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Revista Nº35 "MEDIO AMBIENTE" |
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Discusión de categorías relativas a la cogestión hídrica para su abordaje en una localidad del centro de México Discussion of categories related to water management for its approach in a town in central Mexico María Luisa Quintero-Soto[1], José Marcos Bustos-Aguayo[2], Margarita Juárez-Nájera[3], Gerardo Arturo Limón-Domínguez[4], Bertha Leticia Rivera-Varela[5], Cruz García-Lirios[6] Resumen Grosso modo, la cogestión hídrica es un modelo de negociación, acuerdos y corresponsabilidad entre dos actores que comparten un problema común. Se trata de los efectos del cambio climático sobre la salud pública ambiental. El propósito del trabajo es complejizar un modelo para el estudio de una alternativa de solución a la problemática enunciada: la cogestión hídrica. Se realizó un estudio documental, transversal y exploratorio con una selección de fuentes indexadas a repositorios nacionales, considerando el año de publicación y la inclusión de las palabras clave. Se advierten vicisitudes en torno a las fuentes de información, la técnica y la amplitud del modelo, recomendándose su contrastación una vez que se recurra a repositorios internacionales y se emplee una técnica más sofisticada de procesamiento de información, así como la inclusión de factores que explican el regionalismo o el multilateralismo como ejes de políticas de cambio climático derivadas de las Cumbres de la Tierra. Palabras clave –Cambio climático, salud pública, cogestión hídrica, modelo, complejidad Abstract Roughly, water co-management is a model of negotiation, agreement and co-responsibility between two actors who share a common problem. These are the effects of climate change on environmental public health. The purpose of the paper is to develop a model for the study of an alternative solution to the problematic stated: water co - management. A documentary, transversal and exploratory study was carried out with a selection of sources indexed to national repositories, considering the year of publication and the inclusion of the keywords. There are vicissitudes around the information sources, technique and breadth of the model, recommending its testing once international repositories are used and a more sophisticated information processing technique is used, as well as the inclusion of factors that explain Regionalism or multilateralism as axes of climate change policies derived from the Earth Summit. Keywords –Climate change, public health, water co-management, model, complexity Introducción El objetivo del presente trabajo es complejizar –delimitar y problematizar la información relativa a la cogestión hídrica– un modelo para el estudio de este nuevo paradigma en materia de cogobierno o gobernanza de la sustentabilidad hídrica. La cogestión hídrica, para los fines del presente trabajo, refiere a un sistema de negociación, mediación, concertación, arbitraje y enjuiciamiento orientado a superar la gestión estatal y la autogestión comunitaria, integrando ambas visiones que, aunque han sido planteadas como irreconciliables, es imperativa su concordia ante el aumento de las crisis y desastres naturales, contingencias ambientales y catástrofes ecológicas (Bustos, Ganga, Llamas y Juárez, 2018). De este modo, la cogestión hídrica se distingue de la gestión estatal en tanto qué esta última refiere a una política ajustada a los lineamientos internacionales de las cumbres de la Tierra, el multilateralismo y el regionalismo, así como la consulta de expertos, pero en la discrecionalidad de funcionarios, autoridades y gobernantes (Carreón, 2012). La cogestión hídrica también se diferencia de la autogestión en tanto que ésta alude a las necesidades y expectativas de la sociedad civil ante la gestión estatal, o bien, en el mejor de los casos, refiere a las capacidades en función de las oportunidades de vinculación, negociación y transferencia de conocimiento entre instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil (Carreón et al., 2014). En ambos casos, gestión estatal y autogestión comunitaria, prevalece el unilateralismo y verticalismo informativo y comunicativo entre los actores políticos y sociales. Ante el incremento de los efectos del cambio climático sobre la salud pública ambiental es menester perfilar