoer y Leiras, "el ascenso de este "peronismo nacionalista", encarnado por un caudillo que evocaba atributos tradicionalistas del pasado (...)". Baldioli apunta que "(... la figura de Menem (...) se conceptualizaba como un caudillo peronista de La Rioja, que (...) tenía un discurso tradicional movimientista de viejo cuño peronista"[xi].Pero cuando asume el poder, se produce un giro ideológico "copernicano" tanto en su discurso como en su accionar: Menem se propuso resolver la grave emergencia recurriendo a las mismas políticas que tanto él como el movimiento peronista habían siempre repudiado. De esta manera, abrazará e implementará como pocos países de este continente las recetas del consenso ideológico neoliberal dominante a nivel mundial.

Esto dará lugar a lo que Bosoer y Leiras llaman "modernismo reaccionario", es decir, "patrones históricos de respuesta (...) frente a momentos de crisis y cambio fundamental. (...) una combinación de reacción política y cultural frente a lo que se observa como impactos provenientes de estímulos externos sobre el cuerpo social, con posturas afirmativas y progresistas respecto a la capacidad para insertarse provechosamente en el curso de las transformaciones, conservando la "esencia de determinado orden. Una conciliación (...) de la manera en que se establece la relación entre los cambios en la economía mundial y la continuidad de una identidad nacional representada por el Estado". Como dicen estos autores, una "heterodoxa síntesis entre las tradiciones nacional-populista y liberal-conservadora", o también una "contundente reacción restauradora". Y agregan que "la síntesis entre una derecha liberal-conservadora y una derecha nacional-populista es explicada por el hecho de que "el resurgir del liberalismo como expresión ideológica de un capitalismo innovador necesita para desplegar sus potencialidades un ambiente cultural y político fundado en el sentido de continuidad histórica y en el valor intransferible de la identidad nacional". En suma, es una "síntesis entre la defensa neoliberal de la economía de libre mercado y el tradicionalismo cultural esgrimido por el conservadorismo populista (...) sentido de pertenencia a una patria, cristianismo, familia, propiedad privada, libre iniciativa, respeto por las instituciones fundamentales como las Fuerzas Armadas, son valores intrínsecos del peronismo".

Esta intersección que se produce entre distintas tradiciones políticas se traduce en la configuración de una coalición ideológico-política inédita para el peronismo: "un nuevo reagrupamiento político, un bloque histórico, político, económico, social, en el que el justicialismo coincide con la corriente sustancial del liberalismo (...) en un proyecto común que puede denominarse (...) "revolución conservadora". En este sentido, "la elección de Menem en 1989 es interpretada a la vez como consagración del nuevo liderazgo, restauración de la idea del "movimiento nacional" y establecimiento de una nueva alianza entre capitalismo y democracia. (...) El establecimiento del Plan de Convertibilidad y la estabilización monetaria afirmarán más tarde el nuevo bloque de poder resumido en la alianza entre un presidente plebiscitado y "supremo decisor" y el "establishment" económico; un nuevo Príncipe moderno y "las fuerzas del mercado". Baldioli aporta que "en el rol de gran decisor (por Menem) le concedió la esfera económica del Estado a los grandes grupos económico-financieros (...). Estos movimientos de ajedrez político le dieron a Menem el apoyo de las clases más altas de la sociedad (...) recibió el beneplácito de (...) Alsogaray y con él su partido UCD (...)".

Esta reconfiguración de las relaciones de poder tiene como correlato la intención de la nueva coalición ideológico-política dominante de imponer un nuevo clivaje, una nueva línea de fractura o principio de diferenciación política frente a; así, Bosoer y Leiras afirman que "la operación discursiva comienza por calificar a la presidencia de Alfonsín como "el régimen alfonsinista" y afirma que éste fracasó en todos los campos menos en uno: el de la hegemonía cultural. (...) la "revolución conservadora" que encabezaría Menem precisaría de un soporte ideológico, aquél en el que debería librarse la más dura batalla. (...) esta lucha vital por el dominio cultural (...) se trata de construir una nueva hegemonía". En esta línea, argumentan que “se proyecta como un replanteo del régimen presidencialista en el marco de la doble transición del autoritarismo a la democracia y del estatismo económico a políticas de libre mercado (...). Luego continúan con que "a partir de esta resignificación, desplegada sobre el escenario ofrecido por la crisis del 89, el posautoritarismo en la Argentina puede ser caracterizado por la pugna y superposición entre dos proyectos culturales, dos lógicas en disputa, que se suceden durante la transición democrática teniendo como marco el colapso del modelo estatal y las formas de enfrentar dicha crisis". Y rematan: "(...) crece culturalmente un pensamiento revolucionario conservador (...) propiciador de la preeminencia de la regulación natural de las fuerzas por sobre las regulaciones coercitivas y artificiales incentivadoras del "progresismo"". En suma, se trata de contraponer el proyecto de desarrollo de una nueva sociedad, moderna, orientada por las ideas neoliberales, con un progresismo que defiende un estatismo caduco el cual llevó a la honda crisis económica de 1989.

En síntesis, durante los 90, la tradición político-cultural del peronismo que se describió al comienzo fue en gran medida dejada de lado por el pragmatismo del Menemismo. Esta característica marcará a fuego su estilo de gobierno, nuestra siguiente dimensión de análisis.

Como dicen Gerchunoff y Torre: "lo que marcó la diferencia crucial desde el punto de vista político fue que (Menem) haya podido abandonar las tradicionales banderas del peronismo y escoger nuevas políticas y alianzas sin perder por ello el respaldo de sus seguidores". Baldioli da pistas respecto al liderazgo de Menem: "(...) tuvo tanto la astucia como la fuerza suficiente para llevar a cabo las reformas (neoliberales) (...), para ello conformó una coalición económica-social y política muy fuerte que le proporcionaron consenso para sus fines políticos". Todo esto no quiere decir que, durante sus presidencias, no debió afrontar desafíos: para Gerchunoff y Torre, "el nuevo rumbo económico y político de Menem provocó tensiones dentro del movimiento peronista, pero los disidentes carecieron de alternativas políticas para canalizar su disconformismo. Algunos sindicatos y dirigentes partidarios presionaron en favor de estrategias confrontativas, pero la mayoría de los peronistas se mostró poco inclinada a seguir un curso de acción que podía poner en peligro el acceso a los recursos económicos y políticos del patronazgo estatal. Menem explotó hábilmente esta actitud oportunista, y aplicando de manera selectiva premios y castigos logró mantener bajo control a sus seguidores. (...) De este modo, Menem pudo formar una inédita y poderosa coalición de gobierno, en la que reunió el poder institucional de la mayoría electoral peronista con el respaldo de los núcleos más expresivos del poder económico". Además de la característica de líder neopopulista, pragmático (descripta en la dimensión "metamorfosis de la representación política), "(...) en la figura de Menem se ciñe la de un líder neodecisionista (...)"; la de un estilo de liderazgo político de signo personalista. Esto se encuentra en correspondencia con nuestra última dimensión de análisis.

-Recursos institucionales: el decisionismo político en la Argentina de los 90

Según Bosoer y Leiras, "las teorías políticas "decisionistas" pueden distinguirse por tres rasgos básicos comunes: atribuyen una importancia central y definitoria a la decisión en las cuestiones políticas, conciben la soberanía como el poder de decisión definitivo y tienen al "estado de excepción (o estado de emergencia) como la manifestación más pura y el modelo operativo propio de ese poder definitivo. El mismo concepto de crisis queda indisociablemente atado, desde su misma acepción, al de la decisión excepcional".

Pero precisan que el nuevo decisionismo o "neodecisionismo" de los 90 tiene ciertos rasgos particulares, en los términos de ellos, "antiestatista" o "desestatizante": "en tanto el discurso de legitimación del "orden neoliberal" se sostiene en la liberación de energías y fuerzas contenidas -las del capital regulado por el Estado o contrapesado por las fuerzas del trabajo organizado- presupone que tal liberación puede generar situaciones de crisis, resistencias a sus efectos perniciosos y puntos de ruptura. Es decir, situaciones que (...) deriven en estados de excepción. Por eso, el establecimiento de tal modelo de organización social (...) precisaría de mecanismos de autoestabilización, de control. Es en ese sentido que una legitimación eficientista y una gestión decisionista pueden ayudar tanto para desmontar el aparato estatal regulador y prestador de servicios como para neutralizar los casos críticos y las resistencias a dicho desmantelamiento". Todo ello los lleva a concluir que "el descontento frente a la ineficiencia y obsolescencia del aparato estatal se constituye inicialmente como una masa crítica de aquiescencia social, y en última instancia, de legitimación para formas de "ejecutivismo decisionista" ensayadas y practicadas desde las presidencias". Por lo tanto, lo que "se genera, en efecto, es una demanda de decisión eficaz (...) y sobre tal demanda, incluso exacerbándola, trabaja el argumento decisionista". En definitiva, se trata de que "el mejor modo de limitar lo susceptible de ser votado o decidido es a través de una normativa que sustraiga de la esfera de la deliberación y las fluctuaciones políticas el funcionamiento de la economía u otorgando el monopolio de ciertas decisiones a instituciones y mecanismos en donde no funciona la democracia; sea, por ejemplo, vía la ampliación de facultades presidenciales delegadas (...)".

Éste es el trasfondo ideológico del decisionismo en la Argentina de los 90, su fundamento filosófico-político. De esta manera, el poder decisional del ex-presidente Menem se legitimaba a través de volver permanente el estado de excepción. Así, los autores precisan que "las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia económica establecen el estado de emergencia económica administrativa y legitiman el poder de policía del Estado". Como bien mencionaba antes Lebermann, "hubo dos factores que fortalecieron el poder presidencial en esta etapa. Uno es el hecho de que el Partido Justicialista contara con mayorías en el Congreso, la Corte Suprema, y los órganos de fiscalización, y con numerosas Gobernaciones e Intendencias; y el segundo factor fue la emergencia económica, que a los ojos de la opinión pública amerita una acción rápida y eficaz". En esta línea hay que destacar la falta de independencia del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, la cual, como recuerdan Bosoer y Leiras, "logra imponer una reinterpretación de la división de poderes del Estado de derecho como "división de funciones de un único poder indivisible", reforzando la concentración de poder en manos del Ejecutivo.