un nuevo paradigma y modelo de cooperación entre gobernantes y gobernados con la finalidad de preservar los recursos naturales y los servicios públicos determinantes del desarrollo local (García, 2005). Teoría de la Cogestión Hídrica Los marcos teóricos y conceptuales que explican la cogestión hídrica incluyen: 1) Teoría de la justicia, 2) Teoría de las representaciones, 3) Teoría de la politización, 4) Teoría de la participación, 5) Teoría de las oportunidades, 6) Teoría de los movimientos, 7) Teoría de los recursos (Sandoval, Bustos y García, 2018). La cogestión hídrica supone una corresponsabilidad a partir de una negociación y acuerdos que centran su interés en una agenda de bienes comunes. Empero, cuando eso no es posible, subyace una expectativa de injusticia, la cual no sólo indigna, enardece o desespera a la sociedad civil, sino además cultiva una representación de sus oportunidades y sus capacidades de organización, principalmente en cuanto a confrontación con la autoridad se refiere (Juárez, García, Bustos, Sandoval y Molina, 2018). La teoría de la justicia explica fehacientemente una reacción ante lo que se considera una incertidumbre, una desventaja y una incapacidad. Se trata de un corpus teórico que circunscribe las habilidades y los conocimientos humanos a cuestionamientos y soluciones en torno a las asimetrías evidentes entre gobernantes y gobernados (Carreón, Hernández y García, 2017). Si la justicia es resultado de un desbalance de oportunidades y capacidades, entonces la acumulación de injusticias forja una representación central ante la cual se circunscriben expectativas inmediatas de justicia (Carreón et al., 2016). La teoría de las representaciones, a diferencia de la teoría de la justicia, plantea que cuando los gobernantes emiten información relativa a sus privilegios con respecto a las carencias de los ciudadanos se gesta un núcleo de cuestionamientos y estrategias orientadas a compensar las asimetrías (García, 2006). En tales sentidos, el de la justicia y el de la representación, o bien, el de la lógica de la escasez y la lógica de la abundancia, la cogestión hídrica no ha nacido porque ésta alude a ética de la corresponsabilidad más que a la convicción de que los procesos se gestan por la escasez o la abundancia (García, 2012). La lógica de la escasez supone un incremento de la percepción de injusticia, la cual refleja la dominación de la clase política sobre la sociedad civil y la lógica de la abundancia explica la movilidad para reducir tales diferencias, pero no soluciona el problema del cambio climático y sus efectos sobre la salud pública ambiental. Es el caso de la escasez de recursos y su impacto en el desabastecimiento de servicios públicos como el agua que explica la mayor cantidad de muertes por ingesta contaminada en la población infantil (García et al., 2012). La ética de la responsabilidad, lejana a la lógica de la escasez y la abundancia, es más bien una serie de conocimientos, habilidades y saberes que, sin embargo, no alcanzará su madurez hasta que no se aplique a la negociación orientada necesariamente a un consenso para la conservación de los recursos naturales y su reflejo en la calidad de los servicios públicos (García et al., 2015). Pues bien, la justicia y la representación anteceden a la politización que se distingue por su grado de reflexión y critica a un régimen, consecuentemente es un entorno de información polarizada; en contra y a favor de las decisiones, en este caso la gestión estatal en cuanto al uso de los recursos naturales y su transformación en servicios municipales, aunque tal politización no supone una acción colectiva o movilización social, es el preámbulo para tales fines (García et al., 2017). En cierto modo, la justicia y la representación son factores prevalecientes en la sociedad civil, pero cuando ésta se politiza alcanza niveles de inconformidad y desobediencia que los orilla al emprendimiento y la innovación, pero no sólo en un sentido utilitario sino, además en un sentido de autogobierno (Pérez et al., 2016). Las ecoaldeas, los ecobarrios y las ecociudades son muestras de autogobierno que sólo reflejan una participación organizada de sectores instruidos o comprometidos de la ciudadanía, pero más allá de esta participación comunitaria o ambiental, subyacen otras formas de participación que no siempre incluyen al Estado como regulador o protector de los intereses civiles organizados (García, 2005). La teoría de la participación distingue entre la conservación y preservación ambientalista que obedece a motivos locales y comunitarios de la participación social, política y democrática que se gesta por un cuestionamiento del gobierno y una confrontación contra las fuerzas del orden (Sandoval et al., 2017). En un sentido colectivo, las problemáticas de escasez y desabastecimiento hídrico suponen una defensa del territorio que la sociedad civil auspicia si sus expectativas son de amplio espectro como una amenaza a sus generaciones futuras (García et al., 2012). En un sentido político, la sociedad está dispuesta a que sus organizaciones se acoplen con instituciones del estado a fin de poder preservar una especie animal o vegetal, pero tal estructura participativa no sólo depende del acceso a información y un debate público sino, además se espera que la sociedad civil atribuya el problema a la corrupción política, la impericia gubernamental o ilegitimidad de las estrategias públicas (García, 2011). La participación política deja de serlo cuando el movimiento social se orienta hacia un cambio de gobierno por la vía de la democracia como es el caso de la contienda y la elección de sus representantes. En tal sentido, el eje que va de la unión nacional por la defensa de un patrimonio común a través de los procesos democráticos supone dejar en manos de las instituciones las soluciones a los efectos del cambio climático sobre la salud pública como sería el desabastecimiento hídrico, la insalubridad e ingesta de agua contaminada, la muerte de poblaciones infantiles y el advenimiento de epidemias (Carreón, 2016). A menudo, las instituciones estatales, lejanas de la justicia, la representación y la politización civil, implementan estrategias de oferta de servicios públicos con base en un tabulador de precios sin considerar el significado que para los sectores civiles tienen los recursos y sus servicios públicos inherentes (García et al., 2014). La administración pública que se aleja de las demandas y necesidades civiles, propician expectativas ciudadanas que alimentan su politización y con ello su organización en una diversidad de movimientos sociales (Valdés, Bustos y García, 2018). Es decir que, según reza la teoría de las oportunidades, si las instituciones dan cause a las exigencias y capacidades civiles, retardan un conflicto que se intensificará si estas instituciones no generan los espacios, mecanismos e interlocutores para negociar con representantes civiles un sistema tarifario, la calidad de los servicios y la atención a grupos vulnerados por los efectos del cambio climáticos sobre la salud pública ambiental (Sandoval et al., 2017). Empero, la teoría de las oportunidades, contraria a la teoría de la participación, anticipa escenarios de movilización civil derivados de la exclusión civil en las decisiones, programas y estrategias públicas. Incluso, la teoría de las oportunidades advierte que si el Estado no simula cuando menos atender las problemáticas de desabastecimiento abre la puerta a un fenómeno conocido como movilización colectiva o acción social (García, 2012). En tal sentido, la teoría de los movimientos sociales explican que cada decisión estatal afecta la calidad de vida de sus ciudadanos y cuando éstos han accedido y procesado información suficiente, se organizan en torno a un objetivo común como es la destitución de funcionarios, el acoso de autoridades, la ridiculización de sus políticas, boicots a instalaciones, secuestros de unidades de abastecimiento, invasión de fuentes de abastecimiento, cierre de avenidas, proselitismo en contra de candidatos y a favor de propuestas que atiendan sus demandas, o bien, alianzas con sectores instruidos o radicales (Carreón et al., 2017). La movilización social, a diferencia de la justicia social, no sólo demanda un cambio sino, además lo genera. Se distingue de la representación social por su grado de identificación de un enemigo común que está encarnado en el Estado, gobiernos, políticos, autoridades o funcionarios. También se diferencia de la politización en cuanto a que en la movilización se improvisan acciones que minan la legitimidad del Estado, o bien, es diferente a la participación en cuanto a que desconoce a las instituciones como mediadoras de un conflicto. En ese sentido, una