Por otra parte, se encuentra "la cuestión de la seguridad jurídica", en la cual se enmarca la Reforma Constitucional de 1994; por eso Bosoer y Leiras apuntan que para los ideólogos de este periodo, era imperativo "asentar la emergencia en términos jurídico-constitucionales y asociar la necesidad de acometer las "reformas de segunda generación" con la permanente reelegibilidad de la potestad del presidente" o sea, la legitimación jurídica del decisionismo presidencialista. Un importante punto de la reforma constitucional tiene que ver con el reconocimiento explícito de los decretos de necesidad y urgencia (DNU´s), es decir, la facultad que poseía el Ejecutivo para implementar su programa de gobierno a través de decreto, ampliamente utilizada por el presidente Menem durante su primer mandato para llevar adelante las medidas neoliberales. "Sin embargo, tras la reforma constitucional de 1994 gran parte de las cláusulas destinadas a limitar los poderes del Ejecutivo no tuvieron implementación, (...) y el presidente continuaría apelando al decreto de necesidad y urgencia como herramienta ordinaria de gobierno hasta el final de su mandato".

Bosoer y Leiras sostienen que "(...) dicha herramienta es, en sí misma, la expresión natural de las facultades soberanas del presidente (...). La situación de excepción derivada de la crisis estatal, económica y social de finales de los años 80 (...) aparece como el factor justificatorio de la implementación de ese estilo decisionista de liderazgo presidencial". Los límites de esta concepción decisionista del ejercicio del poder serían "inherentes a su principio de legitimidad: es incapaz de institucionalizarse, al descansar en última instancia, en la figura del líder plebiscitario como única fuente de la decisión eficaz y garantía de la estabilidad política y económica. (...) las circunstancias en las cuales se produjo su ascenso (...) precisa recrearlas para mantener su base de sustentación argumental". En última instancia, la legitimidad del decisionismo descansa en el imperativo de gobernabilidad en situaciones de crisis como la de la década del 90 en Argentina.

Se puede concluir, en base a estos aportes, que en la década de los 90 en Argentina, el liderazgo presidencial fue marcadamente decisionista, en el sentido de concentrar fuertemente el poder político en el ejecutivo; poder ejercido a través de un recurso institucional privilegiado: la práctica de los DNU´s. Esta afirmación se ve reforzada por el hecho de que, como dice Lebermann, "(...) el Partido Justicialista contara con mayorías en el Congreso, la Corte Suprema, y los órganos de fiscalización, y con numerosas Gobernaciones e Intendencias". Y además, como resalta Leiras: "hacia comienzos del año 1994, cinco factores habían hecho de la institución presidencial Argentina, una instancia gubernamental muy poderosa: (1) una amplia y extendida disciplina partidaria en el ámbito legislativo. (2) el fortalecimiento de la posición del gobierno federal VIS a VIS los estados provinciales. (3) Utilización del veto parcial y total en forma recurrente. (4) La utilización de los decretos de necesidad y urgencia por parte del presidente Carlos Menem y (5) la cooptación del Poder Judicial"[xii].

Luego de este largo recorrido por estas cuatro dimensiones de análisis, se desean realizar dos advertencias: primero, que sean éstas y no otras las dimensiones de análisis que se investiguen tiene un propósito analítico, en orden al compromiso con la parsimonia y también con la presuposición teórica latente en la hipótesis planteada al comienzo de este estudio; segundo, las mismas establecen un corte arbitrario respecto a la realidad empírica, y en tal sentido se debe tener presente que de ninguna manera la agotan en toda su extensión, a la vez que necesariamente se encuentran interrelacionadas de manera compleja en aquélla (aunque en esta investigación se presenten por separado). Hechas estas aclaraciones, cabe señalar una última dimensión, que ya en cierta medida se ha caracterizado, pero que volver sobre ella brevemente permitirá retomar el orden cronológico de los acontecimientos históricos para, posteriormente, llegar a las circunstancias en que se presenta nuestro objeto de estudio, la primer presidencia kirchnerista:

El modelo de Estado impulsado durante los 90 en Argentina estuvo claramente en consonancia con el consenso ideológico neoliberal; siguiendo a Lechner, la reforma del Estado que alentaba la ortodoxia económica se encontraba bajo el imperativo de los criterios de productividad y eficiencia determinados por el mercado, fuente principal de asignación de recursos. Esta nueva concepción le daba un nuevo rol al Estado, el cual consistía en favorecer la integración y la competitividad sistémicas en los mercados mundiales. Así, el imperativo de eficiencia económica impuso una serie de medidas, como la reducción de empresas públicas a través de las privatizaciones; la reorientación de las políticas sociales hacia los grupos más perjudicados (lo que se conoce como una estrategia de "focalización"); la descentralización y la desburocratización; la racionalización de la administración; liberalización y desregulación de los mercados; etcétera. En Argentina estas reformas se realizaron principalmente a través de dos leyes: la Ley de Emergencia Administrativa (o de Reforma del Estado) y la Ley de Emergencia Económica.

Esta sintética caracterización (junto con la información presentada anteriormente respecto a la implementación del consenso neoliberal en la Argentina de los 90) basta para retornar al orden cronológico de los hechos: esto es, examinar el fracaso de este modelo de Estado a través del gobierno de la Alianza, la crisis de 2001 y la presidencia interina de Eduardo Duhalde, con miras a establecer la coyuntura del sistema político argentino previo a la llegada al poder de Néstor Kirchner.

En lo sucesivo se tomará como referencia la descripción de los acontecimientos históricos que realiza Lebermann, con algunos aportes de otros autores, más que nada estos últimos para precisar el contexto electoral del año 2003. Para aquella, "la grave situación social descripta, contribuyó decisivamente a la deslegitimación de Menem y el PJ y a que en 1999 ganara la elección presidencial Fernando de la Rúa, por la Alianza (conformada por la UCR y el Frepaso); venciendo a Eduardo Duhalde (PJ). De la Rúa había centrado su campaña en “depurar las instituciones”, contraponiéndose a la corrupción menemista. Asumió el gobierno en diciembre de 1999, pero al poco tiempo, demuestra su gran incapacidad para gobernar, y sobre eso, el vicepresidente “Chacho” Álvarez renuncia el 6 de octubre del 2000, acusando de corrupción a la administración delarruista y al Senado. Durante el período en que duró su mandato, De la Rúa mantuvo los lineamientos básicos del neoliberalismo que ya describimos: convertibilidad y liberalización de la economía, políticas sociales focalizadas e insuficientes -la promesa de “democratizar la ayuda social” recentralizándola, fracasó rotundamente-, y la subordinación a los organismos internacionales".

Luego apunta que "la Convertibilidad necesitaba para sostenerse del ingreso de divisas. Al principio de la era menemista estaban garantizadas por la venta de empresas estatales; sin embargo, a medida que este recurso se fue agotando, el país se endeudó cada vez más. La inestabilidad económica era muy grande, De la Rúa tuvo que hacer varios cambios de Ministros en esa cartera. Machinea estuvo hasta marzo de 2001, entre marzo y abril estuvo López Murphy, y finalmente asumió como Ministro de Economía, Domingo Cavallo (por si quedaba alguna duda sobre la continuidad con la política menemista). Entre mayo y junio de 2001, éste último ministro firmó, junto al presidente De la Rúa, el “Megacanje”. Consistió en una refinanciación de la deuda pública (...)".

En esta línea, pinta un cuadro de la coyuntura que se vivía por aquél entonces, comentando que "la situación económica del país era de grave recesión. La gran cantidad de votos nulos y en blanco en las legislativas de Octubre de 2001 ya predecían la magnitud de la crisis política. En noviembre y diciembre de 2001, el modelo neoliberal mostró su talón de Aquiles: se produjo una gran fuga de capitales, haciendo colapsar al sistema bancario. A comienzos de diciembre, Cavallo anunció las restricciones al retiro de fondos de los bancos (el "corralito") y a las operaciones de cambio, para limitar la demanda de divisas, preservar el stock de reservas y evitar la devaluación de la moneda, es decir, el abandono formal de la Convertibilidad.

Como bien aprecia, este episodio es "un punto de inflexión en la suerte del neoliberalismo argentino. La movilización popular no se hizo esperar. Las primeras en reaccionar fueron las capas medias, por el “corralito”. Durante todo diciembre se sucedieron las protestas, y el 16 comenzaron los saqueos a los supermercados, por parte ya de amplios sectores populares, en su mayoría desocupados y trabajadores precarizados. En ese momento explotó toda la tensión social que venía acumulándose en los últimos años. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre, confluyeron muy diversos sectores: desde ahorristas a quienes el “corralito” no dejaba extraer su dinero de los bancos, hasta el sector educativo, el de salud, partidos políticos de izquierda, organizaciones sindicales, los movimientos de desocupados, en su mayoría piqueteros, y también muchos sujetos autoconvocados que repudiaban al sistema político. La consigna que se impuso fue: “¡Que se vayan todos!”, demostrando la profundidad de la crisis que se vivía. El saldo de la represión gubernamental fue de 40 muertos. De la Rúa se vio obligado a renunciar el 20 de diciembre".

Pero rescata que "en ese momento, los sectores movilizados no lograron articular una salida política, en su mayoría tan solo expresaban rechazo al orden vigente. El mismo 20 asume la presidencia Ramón Puerta, hasta entonces presidente de la Cámara de Senadores. Convocó a una Asamblea Legislativa, y fue electo para remplazarlo Adolfo Rodríguez Saá. El 24 se declaró el default, pero el presidente no pudo hacerse cargo de la delicada situación, y alegando falta de apoyo político, renunció el 30 de diciembre. El siguiente presidente fue el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño. Éste volvió a convocar a Asamblea Legislativa, que eligió al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, para asumir la presidencia. El 2 de enero, asume la presidencia de modo interino Eduardo Duhalde. Lo primero que hace Duhalde, es poner fin a la Convertibilidad, y con ella a todo un ciclo económico en la Argentina. “El que puso dólares, recibirá dólares y el que puso pesos, recibirá pesos”, anunció. Finalmente, con la pesificación asimétrica de deuda privada (es decir, que los bancos devolvieran 1,40 peso por cada dólar prestado, mientras que los privados devolvieran 1 peso por cada dólar recibido en préstamo del banco) se “socializaron” y licuaron las deudas de las grandes empresas, del sector agropecuario y las privatizadas. Además, el gobierno dispuso un plan de “salvataje” al capital financiero para compensar a dicha fracción del capital por las implicancias de la salida devaluatoria y la pesificación asimétrica, y que sería cubierto con la emisión de nueva deuda pública".

De esta manera, Lebermann pasa a describir en líneas generales la gestión duhaldista: "en el período de Duhalde en la presidencia, si bien se logra estabilizar la economía, la situación social prácticamente no mejora. La devaluación permite a los agentes del capital productivo mejorar su capacidad exportadora y esto aportó a recomponer las cuentas públicas, mediante las retenciones. El tipo de cambio incentiva la industria nacional, pues importar se hace más costoso. Sin embargo, el efecto inflacionario de la devaluación reduce el salario real, y afecta a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, durante esta etapa continúa habiendo un alto grado de movilización más que nada de asambleas autoconvocadas y piqueteros. La protesta social es reprimida, llegando a su punto cúlmine el 26 de junio de 2002, cuando son asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Los Planes Sociales, como el Plan Trabajar o el Barrios Bonaerenses recibieron un nuevo impulso. Ya existían desde 1996, como respuesta del menemismo a los crecientes niveles de conflictividad social; pero se habían visto reducidos durante el gobierno de la Alianza. Duhalde lanzó el programa Jefes y Jefas de Hogar, y reforzó los ya existentes. Aquí hay una diferencia con el modelo anterior, ya que en cierta forma, se universalizaron, alcanzando a muchos más destinatarios. Sin embargo, la lógica “clientelar” de manejo a través de punteros del PJ no cambió, lanzando “Chiche” Duhalde sus “manzaneras” para distribuir los alimentos del Plan Vida".

Y termina con que "la de Duhalde era una presidencia interina, y con la Masacre de Avellaneda, tuvieron que adelantarse las elecciones, fijándose para el 27 de abril de 2003". Llegamos en este punto al contexto electoral de las presidenciales del año 2003, importante para los fines de este trabajo.

Cabe aclarar que, pese al elevado grado de fragmentación electoral y la gran cantidad de fuerzas políticas que compitieron en estos comicios, se hará hincapié sobre todo en la situación del partido justicialista, consecuentemente con los objetivos de esta investigación.

Así, siguiendo el desarrollo de Ángel Rodríguez Kauth, "Duhalde se vio obligado por las circunstancias a adelantar el llamado a elecciones para marzo próximo, bajo la formal garantía de no presentar su candidatura. (...) Pese a todo, el desvelo político de Duhalde era que en las elecciones internas del justicialismo triunfara su enemigo Menem y así fue como llevó a cabo la última maniobra del aparato partidario para evitar que esto ocurriera, cuando convocó a un Congreso nacional del justicialismo –dominado por sus huestes– en donde se logró fracturar al peronismo, y que el Partido concurriera a las internas de marzo con tres candidatos que representaban distintas líneas internas irreconciliables entre sí. Una de ellas –el Frente de la Lealtad, construido por Menem para poder presentarse como partido nacional; la otra fue la de Rodríguez Saá –que la comenzó a delinear ni bien renunció a la Presidencia, con el nombre de Movimiento Nacional y Popular– y una tercera en construcción que debería encabezarla un delfín de Duhalde designado para el efecto –Frente para la Victoria– pero que luego de arduas tratativas ninguno de los señalados con el dedo del poder tuvo background suficiente entre la población o que directamente rechazaron la oferta. En definitiva, el nombre recayó en el actual gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner (...)"[xiii]. Carlos Gervasoni también señala que "la ya larga disputa entre Menem (PJ, La Rioja) y Duhalde (PJ, Buenos Aires) impidió la elección de un candidato único: luego de la renuncia del actual presidente a presentarse nuevamente, se vio en la necesidad de encontrar un sucesor “amigable” capaz de competir con Menem, y también con el carismático caudillo provincial Adolfo Rodríguez Saá (gobernador de la pequeña provincia de San Luis entre 1983 y su breve paso por la presidencia a fines de 2001). Hacia fines de 2002 se le hizo claro a Duhalde que Menem tenía todas las chances de ganar una elección interna cerrada, y razonables chances en una abierta. Decidió entonces, mediante procedimientos de dudosa legalidad, imponer su dominio en el peronismo para cancelar las internas y permitir que los diversos precandidatos se presentaran en forma independiente (técnicamente hablando, el peronismo no tuvo candidato). Duhalde, luego de intentos fallidos con los gobernadores Reutemann (PJ, Santa Fe) y De la Sota (PJ, Córdoba), volcó su apoyo al siempre antimenemista gobernador Kirchner (de la escasamente habitada provincia patagónica de Santa Cruz). Así, hubo tres candidatos de origen peronista: Kirchner, Menem y Rodríguez Saá"[xiv]. Y completa con que "(...) la fragmentación del peronismo (...) se originó en la estrategia de Duhalde para evitar elecciones internas que podrían haberle dado el triunfo a su enemigo Menem.

De esta manera, la posición de Néstor Kirchner en la escena electoral nacional era de clara debilidad. Como lo nota Rodríguez Kauth, debía "considerársele un candidato vicario en cuanto no actúa por su cuenta, sino por órdenes de Duhalde y su aparato político; Javier Zelaznik precisa que "la victoria de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2003 no fue producto de una coalición amplia, sino de un armado que representaba a la facción del PJ liderada por el entonces presidente Duhalde"[xv].En este mapa, como observa Rodríguez Kauth, el "delfín" de Duhalde se ubicaba (junto con otros) en el espacio de centroizquierda del espectro político: "Kirchner, Rodríguez Saá y Carrió proponían un plan de desarrollo y crecimiento sustentable, alentando a la producción nacional con nuevas fuentes de crédito y una revisión de la deuda externa con los organismos transnacionales, la que sume al país en una sangría de divisas que dilapida el esfuerzo de los trabajadores y productores nacionales, en oposición a la candidatura de Menem, quien encarnaba el retorno al proyecto neoliberal desplegado durante los 90”.

La debilidad de Kirchner se verá profundizada por el desarrollo de los acontecimientos; Zelaznik relata que "ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría constitucional requerida para ganar la presidencia en una sola vuelta. El candidato más votado fue Menem, con el 24 % de los votos (...), seguido de cerca por Kirchner, con el 22 % de los votos (...). La decisión de Menem de no competir en la segunda vuelta convirtió automáticamente a Kirchner en presidente electo". La negativa a participar del ballotage por parte del ex-presidente Carlos Menem se debió principalmente a los números que arrojaban las encuestas, que lo ubicaban a una distancia abismal del candidato del Frente para la Victoria.

En resumen, Néstor Kirchner asume marcado por ciertas condiciones que lo sitúan en una posición de debilidad. Por una parte, como aprecia Rodríguez Kauth, la decisión de Menem de no participar en la segunda vuelta tuvo la "intención política de no permitirle a Kirchner triunfar con un apoyo electoral superior a 22 por ciento que ya había obtenido. Esto se hizo para que el nuevo Presidente asumiera en condiciones de debilidad política y se le dificultara su quehacer futuro"; en este sentido, vale decir que las encuestas que reflejaban un elevado apoyo de la opinión pública a Kirchner para la segunda vuelta no expresaban un voto a su favor, sino más bien el rechazo hacia Menem y el modelo neoliberal que éste encarnaba. Por otra parte, como se describió anteriormente, la victoria de Kirchner se debía en gran medida al apoyo de Eduardo Duhalde y la estructura del partido justicialista bonaerense; la intención de éste era la de elegir un presidente "títere" que le permitiría permanecer como el "hombre fuerte" del justicialismo, ejerciendo "tras bastidores" la primera magistratura. Si a estos factores políticos les sumamos la profunda crisis económica y social arrastrada desde las administraciones anteriores, el contexto de asunción del nuevo presidente implicaba serios límites a su estrategia de gobierno. A pesar de ello, habrá presentes ciertos elementos, tanto en el sistema político como en procesos contemporáneos, que habrá de explotar Néstor Kirchner en su tarea imprescindible de ensanchar su base de apoyo político, y que a la larga reconfigurarán las relaciones de poder entre los actores, redefiniendo de esta manera el tablero político argentino. Empezando por el contexto político regional.

Se debe aclarar que de aquí en más dejaremos de lado el orden cronológico de los acontecimientos, y nos abocaremos a pasar revista a las dimensiones que desde un comienzo se han concebido como principales para comprender el ascenso y consolidación del kirchnerismo como fuerza política al interior del partido justicialista.

Como bien apunta Carolina Lebermann, "en América del Sur se registra un período de grandes transformaciones. El paradigma neoliberal que rigió nuestras políticas económicas desde fines de los 70, y más profundamente en la década de los 90, ha perdido el consenso del que gozaba. Han sido electos en la región, una mayoría de gobiernos anti-neoliberales (Hugo Chávez 1999, Kirchner 2003, Lula Da Silva 2003, Tabaré Vázquez 2005, Evo Morales 2006, Bachelet 2006, Rafael Correa 2007, Daniel Ortega 2007, Fernando Lugo 2008, Ollanta Humala 2011)". En este sentido, las principales características del modelo neoliberal implementado durante los 90, "la primacía del capital financiero (...) asociada con los altos niveles de pobreza, con la exclusión social, con la desvalorización de la política como acción colectiva, con el individualismo generalizado, con la flexibilización laboral, con la concentración de riqueza y con la vulneración permanente de derechos básicos" son los "factores (...) que van a empezar a revertirse, en mayor o menor grado, con los nuevos gobiernos en América Latina". Y cita como ejemplos que "tanto Hugo Chávez como Néstor Kirchner (...) han llevado adelante programas de gobierno que de alguna manera, retornan al paradigma desarrollista, ahora llamado “neodesarrollista”. Han transformado las relaciones con el FMI y con los Estados Unidos; contra el monetarismo fiscalista de los ´90, y han impulsado la industrialización de sus respectivos países, impulsando fuertes políticas sociales inclusivas". De esta manera, el nuevo marco predominante se caracteriza por un giro ideológico hacia un capitalismo de Estado, con gobiernos de corte progresista y de centroizquierda (pregonando valores como la redistribución de la riqueza y la justicia social), que buscarán profundizar la integración y cooperación subcontinental a través de organismos ya existentes (como el MERCOSUR) o creando nuevos (como la UNASUR), todo ello con el objetivo de fortalecer la posición geopolítica de América del Sur como bloque a nivel internacional. El ejemplo venezolano es la piedra de toque que abrirá todo este proceso, y los frecuentes y estrechos lazos que mantendrá Néstor Kirchner durante su presidencia con su par Hugo Chávez dan una clara muestra del nuevo rumbo político emprendido en la Argentina a partir de su asunción como presidente. El apoyo regional a la gestión kirchnerista es un elemento importante que legitima su programa de gobierno, a la vez que un punto de ruptura con la política de la década de los 90, desprestigiada a los ojos de la opinión pública.