movilización genera adherentes más que oportunidades de negociación y concertación (García, 2012). En efecto, una movilización social es la postura civil más compartida y al tener diferentes escalas de acción social tiene una fecha de nacimiento, pero no de caducidad. Es decir, nace cuando el Estado ha renunciado explícitamente a la coerción o a la persuasión y trata de confrontar a un sector civil que se presenta ante la sociedad como víctima y en lo inmediato recibe el apoyo colectivo (Pérez, 2016). En otras palabras, cuando la gestión estatal se desarrolla en un sendero diferente a la autogestión civil, emerge la movilización, pero ésta no culmina con la supresión de la gestión o la prevalencia de la autogestión, sino que se exacerba aún más en la medida en que la sociedad alimenta al movimiento con recursos (García et al., 2015). Si se asume que el cambio climático es un tema central en la agenda personal, local, regional, multilateral o global, entonces es posible observar un duelo en la sociedad civil que ha accedido a información concentrada en los efectos del cambio climático en su salud. La fase de la negación alude a una ignorancia y desconocimiento de que inundaciones, incendios o heladas son indicadores de que el entorno se transforma (Aguilar et al., 2016). En una segunda fase efímera, la ira es una instancia en la que la sociedad civil se inconforma o indigna, pero inmediatamente pasa a la fase de negociación que, al ser inhibida por las instituciones del Estado, propicia una tercera fase de desesperanza y hedonismo, observable en el consumismo (Juárez, García y Bustos, 2018). En la medida en que se exacerba la información relativa al cambio climático y sus efectos en la salud pública, incentiva la ridiculización de la clase política, pero también se edifican propuestas centradas en las demandas de confort hídrico. Si éstas iniciativas no se incluyen en los programas y las estrategias políticas contra el cambio climático, entonces generarán una desesperanza, antesala de la movilización (Carreón, 2016). Sin embargo, en cada una de estas fases los recursos financieros y humanos son de vital importancia para la preservación de los recursos naturales. Cierto, se trata de un círculo vicioso: se requiere de financiamiento para combatir las decisiones políticas que, a través de las instituciones se traducen en amenazas para la salud comunitaria (García et al., 2017). Es el caso de las políticas de tandeo o costos del servicio de abastecimiento que exacerban la politización y los conflictos entre autoridades y usuarios. A menudo, un aumento del costo del servicio combinado con una restricción de la cantidad de agua y una baja calidad de la misma activa una reacción política que consiste en atribuir el desabastecimiento o las enfermedades hidro-transmitidas a la incompetencia del servidor público (García et al., 2016). Sin embargo, tal proceso se interrumpe abruptamente si los sectores vulnerados no cuentan con recursos para hacer visibles sus necesidades y perfilar sus expectativas a iniciativas que excluyen a la clase política por considerarla, otra vez, el problema central (García et al., 2014). Es decir que una cogestión hídrica es una instancia de cogobierno en la que los actores políticos y civiles están inmersos en procesos sociopolíticos más que ambientales, económicos o psicológicos ya que, centran sus expectativas en el poder que supone redimir las diferencias entre quienes toman las decisiones y quienes las acatan (García et al., 2015). Estudios de la Cogestión Hídrica En una dimensión global, la gestión hídrica está vinculada al ciclo de disponibilidad y las problemáticas de sobreexplotación de los mantos para la agricultura, la energía, el uso doméstico, el tratamiento de residuales, la extracción, las emisiones de carbono la pesca y el transporte (García, Bustos y Sandoval, 2018). En ese sentido, el riesgo intensivo supone un uso excesivo de fertilizantes que contaminan los mantos freáticos, la producción de electricidad por las generadoras hidráulicas propicia alteración al ecosistema pluvial, la demanda urbana excesiva obliga al desvío de embalses, el tratamiento de agua demanda energía que se obtiene emitiendo bióxido de carbono, el cual en los océanos incrementa la acidez del agua, el traslado de mercancías en barcos determina la migración de especies a ecosistemas alterando