Ya se ha aludido a este fenómeno contemporáneo; de lo que se trata ahora es de examinar el impacto que tuvo en el aparato partidario del peronismo luego de la crisis de 2001, y observar la manera en que el gobierno de Néstor Kirchner lo utilizó para los fines de ensanchar su base de apoyo político y hacer frente a los problemas de escaso porcentaje de legitimidad en las urnas y de débil posición dentro del partido justicialista.

Como señalaba Gerardo Scherlis, existen dos líneas teóricas de análisis que presentan diagnósticos en conflicto: por un lado, los estudios organizativos acerca de los partidos destacan la resistencia de las estructuras partidarias, la importancia de los intercambios clientelares a partir del control del aparato estatal, junto con una regulación partidaria federalista, todo lo cual tiene un efecto de territorialización de las organizaciones partidarias; y por otro lado, los estudios de la democracia, que remarcan la ruptura con un tipo de representación política que implicaba que los partidos y el sistema de partidos estaban ligados a sectores sociales específicos, de lo cual emerge una representación en torno a liderazgos sostenidos en la imagen pública construida en los medios de comunicación, estableciendo vínculos de carácter mas bien contingente y circunstancial con el electorado.

Sin dejar de reconocer que hay ciertos aspectos que describe esta segunda línea de investigación presentes en los partidos políticos de la Argentina del nuevo siglo (los cuales se mencionarán según vayan apareciendo en este apartado) se hará mayor hincapié en los estudios que subrayan la persistencia del partido como organización, particularmente del aparato partidario peronista a nivel territorial, uno de los elementos en los cuales se apoyará Kirchner para ensanchar su base de apoyo político.

Como ya se expuso, el triunfo de Kirchner en las presidenciales del año 2003 se debió en gran medida al apoyo de Eduardo Duhalde y su condición de "hombre fuerte" dentro del partido justicialista, fundamentalmente en la poderosa estructura partidaria del peronismo bonaerense. Siguiendo el desarrollo teórico de Scherlis y su concepto de "partido estatal de redes", se puede describir el funcionamiento de esta estructura, que "tiene que ver con la función más tradicional del activismo, es decir la búsqueda de votos mediante el contacto cara a cara. No es preciso insistir con la idea de que en las democracias contemporáneas es la competencia entre líderes de opinión lo que define el voto del electorado sin mediaciones institucionales. (...) en los países latinoamericanos, las redes de intermediación personal entre candidatos y votantes, implantadas en el territorio, mantienen también una importancia fundamental. En el caso argentino es habitual distinguir entre dos escenas, dos patrones dentro del escenario político. Uno sería la de los grandes centros urbanos, en donde –tal como lo describe el modelo de la democracia de audiencia - los ciudadanos definen el voto a partir de un juicio elaborado con autonomía y en base a la competencia que tiene lugar entre diferentes líderes de popularidad en los medios de comunicación. La otra escena sería la de las provincias y circuitos periféricos, donde las elecciones serían definidas en gran medida por redes asistenciales de tipo clientelar, que incluyen desde la distribución de empleo para los sectores medios hasta la de bienes y servicios básicos – como comida y medicamentos – en las áreas más postergadas socialmente. En esta segunda escena la imagen de buen gobierno se relaciona a menudo con la distribución personalizada de bienes de consumo básicos (los célebres bolsones) y el acceso a servicios esenciales (un turno en el hospital más cercano). El reparto de estos bienes y servicios, tarea que desempeñan en última instancia las redes de punteros, también suele coadyuvar a consolidar la imagen del líder. Tal como sin dudas lo habrá de saber el cliente-beneficiario, es el gobernador, el intendente, o el concejal aquel que hace llegar los beneficios. Es por todo esto que el liderazgo requiere de redes territoriales que operan como intermediarios entre los bienes y servicios estatales y la población. Por otra parte, como bien sabe cualquier actor de la política argentina, el desarrollo de amplias redes territoriales resulta fundamental para controlar lo que ocurre en el acto electoral y evitar/realizar fraudes. Sobre todo en los distritos periféricos, pero en diversa medida en todo el territorio, la fiscalización del acto electoral sigue siendo crucial para garantizar un resultado al momento de las elecciones. Desde ya, (...) la fidelidad a un partido es por lo general frágil, dependiente del flujo de recursos. (...) Finalmente, en países como la Argentina donde el flujo de recursos depende casi sin excepción del acceso al aparato estatal, la organización partidaria fuera del estado se torna improbable. La tendencia señalada por la literatura reciente hacia la fuerte concentración de recursos organizativos en la cara del partido que ocupa los cargos públicos alcanza en Argentina un grado extremo: la organización es, y sólo parece poder ser, aquella que se construye desde y que forma parte de los aparatos estatales".

Esta brillante descripción del funcionamiento de lo que Scherlis llama "redes territoriales" refleja en gran medida el modo de operar del partido justicialista en la búsqueda de apoyos políticos; la misma se completa con otra observación que efectúa el autor, y es el hecho de que en países como Argentina, o sea, "en los sistemas políticos federalizados, esto es en aquellos donde opera más de un sistema de partidos territorialmente delimitado, los partidos se enfrentan a lo que Kenneth Carty llama el imperativo estratárquico. Éste consiste en lograr mantener la unidad del partido aceptando que en cada nivel de competencia habrá una organización con la suficiente autonomía y flexibilidad como para buscar las estrategias más adecuadas que permitan ganar la adhesión del público en el ámbito de su arena de actividad. (...) El desafío para los partidos consiste en contener sub-unidades que a nivel municipal y provincial puedan diseñar sus propias estrategias, dotándose para ello de liderazgos y discursos adecuados a sus circunstancias, pero sin perder el vínculo con la casa matriz, la etiqueta nacional. Por cierto diferentes unidades deberán contar con distinto grado de autonomía, según su propio peso específico, pero en todo caso todas deberán conservar cierto grado de interrelación y unidad reconocibles. (...) La cohesión de las distintas sub-unidades que se organizan para la competencia en el plano local o provincial deviene especialmente problemática ante la ausencia de motivaciones ideológicas o de identidad que pudieran actuar como principios aglutinantes. Diversos instrumentos legales (el sistema electoral, las leyes de partidos, de financiamiento estatal, etc.), también pueden incidir en el nivel de centralización o fragmentación territorial de los partidos. Sin una amalgama ideológica e identitaria, y sin estímulos institucionales, el incentivo fundamental para mantener la unidad consiste en la posibilidad o la expectativa de acceder a mayores recursos estatales. De ahí también la relevancia que adquiere en este contexto la cuestión de la equidad en la distribución de los recursos y del financiamiento estatal: si la posibilidad de acceder a recursos deviene en el principal incentivo para la unidad de las sub-unidades provinciales, sólo si esos recursos se distribuyen en forma equilibrada, evitando el monopolio por parte del partido de gobierno, podrá algún partido diferente al gobernante dar cumplimiento al imperativo estratárquico.

Luego de estas apreciaciones estamos en condiciones de evaluar la manera en que estas "redes territoriales" fueron aprovechadas por la administración de Néstor Kirchner. El meollo de la cuestión se encuentra en el diseño del esquema federal argentino; como bien se sabe, el Ejecutivo Nacional concentra y controla en gran medida los recursos fiscales en sus manos. De esa manera, se cumple con el "imperativo estratárquico" que mencionaba Scherlis, a través del uso discrecional de los recursos estatales por parte de quien acceda a la presidencia de la nación. En este sentido, quien garantiza que los recursos estatales fluyan por las redes territoriales, asegurando los intercambios materiales, es el líder que se encuentra en el poder, el "jefe de la máquina". Esto explica en gran medida como Kirchner pudo despegarse del "tutelaje" de Duhalde y convertirse en el líder del justicialismo. Al respecto, Zelaznik advierte que "más amplias serían las coaliciones para las elecciones a legisladores nacionales celebradas (...) durante la segunda mitad del año 2003 (...). En lugar de replicar las divisiones de la elección para presidente, el PJ se realineó rápidamente tras la figura de Kirchner y concurrió con una sola lista en la mayoría de los distritos. (...) si las elecciones legislativas de 2003 expresaron la recomposición del justicialismo, las de 2005 estuvieron signadas por el objetivo de controlar la estructura del PJ de la provincia de Buenos Aires, conducido hasta entonces por el ex presidente Duhalde. El Frente para la Victoria (FpV) sería la expresión política de esa estrategia para desafiar electoralmente al PJ bonaerense oficial. Los planteos de "transversalidad", que implicaban la construcción de un espacio progresista de centro-izquierda autónomo del PJ, resultaban inviables, ya que hubiesen privado al kirchnerismo de una base política sólida. De allí que el FpV surgiese como un emprendimiento político más amplio y más estrecho que el peronismo: más amplio en la medida que incorporaba a sectores sociales ajenos a su tradición política; más estrechos porque excluía a los sectores que conservaban su alineamiento con los ex presidentes Menem, Duhalde y Rodríguez Saá. En las elecciones legislativas de 2005 sólo seis distritos presentaron listas peronistas alternativas, aunque entre ellas se incluía la provincia de Buenos Aires, donde se ponía en juego el control del poderoso PJ bonaerense. (...) a nivel nacional, el FpV se impuso con el 38% de los votos, y en la provincia de Buenos Aires, la lista Kirchnerista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner venció a la del PJ oficial encabezada por Hilda González de Duhalde. Habiendo eliminado a los otros líderes de la escena política (Menem y Rodríguez Saá en 2003), Duhalde en 2005), Kirchner se consolidaba como único líder del espacio peronista". Scherlis refuerza esto subrayando que "Los gobernadores e intendentes de origen radical, al evaluar como inexistentes las posibilidades de alcanzar la presidencia en el futuro cercano, optan por defeccionar del viejo partido para aliarse al presidente Kirchner en búsqueda de recursos para sus administraciones. Para estos gobernantes carece de sentido permanecer en la oposición mientras los recursos son monopolizados por un ejecutivo de quien se espera que continúe gobernando en el tiempo previsible".