su desarrollo y la sobrepesca agota las reservas ocasionando la extinción de especies (García, 2018a). Durante el periodo que va de 1990 a 2015, las inundaciones representaron el 50% de los desastres naturales, seguidos de las epidemias hidro-transmitidas con un 28%, las sequías con el 11%, los deslaves con 9% y la hambruna con el 2%. En el mismo periodo, las lluvias tuvieron un saldo de 30 muertos y 4300 damnificados (FAO-ONU, 2015). En México, durante el periodo de 1973 a 2013 la frecuencia de inundaciones ubica al Estado de Veracruz con 232, seguido del Estado de México con 231 y la Ciudad de México con 183 (INEGI, 2015). El ciclo hidrológico supone una gestión centrada en la reorientación del caudal ecológico. Es decir, el conocimiento del sistema local, la gobernanza o acuerdos entre actores, los proyectos demostrativos comunitarios tales como la acción de protección local y los servicios ambientales, así como la difusión de objetivos, tareas y metas para la sustentabilidad son los ejes centrales de una agenda en materia de gobernanza de sustentabilidad hídrica (Juárez, Bustos, Quintero, García y Espinoza, 2018). De este modo, una gestión integral supone la planificación urbana en torno a la extracción del agua de cuencas y el servicio público de abastecimiento industrial como residencial. En primera instancia, el establecimiento de un sistema de potabilización de captación o desalinización del agua costera y potabilización implica una gestión de cuencas para la conservación de agua. En el caso del agua pluvial la evaluación de las instalaciones y el mantenimiento del drenaje. Por último, en el caso de las aguas residuales, la reutilización, el tratamiento y la depuración (Hernández, Martínez, Duana, y García, 2018). En el caso de México, la problemática de la gestión hídrica ha sido observada en la inversión a la infraestructura hidráulica, los cambios directivos y nombramientos de servidores sin o poca experiencia, la falta de conocimiento técnico y especializado, el financiamiento a fondo perdido, así como la contaminación y sobreexplotación de los cuerpos de agua repercuten en la accesibilidad a un servicio de abastecimiento y saneamiento de calidad. El Estado y la comunidad experta en la gestión del agua recomiendan; dirección estratégica a largo plazo más allá de los sexenios, inversiones en tecnologías de vanguardia para cumplir con la normatividad internacional, formación y capacitación de personal especializado, generación de recursos para el financiamiento del sistema de abastecimiento y tratamiento del agua (García, 2018b). Es decir que la gestión supone un compromiso materializado en un plan nacional con la participación de todos los actores involucrados; la evaluación del sistema nacional, identificando las prioridades en la materia; planificación participativa en torno a un plan estratégico de acción, objetivos, tareas y metas, así como fuentes potenciales de financiamiento; implementación y monitoreo de la participación de los actores en la gestión integral, mecanismos de ajuste y transferencia de financiamiento como de tecnología (Bustos, Juárez y García, 2018). En un plano más vinculante y participativo, la gestión integral deviene una integración con los actores sociales. Se trata de un ciclo en el que, a partir de objetivos de Desarrollo Humano Sustentable, regional y local, se evalúan todos los aspectos y se establecen las dimensiones de las problemáticas de los recursos y servicios hídricos; se discute la planificación estratégica a largo plazo; se implementan los planes de acción por cuencas; se monitorea y evalúa el proceso mediante el grado de aprendizaje de los actores involucrados. Es decir que cada zona de acuíferos se evalúa la captación, almacenamiento, distribución e inspección de la medición y el pago de los servicios hídricos; en el saneamiento se lleva a cabo la evaluación del alcantarillado, recolección, transporte, tratamiento y deposición final; y por último, en el aseo de las redes e infraestructuras hidráulicas se evalúa la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos. En cada fase se establece un grado de optimización en función de cada tecnología electromecánica, institucional, financiera y comercial. Por consiguiente, en las urbes como la Ciudad de México, la gestión integral del agua supone la gestión del agua urbana; relativa al abastecimiento