Así, el esquema fiscal del federalismo argentino que centraliza una gran cantidad de recursos financieros de manejo discrecional en el Ejecutivo nacional, junto con la maquinaria partidaria o, como lo llama Scherlis, las "redes territoriales", son herramientas que jugaron a favor y que Kirchner aprovechó hábilmente en la necesidad de ensanchar su base de apoyo político, acumular poder y desligarse del "tutelaje" de Eduardo Duhalde. En definitiva, el proceso de metamorfosis de la representación política no desarticuló el aparato partidario peronista, lo cual constituye una gran ventaja por sobre el resto; es decir, no fue suplantado por el contacto directo entre el/los candidatos y el electorado a través de los medios de comunicación de masas. Y tampoco logró acabar con su tradición político-cultural, como se verá a continuación.

Durante los 90, el giro ideológico de Menem hacia el neoliberalismo "pisoteó" los valores, principios y creencias históricos del peronismo; la coalición ideológico-política formada por el Menemismo incluyó actores que nada tenían en común con las fuerzas políticas tradicionales que componían el partido justicialista. Parecería ser que los estudios que destacan un cambio en la representación política estaban en lo correcto al afirmar que la estructura de la competencia política se había descongelado; que los electores no se organizaban más en torno a identidades sociales colectivas permanentes (y por ello los alineamientos electorales se volvían más difusos y contingentes); que los partidos dejaban de representar las demandas de grupos sociales específicos; que desaparecían los viejos principios de diferenciación político-partidarios; en definitiva, que las organizaciones partidarias estarían guiadas de ahora en más por el pragmatismo con el fin de obtener amplios apoyos electorales, renunciando a los compromisos programáticos e ideológicos.

Si bien algo de esto viene ocurriendo con una amplia masa de ciudadanos, se desea matizar estas aseveraciones, al menos para el caso del partido justicialista; partiendo de Juan Carlos Torre y sus reflexiones comparativas entre las elecciones legislativas de 1999 y 2001, se puede afirmar con este autor que "la fidelidad del electorado peronista no fue significativamente afectada por el generalizado clima de protesta ciudadana", y que "contra el telón de fondo del drástico encogimiento del electorado del partido, el peronismo logró sobrevivir todavía como fuerza política predominante"[xvi]. Luego argumenta que "los valores de la subcultura peronista (...) aún conservan capacidad de suscitar lealtades y solidaridades". Esto se explica, como dice Torre, por una distinción conceptual entre los tipos de vínculos que mantienen los electores con los partidos; en palabras de él: "la diferenciación relevante es la que separa de un lado a los adherentes y del otro a los simpatizantes. El vínculo de los primeros con el partido descansa sobre una relación de pertenencia cimentada en una prolongada identificación y una densa trama de solidaridades. Por su parte, los simpatizantes se vinculan en función de la proximidad de sus preferencias políticas con las propuestas del partido. Así, la identificación partidaria de los adherentes produce un recurso invalorable para las organizaciones: la lealtad. En cierto modo, la lealtad independiza el respaldo al partido de los resultados de sus políticas en el corto plazo. El segundo efecto de la identificación partidaria se hace visible en la formación de las claves interpretativas de la realidad. En particular, suministra un mecanismo para seleccionar la información que los adherentes procesan con respecto a la actuación del partido y cuya eficacia radica en predisponer a éstos a hacer suyas las razones con las que los dirigentes explican sus aciertos y racionalizan sus dificultades". Y luego observa que "en términos de indicadores sociales, económicos e institucionales, el tramo final de la presidencia de Menem no cerraba con un balance más positivo que el del gobierno de la Alianza al cabo de sus primeros dos años. Sin embargo, aún en su derrota, el Partido Justicialista logró en 1999 retener una alta proporción de su electorado histórico". Estas reflexiones advierten que aún permanece vigente en cierta porción del electorado la identidad de una cultura partidaria peronista, pese a reunir en su seno a un amplio y variado arco de posturas, desde la derecha a la izquierda. Torre concluye su juicio respecto al justicialismo arguyendo que "los valores de la subcultura peronista han perdido la consistencia del pasado después de las políticas públicas de signo opuesto ejecutadas en su nombre durante el gobierno de Menem, pero aún conservan capacidad de suscitar lealtades y solidaridades. La pregunta acerca de la crisis eventual del partido la plantean los rasgos más originales que está adoptando la puja por el liderazgo entre dirigentes rivales. El conflicto por el poder dentro de la organización, recurrente en el peronismo, converge hoy con un conflicto de proyectos ideológicos, que está poniendo en tensión los mecanismos que han regulado hasta ahora las divisiones internas, evitando la ruptura. En el centro de la disputa está Menem con su propuesta hacia la derecha, en línea con los rumbos de sus diez años de gobierno, y sus rivales con la reivindicación más o menos actualizada de la tradición nacional-popular. (...) la disputa tiene un final abierto. Un interrogante adicional sobre la suerte del PJ lo coloca la vasta movilización de desocupados que ha surgido y crecido en sus márgenes, pero que está radicada en el núcleo de sus bases electorales". Estas apreciaciones resultan reveladoras. Nuestra ventaja de un estudio en retrospectiva se vuelve preciada en este punto para contemplar como se entronca el kirchnerismo en la tradición político-cultural peronista, que elementos tradicionales recupera y en cuales aspectos trae novedades.

Como indica Zelaznik, "la arena social es la que mejor representa los elementos innovadores del kirchnerismo (...). El kirchnerismo se presenta como un proyecto destinado a reconstituir al país tras la debacle económica y política de 2001 y 2002. En el ámbito económico ello implicaba no sólo superar la crisis, sino, principalmente, sustituir el modelo económico neoliberal excluyente por uno nuevo basado en la intervención del Estado y la inclusión social. En el ámbito político, implicaba no sólo reestabilizar el colapsado sistema de partidos a partir de nuevos alineamientos partidarios, sino reconstruirlo a través de la incorporación de actores sociales previamente excluidos. Para la narrativa fundacional del kirchnerismo, el año 2003 marcaría la transición a una democracia real o democracia con inclusión social, mientras que la experiencia iniciada en 1983 habría constituido sólo una democracia imperfecta que garantizaba la continuidad de algunos lineamientos importantes de la dictadura: en el ámbito económico, implementando políticas neoliberales que perjudicaban a los sectores populares, o siendo complacientes con ellas; en el ámbito político, obstaculizando los juicios contra quienes habían violado los derechos humanos". Esto se va a plasmar en un intento deliberado de imponer un nuevo principio político de diferenciación o "clivaje" en el sistema partidario argentino; siguiendo a Zelaznik, "(...) el intento de reordenar las opciones políticas a lo largo de la dimensión derecha/izquierda, en remplazo de la tradicional distinción peronismo/antiperonismo, permitiendo así recrear el espacio político alrededor de dos fuerzas principales. Por un lado la "derecha", representando al pasado, las políticas neoliberales y la impunidad para quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura. Sus referentes son los políticos y técnicos a cargo del diseño e implementación de políticas neoliberales, así como aquellos actores económicos, políticos y sociales a los que beneficiaron; los militares y la jerarquía eclesiástica que habían participado de manera directa o indirecta en las violaciones a los derechos humanos; la oposición política al kirchnerismo que pone trabas al nacimiento de lo nuevo (...). Del otro lado la narrativa identifica al "pueblo" como expresión del movimiento nacional y popular, cuya representación política asume el kirchnerismo. Sus referentes son los sectores medios y trabajadores, las organizaciones piqueteras y otros grupos de base, las organizaciones de derechos humanos, los intelectuales progresistas, los jóvenes, el sindicalismo no burocratizado, las organizaciones políticas progresistas y de izquierda". Estos planteos se conocerán con el nombre de "transversalidad", es decir, la confluencia con sectores peronistas propios, del progresismo y algunas figuras de izquierda. Edgardo Mocca relata que "los primeros meses de gobierno le sirvieron a Kirchner para diseñar con hechos prácticos el perfil político-ideológico de su gestión y para definir el lugar que pretendía ocupar en el sistema de partidos que imaginaba. Su política de derechos humanos, la restructuración de la Corte Suprema, la negociación de la deuda pública en default desde fines de 2001, una orientación económica productivista y una clara alineación con los gobiernos de matriz progresista que habían surgido en la región en los últimos tiempos señalaron el camino desde el cual intentaría construir una nueva coalición política"[xvii]. En el mismo registro, añade que "menos por su explicitación programática que por las políticas públicas puestas en marcha y por la retórica que las acompañaba –y a veces las superaba largamente– se ponía en escena una división política entre el nuevo rumbo neodesarrollista y las reformas de los años noventa a las que se responsabilizaba de la crisis y sus consecuencias sociales y se situaba en el lugar simbólico del “pasado”". Y Zelaznik completa el cuadro de la nueva diferenciación política resultante: "esa distinción entre campos políticos se traduce en una estrategia antagónica respecto de los actores que habían sido parte de la coalición socio-económica menemista y en una apertura hacia los actores que se vieron afectados negativamente por las políticas neoliberales. Esta apertura estuvo motorizada sobre la base de políticas públicas específicas tendientes a satisfacer sus demandas, y de la cooptación de los líderes de las organizaciones sociales". Pasaremos revista brevemente a algunas de estas políticas públicas en áreas relevantes, sobre todo las que están relacionadas con una intención deliberada de ensanchar la coalición ideológico-política por parte del Kirchnerismo:

Siguiendo a Rossi, "con el objetivo de obtener rápidamente un aumento en la consideración pública, inicialmente el gobierno kirchnerista adoptó un conjunto de medidas con gran impacto mediático, sobre todo en relación con ciertos grupos que tenían un alto nivel de descrédito, como los militares relacionados con la represión ilegal durante el Proceso de Reorganización Nacional, o sectores de la policía a los que se acusaba de corrupción o de aplicación de métodos ilegales o bien miembros del Poder Judicial a los que se sindicaba como relacionados con el gobierno de Menem. La estrategia se suponía que reforzaría la imagen presidencial en la opinión pública al confrontar con actores que se encontraban sin ninguna duda debilitados y que carecían de apoyos concretos en el escenario político. Para ello, la administración de Néstor Kirchner reactivó los juicios políticos iniciados previamente contra algunos de los magistrados a los que se acusaba de haber formado parte de la denominada “mayoría automática” durante el menemismo, aplicando también una estrategia de presión a través de los medios de comunicación. En un plazo bastante breve, ya sea por renuncia de los acusados (que querían que la presión sobre ellos terminara rápidamente) o por la realización del juicio político, Kirchner se desembarazó de muchos de los magistrados a los que se vinculaba con el menemismo (...). Por otra parte, ante la demanda de organizaciones vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos, se decidió la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (...) y se inició una estrategia de impugnación de muchas de las medidas tomadas durante el período democrático que incluyó (...) el pedido de disculpas de Néstor Kirchner en la inauguración del Museo de la Memoria en la ESMA (...)". Lebermann añade que " (...) carente de un apoyo partidario tradicional, el Presidente necesita a la vez ensanchar su base de apoyo sin perder en ningún momento las señas de identidad que fijó como elementos constitutivos. La cuestión de los derechos humanos es una de esas señas. A lo largo de su gobierno y el de su sucesora, el gobierno va a impulsar fuertemente el juzgamiento de los responsables de la última dictadura militar”. Y menciona como otros ejemplos los cambios en el Ejército y la policía, junto con la transformación de varios ex-centros clandestinos de detención en espacios culturales. Zelaznik apunta que las organizaciones de DDHH "se habían colocado siempre al margen de los sucesivos proyectos políticos surgidos en la etapa democrática. Desde el inicio de su mandato, Kirchner convirtió al tema de las violaciones a los derechos humanos en uno de los ejes articuladores de la identidad política del kirchnerismo. (...) la mayoría de las organizaciones de derechos humanos se incorporaron a la coalición social kirchnerista, siendo el caso más paradigmático el de mas Madres de la Plaza de Mayo (...)".

Por otra parte, como aporta Rossi, "el gobierno hizo fuerte hincapié en la necesidad de no “criminalizar el conflicto social”, limitándose en la utilización de mecanismos represivos (...). (...) la administración kirchnerista fijó además una posición cercana a los sectores denominados garantistas, que remarcan la problemática de la desigualdad y de las carencias sociales como la variable fundamental para explicar el incremento del delito (...). Estas iniciativas de Néstor Kirchner consolidaron una relación de cercanía con grupos que no provenían del Partido Justicialista, que habían tenido experiencia en anteriores administraciones como la de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, y conformaron un sector que reivindicó un apoyo extrapartidario al gobierno, caracterizado como “transversal”". Mocca agrega que "en (...) 2005, el presidente había lanzado una nueva fórmula, alternativa de la “transversalidad”, ya muy diluida a esas alturas: lanzó la “Concertación Plural”. La novedad principal consistía en una convocatoria a un sector del radicalismo con el que se venía avanzando en las conversaciones. Una vez más, se pretendía reformular el sistema de partidos; en este caso aprovechando el debilitamiento y la fragmentación política del radicalismo".

Hay que añadir aquí la estrategia llevada adelante frente las organizaciones piqueteras; Zelaznik precisa que aquellas "habían surgido desde los márgenes del sistema político y lejos de los favores de los gobiernos. La apertura hacia los movimientos piqueteros se basó en una forma distinta de relación con sus organizaciones, que incluía la cooptación de algunos de sus líderes, la distribución de recursos materiales para facilitar el funcionamiento de sus organizaciones y, fundamentalmente, la búsqueda del diálogo antes que le represión como estrategia de desactivación del conflicto social. Ello facilitó la incorporación de las organizaciones piqueteras más numerosas y dinámicas a la base social de apoyo del kirchnerismo".

Volviendo al relato de Rossi, y de acuerdo con el modelo neo-desarrollista que se intentaba llevar adelante de crecimiento sustentable apoyado en la recuperación del sector industrial, "(...) Néstor Kirchner se encontró frente a la necesidad de dinamizar el consumo interno, lo que requería el incremento de la capacidad de compra de los asalariados (...). Para favorecer el aumento del poder de compra de la población asalariada, el gobierno kirchnerista adoptó un conjunto de políticas activas, entre las que se incluyeron incrementos de sueldos y la elevación del salario mínimo, vital y móvil, por medio de decretos de necesidad y urgencia; así como el impulso a la realización de negociaciones colectivas por actividad, que permitieron reunir a sindicatos y cámaras empresarias en el Consejo del Salario. En esas negociaciones, el Ministerio de Trabajo tuvo una posición favorable a las demandas de los trabajadores, intercediendo para que se diera respuesta favorable a muchos de sus reclamos, e incluso tramitando con otras áreas del gobierno (...) la concesión de subsidios para hacer posible los incrementos reclamados por los gremios afines". Y, en un mismo registro, continúa con que "en ese sentido, es ilustrativo examinar el modo en que el sindicato de camioneros ha operado durante el período de Néstor Kirchner, como un claro modelo en la fijación de pautas salariales y de condiciones de trabajo, que se convirtieron en una especie de límite para que los demás gremios ajustaran sus reclamos, sin arriesgar la estabilidad del esquema macroeconómico sostenido por el kirchnerismo (...). En relación con el incremento de los salarios, los sindicatos consiguieron aumentos en segmentos de trabajadores del sector formal y que estaban vinculados con algunos de los rubros que más rápidamente estaban recuperando sus niveles de producción previos a la crisis (que se había profundizado en 2.002), aun cuando siempre se buscó que dichos incrementos fueran consistentes con los objetivos antiinflacionarios del gobierno, que temía que una espiralización de incrementos de precios a partir de mejoras salariales pudiera deteriorar la capacidad de compra de los haberes y por ende ahogar el proceso de reactivación económica, además de acelerar el conflicto social por los mayores reclamos de grupos piqueteros ante el rezago de las prestaciones brindadas por los distintos programas sociales".

Además, "el rol moderador de los reclamos en las negociaciones se sumó a la presión de determinados sindicatos para conseguir el reencuadramiento de los trabajadores de ciertas actividades. En ese plano, también es muy ilustrativo el comportamiento de la central de camioneros, que se vinculó con trabajadores que eran de otros sindicatos, perjudicándose la organización de los mercantiles, encabezada por Armando Cavalieri, uno de los representantes del denominado “sindicalismo de negocios”, que durante la década de los noventa se había beneficiado, adaptándose a las reformas introducidas por el menemismo. La estrategia de los sindicatos más cercanos al gobierno se vio favorecida por una posición “complaciente” de la cartera laboral, la cual no solo tuvo una mediación muy activa en defensa de los trabajadores en las situaciones conflictivas frente a las organizaciones empresariales, sino que propició el funcionamiento de los mecanismos de negociación colectiva, creando instancias para la interacción permanente entre trabajadores y empresarios, en un marco de recuperación de la actividad económica, de abaratamiento de los costos laborales en términos internacionales y de encarecimiento de los bienes de capital traídos del exterior (revirtiendo los condicionantes de la década pasada)".

En unas pocas líneas, Zelaznik pinta el cuadro general de la relación entre el movimiento obrero organizado y el gobierno de Néstor Kirchner, resaltando que "muchos sindicalistas habían sido parte de la coalición menemista, por lo que el eje de la coalición con las organizaciones obreras se centró en Hugo Moyano, quien consistentemente se había opuesto a las medidas económicas de Menem. (...) Si bien esa alianza dejaba de lado a la mayoría de los sindicalistas menemistas, también excluía de la coalición kirchnerista a otras formas de organización más progresivas y plurales como las que expresaba la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) (...)".

Por lo tanto, la pulseada interna por la conducción de la CGT, fracturada en dos ramas (la otra liderada por Rodolfo Daer durante el gobierno de la Alianza) se decidió en favor del sector que lideraba Hugo Moyano, lo cual anticipó el peso de este actor en la estructura de poder de la alianza en formación.

Como destaca Lebermann, "desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003 se embanderó la cuestión de resolver la inequidad social, tanto a través de planes más inmediatos y asistencialistas, como de soluciones más estructurales. Allí se enmarca el aumento cuantitativo y cualitativo del alcance de los planes sociales, como el Plan “Manos a la obra de 2003, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, también de 2003, y el Programa Familias por la Inclusión Social de 2005, todos implementados desde el Ministerio de Desarrollo Social, y que se suman a los diversos planes y programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (...) Todo esto implica, en contraposición al menemismo, una clara expansión de las funciones sociales del Estado. De todas formas, el mismo gobierno reconocía que esto no era suficiente para resolver los problemas de fondo de desempleo y pobreza, cuyos niveles continuaban siendo altos. (...) El gobierno kirchnerista, aparte de las políticas sociales ya mencionadas, ha impulsado aumentos en el salario mínimo; la expansión y aumentos en los convenios colectivos de trabajo y la extensión masiva y el aumento de las jubilaciones mínimas". Además, Rossi aporta que "se reformuló el Plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, intentando vincular a los beneficiarios en mayor medida con el mercado de trabajo formal y por ende con las organizaciones sindicales con las que se habían establecido buenas relaciones. Para conseguir ese fin, el Plan Más y Mejor Trabajo apuntaba a mejorar la empleabilidad de las personas desocupadas (que en muchos casos arrastraban varios años de desconexión con el trabajo, lo que había deteriorado muchas de sus capacidades) y las que poseían planes de empleo y promover su inserción laboral en empleos de calidad, con mejor cobertura y mayores niveles de productividad; siendo las acciones llevadas a cabo para ello, la inserción en empleos formales, el apoyo para la formación profesional de los que buscaban trabajo, la orientación laboral y el apoyo a la búsqueda empleo y el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas por los trabajadores".

Podemos convenir en base a todo lo dicho anteriormente que el kirchnerismo, como nueva corriente política hegemónica al interior del partido justicialista, retoma en gran medida los valores arraigados en la tradición político-cultural del peronismo: la apelación constante a las raíces de un movimiento nacional y popular (que incluye a un amplio abanico de actores, y no solamente a los sectores trabajadores); las políticas públicas adoptadas que otorgan beneficios materiales y organizacionales a la clase trabajadora; los estrechos lazos con el movimiento obrero organizado; los tres principios doctrinarios (independencia económica, soberanía política, y sobre todo, justicia social); las movilizaciones y manifestaciones en las calles como formas de demostración de apoyo político; etcétera. Esto quiere decir que permanece fiel a una identidad programática, a diferencia del menemismo. En este sentido, el kirchnerismo incluye en su coalición social elementos insertos en la subcultura peronista: como dice Zelaznik, "la relación con el movimiento obrero organizado expresa más continuidades (...), ya que se trata de un actor con una mayor tradición e integración a la vida política argentina"; es aquél un actor tradicionalmente aliado al peronismo.

Por otro lado, el kirchnerismo incorpora a su base de apoyo nuevos actores, surgidos más recientemente en la historia argentina, actores estos más progresivos y marginales, y ajenos a las fuerzas políticas tradicionales que componían la subcultura peronista: por un lado, los organismos de derechos humanos, que habían logrado una destacada participación tanto durante la última dictadura militar en el país (denunciando los crímenes cometidos por el régimen castrense) como luego, durante los 80, con un rol superlativo en los procesamientos judiciales de los implicados en los delitos de lesa humanidad cometidos en el periodo dictatorial de 1976-1983; y por el otro, las organizaciones piqueteras, actores que cobran gran importancia a partir de la crisis del año 2001, y que emergen como consecuencia de las políticas neoliberales implementadas durante los años del menemismo, con sus efectos de exclusión y marginalización social.

A pesar de que durante el transcurso de los años se fueron sumando otros actores (como mencionaba Zelaznik, tales como intelectuales progresistas, los jóvenes, organizaciones políticas progresistas y de izquierda, etcétera) los que se han mencionado conformaron inicialmente la coalición ideológico-política de apoyo al gobierno de Néstor Kirchner, quien de esta manera reconfiguró hábilmente a su favor las relaciones de poder en la escena política, corriendo las preferencias del electorado hacia las opciones de centroizquierda del espectro político. Su característica de hábil administrador se examinará en la siguiente dimensión.

Se reconoce en Néstor Kirchner la figura de un líder carismático, astuto y capaz para llevar adelante negociaciones con los más diversos actores; el ejemplo que mejor ilustra esta apreciación es el hecho de haberse despegado de la influencia de la figura de Eduardo Duhalde, a quien en gran medida se debió la victoria conseguida en las urnas en las presidenciales del año 2003, desplazándolo así de la conducción del aparato partidario del justicialismo. Ensanchó su base de apoyo político, como se vio antes, incorporando sectores hasta entonces excluidos o marginados del poder, y recuperó la adhesión de una gran masa de la clase trabajadora, a través de políticas públicas que favorecieron los intereses de estas últimas; estos dos compromisos anudados, además, tuvieron el efecto de reducir las manifestaciones y movilizaciones callejeras en contra del gobierno, desactivando así la efervescente protesta social que había surgido con la crisis del año 2001. Gracias al esquema coparticipativo del federalismo argentino, que concentra sobremanera los recursos fiscales en el Ejecutivo nacional, supo manejar a estos para conquistar el apoyo de gobernadores e intendentes, tanto de su partido como del opositor UCR, y aislando a quienes no le fueron leales. Un último elemento importante tiene que ver con los recursos institucionales del Ejecutivo nacional y el poder de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU´s). ¿Fue el estilo de gobierno de Néstor Kirchner neodecisionista, como el de la presidencia de Carlos Menem? Eso se verá a continuación.

Como dice Santiago Leiras, "siguiendo lineamientos definidos por sus antecesores, el ex presidente Néstor Kirchner ha sustentado el ejercicio de su gestión gubernamental sobre la base de la invocación de la emergencia (...) como principio de legitimidad, con la correspondiente apelación a la utilización de recursos de excepción, en detrimento de los procesos deliberativos propios de la democracia representativa.
(...) el despliegue de un estilo discrecional de acumulación política ha tenido lugar en el marco de una situación de emergencia institucional, constituyéndose la misma en fuente permanentemente invocada para así legitimar el incremento de prerrogativas institucionales en manos del poder ejecutivo nacional. (...) En efecto, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Néstor Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta abril de 2006, Kirchner firmó 176 decretos de necesidad y urgencia – 48 en 2003, 63 en 2004, 46 en 2005, y 19 en los primeros cuatro meses del 2006-. La estadística arroja así un promedio de 58,66 decretos por año, frente a los 54,5 de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 decretos de necesidad y urgencia durante sus diez años y cinco meses de gobierno— (...)”[xviii].
Y continúa con que "los mismos fueron firmados tanto para asuntos trascendentes para el país -como reestatizar la empresa Aguas Argentinas, modificar en forma reiterada el presupuesto nacional, autorizar al ministro del Interior a otorgar subsidios sin control, destinar millones de pesos extra para hacer obras viales en su Santa Cruz natal y otras obras públicas en varias provincias, crear la Policía de Seguridad Aeroportuaria, extender por 10 años todas las licencias de radio y televisión- como para cuestiones de quizás menor importancia, como cambiar el nombre del Ministerio de Salud (...).

Paula Gálligo agrega que "en Agosto del año 2006 se aprueba la reforma a la Ley de Administración Financiera, por medio de la cual se le otorgan al Jefe de Gabinete, de manera permanente, amplias facultades para modificar el presupuesto, sin que medie autorización del Poder Legislativo. Además, el Jefe de Gabinete queda eximido de los límites que la Ley de Responsabilidad Fiscal impone al gasto. Esta ley de “superpoderes” profundiza la discrecionalidad en el manejo de los fondos del Estado, elimina la transparencia en su administración y revela el perfil de un gobierno que busca concentrar todo el poder, dando lugar a un “decisionismo presupuestario”, devaluando y modificando el papel y las funciones propias del Congreso"[xix]

Y luego precisa que "el artículo 99 de la Constitución reformada advierte que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Sin embargo, en el párrafo siguiente establece que“ solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros”, asumiendo funciones legislativas propias del Congreso".
En tal registro, observa que "ante el silencio de la ley, surgen los problemas de cómo se establece la existencia de esa imposibilidad y qué se considera de necesidad y urgencia. (...) Asimismo, el nuevo texto constitucional establece la creación de una Comisión Bicameral Permanente que debía reunirse cada vez que el Ejecutivo firma un DNU, analizarlo y elevar su dictamen “en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras”. Su “composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara”".

Así, "uno de los objetivos que se perseguía en la creación de la Comisión Bicameral era dar un freno al accionar del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Comisión nació doce años después (en el año 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner a través de la ley 26.122 que regula la intervención del Congreso en los DNUs) y en sus primeros años de labor sólo se dedicó a ratificar los Decretos presidenciales". Y por eso advierte que "la ley 26.122 falla en no fijar un plazo para que las Cámaras pronuncien la validez o invalidez del DNUs analizado, y en establecer que el silencio de ambas cámaras o el rechazo de sólo una de ellas bastará para que sea aprobado".

Reforzando las anteriores consideraciones de Leiras sobre este tópico, Gálligo destaca que "a pesar de controlar la mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, el ex Presidente modificó, a través de DNUs, la Ley de Administración Financiera, la Ley de Ministerios, aumentó los salarios y jubilaciones, estableció la doble indemnización, aumentó los subsidios de Jefes y Jefas de Hogar para las fiestas y aprobó el 1º Volumen de la Séptima Edición de la Farmacopea Argentina. Por medio de la firma de DNUs también se reestatiza la empresa Aguas Argentinas, se crea la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se autoriza a utilizar las reservas del Banco Central para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

En síntesis, como apunta Leiras, "estas facultades conocidas como “Superpoderes”, sumadas a la reiterada utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia y las sucesivas declaraciones de emergencia, (...) justificaron una concentración cada vez mayor de facultades en la figura presidencial en detrimento de otros actores políticos en la toma de decisiones". Por todo ello, se puede decir que el liderazgo presidencial de Néstor Kirchner mantuvo continuidades con el estilo neodecisionista del periodo Menemista, y que los DNU´s representaron un elemento de elevado peso específico para explicar cómo sorteó el problema de su débil legitimidad de origen y pudo llevar adelante en gran medida su programa de gobierno, en lo cual sobresale la redefinición del modelo de Estado neoliberal heredado de los 90.

Nuevamente apoyándonos en el estudio de Rossi, se puede decir que "en el plano económico, el kirchnerismo intentó marcar ciertos puntos de quiebre respecto de los sucedido en la década anterior, fundamentalmente en lo referido al rol del Estado en cuanto asignador de recursos, y los mecanismos para controlar el funcionamiento del mercado. Durante el período kirchnerista, el Estado recuperó un papel de importante asignador de recursos en el campo socioeconómico, utilizando diversos mecanismos como el control de precios, la concesión de subsidios o la intervención en el comercio exterior a través de aranceles, derechos de exportación o cupos en relación con determinados países. Además, se produjo la estatización de varias empresas prestadoras de servicios públicos, ya sea porque se determinó que no cumplían con muchas de las condiciones impuestas en los pliegos de concesión o porque las empresas prefirieron negociar su salida del país en términos “amistosos”, obteniendo algún tipo de compensación. En tal sentido, también es importante mencionar otra práctica usual que fue la venta de empresas por parte de grupos internacionales a ciertos empresarios vinculados con el gobierno. La estrategia para lograr estos objetivos fue la aplicación de medidas discrecionales, habilitadas por la Ley de Emergencia Económica, en cuanto al régimen tarifario, los programas de inversión y los mecanismos de subsidio para la implementación de precios diferenciales. Además, se utilizó la estrecha vinculación entre el gobierno y algunos gremios claves en esas actividades para, a través de una estrategia de confrontación, dificultar el funcionamiento de muchas de esas actividades, provocando el incumplimiento de muchos de los compromisos contraídos en los pliegos de licitación que habían dado lugar a las privatizaciones. Esa decisión le permitió incorporar en su coalición gubernamental a ciertos sectores empresariales, que recibieron beneficios concretos en cuanto a acceso a mercados, créditos baratos y subsidios, garantizando a cambio un espacio privilegiado para los sindicatos y una política, que como veremos, derivó en una permanente suba de los salarios nominales. Ese denominado “capitalismo de amigos” generó alianzas que no solo permitieron consolidar apoyos para el kirchnerismo en el gobierno, sino que garantizaron enormes transferencias en materia de inversiones hacia los sectores beneficiados".

Justamente, para garantizar la sustentabilidad del programa económico implementado por Roberto Lavagna en la administración duhaldista, sosteniendo el crecimiento del sector industrial, Néstor Kirchner se encontró frente a la necesidad de dinamizar el consumo interno, lo que requería el incremento de la capacidad de compra de los asalariados, aunque sin poner en discusión el incremento de la competitividad logrado con la devaluación de la moneda, que había derivado en una baja en el costo laboral en términos de moneda extranjera, utilizando buena parte de la capacidad ociosa resultante del fuerte proceso de inversión en activos de la década del noventa y el derrumbe de la producción, agudizado tras la devaluación.

De esta manera, se ha roto en gran medida con el paradigma estatal neoliberal. En este sentido, el modelo neodesarrollista de Estado que intenta llevar a la práctica el kirchnerismo busca deliberadamente revertir las políticas implementadas durante la década del 90 por el Menemismo, por la vía de la reestatización de empresas; el control de precios, la concesión de subsidios o la intervención en el comercio exterior a través de aranceles, derechos de exportación o cupos en relación con determinados países; la revalorización del capital productivo y un proyecto de reindustrialización; el control de las reservas de divisas del banco central y el rol creciente de esta entidad en la dirección de la política económica nacional (independiente del control externo característico de las “relaciones carnales”); etcétera. En suma, como mencionaba Rossi, lo que se modifica es el papel del Estado, que gradualmente se expandirá y abarcará mayores ámbitos de actividad de la realidad, y no sólo se limitará a los aspectos relacionados con la dimensión económica (un ejemplo de ello lo brinda la política y los planes sociales impulsados desde el gobierno).

Pese a que el objetivo delineado al principio de este estudio se trazaba como límite el origen del kirchnerismo como corriente política hegemónica al interior del partido justicialista, resultó necesario hacer un breve repaso por la década del 90 y las presidencias de Menem, para brindar un panorama general respecto a las dimensiones que consideramos relevantes para entender como Néstor Kirchner logró superar su problema de escaso porcentaje de legitimidad en las urnas; de esta manera, se tornó imprescindible caracterizar cómo se presentaban aquellos elementos, para posteriormente observar la manera en que Kirchner los utilizó con el fin de ensanchar su base de apoyo político y revertir su posición de debilidad en la escena política nacional. Queda planteado para el futuro un nuevo trabajo, es decir, un estudio comparativo de las dimensiones y elementos que aquí se han tenido en cuenta, entre las presidencias de Menem y la de Kirchner, que por cuestiones de parsimonia analítica no se ha podido profundizar.

Luego de este largo desarrollo teórico, se advierte que el problema de contar con una estrecha base de apoyo obliga al gobierno de Néstor Kirchner a apoyarse en una serie de elementos presentes en el sistema político argentino: principalmente, las redes clientelístico-territoriales de la maquinaria del partido justicialista, por un lado, y los recursos institucionales del Ejecutivo nacional (destacándose la práctica de legislar a través de los DNU´S), por el otro. Sin embargo, como se ha puesto de relieve, no se debe desestimar el peso de la tradición político-cultural peronista, retomando el kirchnerismo en gran medida sus valores y principios, lo cual se refleja tanto en su discurso como en su proyecto político desplegado. En esa línea, hay que comentar que el proceso de metamorfosis de la representación política que afecta a la mayoría de los partidos políticos contemporáneos, por el cual sus líderes compiten a través de los medios de comunicación de masas, dejando de lado la estructura partidaria; digo, que este fenómeno no ha desarticulado el aparato partidario peronista, lo cual desde esta lectura se toma como uno de los elementos que incrementan sus posibilidades de gobernabilidad, conformando un entramado de intercambios materiales claves para conseguir apoyo político.

Por otra parte, el liderazgo y capacidad de Kirchner ha sido una gran determinante de la consolidación de su fuerza política en la escena nacional; en este sentido, la coalición ideológico-política conformada durante sus primeros años de gobierno revela una estrategia inteligente de imponer un nuevo clivaje (centroizquierda-centroderecha) y de incorporar a ciertos actores marginados del poder (como organizaciones piqueteras, producto genuino de la crisis del año 2001) y otros que nunca habían tenido participación en él (como las organizaciones de derechos humanos). De este modo, activó un principio de diferenciación política que oponía al modelo neoliberal, a estas alturas totalmente desprestigiado, a un nuevo proyecto neodesarrollista, que suscitaba renovadas esperanzas en la ciudadanía. Todos estos pueden considerarse como los elementos innovadores que trae a la política argentina el kirchnerismo.

En sintonía con ello se encuentra el modelo de Estado kirchnerista. Se puede decir que, junto con los anteriores elementos descriptos, conforman un nuevo proyecto hegemónico, es decir, reconfiguran las relaciones de poder entre los actores en el campo político. Teniendo presente el fenómeno de la crisis económica mundial, cabe preguntarse ¿nos encontramos ante una nueva coyuntura crítica, que redefina las relaciones de fuerza que estableció desde 2003 hasta aquí el kirchnerismo? Sumado a ello, hay que agregar que las elecciones presidenciales del año 2015 representan un problema y un punto de inflexión en el destino de esta fuerza política que nos hemos propuesto estudiar: ante la imposibilidad de relección de su líder, se plantea la pregunta de quién será su sucesor. ¿Se alineará el peronismo detrás de una sola candidatura, o se fragmentará entre distintos contendientes, reduciendo de esta última forma sus posibilidades de ganar? El futuro es abierto; ensayar una respuesta resulta complicado. Pese a ello, este estudio ha brindado ciertos elementos imprescindibles que establecen límites y posibilidades para la política en la Argentina, en la cual el kirchnerismo como actor ocupa un lugar sin lugar a dudas relevante.

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Referencias:

[i] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales

[ii] Lechner, Norbert (1996). "¿Por qué la política ya no es lo que fue?". Revista Leviatán. Nº 63. España.

[iii] Lebermann, Carolina. "Neoliberalismo y carácter de la ruptura con el mismo, en los casos de Hugo Chávez, y Néstor y Cristina Kirchner". Disponible en www.revcienciapolitica.com.ar. Nº 14. "Economía V".

[iv] Rossi, Alejandro M. "Fortalezas y tensiones en el proyecto kirchnerista". Disponible en www.revcienciapolitica.com.ar. Nº 11. "Economía II".

[v] Manin, Bernard (1998). "Los principios del gobierno representativo". Alianza, Madrid.

[vi] Mair, Peter (1999) "¿Hay un futuro para los partidos?" Seminario de estudio “El futuro de los partidos, los partidos del futuro”. Asociación CRS/Democrática de Izquierda Dirección Nacional. Roma, 24 de junio de 1999.

[vii] Scherlis, Gerardo (2009). "El partido estatal estratárquico de redes. Apuntes sobre organización política en la era de los partidos no representativos", Homo Sapiens, Rosario.

[viii] Bosoer Fabián y Leiras Santiago (2001) Los fundamentos filosófico-políticos del Decisionismo Presidencial: Argentina 1989-1999 ¿una nueva matriz ideológica para la democracia Argentina? en Pinto Julio (compilador) "Argentina entre dos siglos: la política que viene". Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires.

[ix] Acuña, Carlos H. (1995). "Política y economía en la Argentina de los noventa (o por qué el futuro ya no es lo que solía ser)". Revista América Latina Hoy. Números 11-12. Diciembre.

[x] Roberts, Kenneth (2002). El sistema de partidos y la transformación de la representación en la era neoliberal latinoamericana en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina, Juan Manuel (compiladores) "El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal", Homo Sapiens, Rosario.

[xi] Baldioli, Alberto Amadeo (2003): "Neodecisionismo en América Latina: entre la apatía y la participación cívica. Argentina y Brasil (1989-1992)". Revista Debates Latinoamericanos. Nº 1. Centro Latinoamericano de Estudios Avanzados- CLEA. Buenos Aires.

[xii] Leiras, Santiago (2007): “De Carlos Menem a Néstor Kirchner: cambios y continuidades en la democracia argentina”. VIII Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad del Salvador. Buenos Aires. 6 al 9 de noviembre de 2007.

[xv] Zelaznik, Javier (2011). Las coaliciones kirchneristas en Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (coordinadores) "La política en tiempos de los kirchner", Eudeba, Buenos Aires.

[xvi] Torre, Juan Carlos (2003). "Los huérfanos de la política de partidos". Revista Desarrollo Económico. Nº 168. Volúmen 42. Enero-marzo. Buenos Aires.

[xvii] Mocca, Edgardo (2009) "Clivajes y actores políticos en la Argentina democrática". Revista Temas y Debates. Año 13. Nº17. Agosto. UNR Editora, Rosario.

[xviii] Leiras, Santiago C. "De Néstor Kirchner a Cristina Fernández: entre la continuidad y el cambio". Disponible en www.revcienciapolitica.com.ar. Nº 12. "Actualidad I".

[xix] Gálligo, Paula. "Neodecisionismo y Democracia: Los gobiernos de Carlos Saúl Menem y Néstor Kirchner con sus presidencias imperiales". Disponible en www.revcienciapolitica.com.ar. Nº 7. "Instituciones y procesos gubernamentales III".