y su suministro sostenible; alusiva a aguas pluviales y escorrienta indicada por la reducción de la contaminación, el aprovechamiento de temporada de lluvias y la disminución de desbordamientos de cuerpos de agua superficiales; relativa a la reutilización y el reciclaje de aguas grises. En el caso de las cuencas; cuerpos de agua subterráneos y superficiales, la gestión consiste en una planificación con la participación de todos los actores involucrados; el manejo y transparencia de información relativa al financiamiento, contaminación, monitoreo, control y sanaciones que configuran un sistema de tarifas equitativo y en función de los pronósticos de disponibilidad per cápita. A nivel urbano, los conflictos hídricos entre pueblos originarios, zonas residenciales y comunidades migrantes no sólo reflejan las diferencias entre ciudades ampliadas y compactas, sino además muestran los problemas de gestión consistentes en el servicio público para instituciones tales como escuelas y hospitales que requieren de volúmenes cada vez mayores de agua, pero el suministro es cada vez inferior al estipulado. A nivel local, las juntas gestoras y administradoras de los recursos y los servicios hídricos no siempre coinciden en la operación y el mantenimiento del servicio de agua potable. Algunas problemáticas versan sobre la falta de reconocimientos, la disminución de la productividad, el éxodo laboral por diferencias en la comunicación, resistencia al cambio y bloqueo de propuestas innovadoras. Las consecuencias de las problemáticas de la gestión hídrica son; apertura al cambio de las organizaciones de cuencas, generación de propuestas innovadoras, implementación de nuevas estratégicas, ajustes entre objetivos, tareas y metas hacia el bienestar común; impacto en el sistema de financiamiento; pérdida de rentabilidad al incurrir en deudas para resolver las diferencias, oportunidades de negocios y diversificación de ingresos. Es decir que las problemáticas de gestión hídrica suponen conflictos ante los cuales los actores responden con resistencia o apertura al cambio. Por consiguiente, el sistema de gestión y administración de los recursos y los servicios públicos se orientará al desbalance o al equilibrio en sus finanzas, así como la construcción de subsistemas para prevenir una espiral de violencia y la optimización del ciclo hidrológico. Es decir, la gestión y administración del servicio de agua potable supone la formación de valores cívicos para la equidad, la solidaridad, la tolerancia y la cooperación en el proceso integral de extracción, potabilización, distribución, almacenamiento, consumo, reutilización, tratamiento y deposición final de las aguas residuales. En el caso de Iztapalapa Ciudad de México las problemáticas esgrimidas no son ajenas a la localidad ya que, el manejo sectorial del recurso hídrico supone la transformación del uso de suelo urbano, la presión de áreas naturales o páramos que regulan la cantidad y calidad del agua, sobre-concesión de fuentes y cuerpos de agua, accesibilidad limitada a la cuenca y falta de información en cuanto a su disponibilidad; altos riesgos de desastre natural como deslaves e inundaciones. La problemática hídrica se exacerba si se consideran las problemáticas sociales y económicas de la región; alta tasa de crecimiento y densidad poblacional, incremento de unidades habitacionales y demanda del servicio de agua potable, saneamiento, energía y productos agroindustriales; aumento de la contaminación del agua, suelo y aire; desequilibrio entre oferta y demanda, búsqueda de fuentes y cuencas aledañas y trasvases. El Trabajo Social, en tanto dispositivo de negociación, mediación, conciliación y arbitraje de conflictos de intereses entre actores políticos y sociales, es la disciplina desde la que se estudian la gobernanza de la sustentabilidad hídrica. Los estudios relativos a la cogestión hídrica consisten:
El abordaje de ambas vertientes se ha desarrollado a partir de dos dimensiones de relaciones entre factores esgrimidos en el estado de la cuestión:
De este modo, los estudios de la cogestión hídrica han demostrado:
Los estudios de la cogestión hídrica han desarrollado investigaciones no experimentales, transversales y exploratorias con selecciones no probabilísticas de funcionarios, comerciantes y usuarios del servicio de agua potable afectados por las contingencias ambientales en general y las inundaciones locales en particular, con énfasis en la demarcación de Iztapalapa, Ciudad de México (Sandoval et al., 2017). Los estudios de la cogestión hídrica han llevado a cabo entrevistas a profundidad con participantes institucionales y civiles, centrando los cuestionamientos en sus experiencias de vida y microhistorias narrativas en torno a las categorías de financiamiento, transparencia, prevención y reparación de fugas, austeridad y reutilización, pago, subsidios y condonaciones (Pérez et al., 2016). En virtud de que se trata de actores intactos, los estudios de la cogestión hídrica se han realizado en espacios gubernamentales y civiles, principalmente en las oficinas de los funcionarios, las casas de los usuarios y los negocios de los comerciantes del agua. garantizando la confidencialidad y anonimato de las respuestas a las entrevistas por escrito; ofreciendo la consulta de los hallazgos a los participantes (Aguilar et al., 2016). De este modo, las problemáticas inherentes a la gestión de los recursos y los servicios hídricos han sido abordadas en diferentes niveles de análisis que va de lo económico a lo psicológico. En el primer nivel, los estudios se han centrado en la revisión de sistemas políticos, regímenes de gobierno y formas de Estado, distinguiendo su gestión y administración de los recursos y servicios públicos, estableciendo un contexto histórico en el que se devele la relación entre gobernantes y gobernados con respecto a las demandas y recursos, oportunidades y capacidades. En ese sentido, los estudios de la cogestión hídrica han advertido que la gestión y la administración es resultado de la rectoría del Estado, la cual no emergió hasta que el tribalismo, el totalitarismo y el autoritarismo cedieron ante la transición, la democracia y la gobernanza. Es decir que la sustentabilidad, la rectoría del Estado y la gestión-administración son fenómenos modernos de gobernabilidad que no pretenden suprimir las diferencias entre líderes políticos y seguidores-disidentes sociales, sino más bien reproducen la dominación a través del poder gubernamental, promoviendo la desesperanza, indiferencia o consumismo en la sociedad (García 2005). Los estudios de la cogestión hídrica han demostrado que los sistemas políticos reproducen las asimetrías entre gobernantes y gobernados con respecto a la gestión-administración de los recursos y los servicios públicos. Tales diferencias se acentuán conforme los mecanismos e instituciones dedicadas a la gestión y la administración evolucionen en sus políticas y estrategias (García, 2006). Precisamente, en el segundo nivel de las cumbres de la Tierra, los estudios de la cogestión hídrica han evidenciado el establecimiento de ejes y temas de discusión en las declaraciones de los líderes políticos de los países que conforman y en ocasiones se comprometen a actuar para reducir los efectos del cambio climático con especial énfasis en la conservación de los recursos y servicios públicos. La exposición de datos relativos a la huella ambiental ha demostrado las consecuencias de las diferencias entre gobernantes y gobernados con respecto a los recursos naturales, así como los crecientes desencuentros y conflictos entre los actores políticos y sociales debido al incremento de tarifas, subsidios y condonaciones a sectores controlados por los gobiernos locales y el tandeo como estrategia de cooptación (García, 2011). La importancia de vincular los sistemas de gobierno con la gestión y administración de los recursos naturales, reflejada en las cumbres de la Tierra, radica en el panorama de las asimetrías, conflictos y desencuentros entre líderes políticos y usuarios de los recursos y servicios públicos (García, 2012). En consecuencia, la respuesta organizada de la sociedad civil ante los sistemas de gobierno y sus gestión-administración de los recursos y servicios públicos es descrita en el tercer nivel de análisis relativo a la cultura y la autogestión social. Los estudios de la cogestión hídrica han expuesto las acciones colectivas y movilizaciones sociales, así como las formas de participación civil ante problemáticas ambientales que van del armamentismo hasta la escasez. En este nivel, los estudios de la cogestión hídrica han observado tres instancias alternativas de relación entre la humanidad y la naturaleza conocidas como ecociudades, ecobarrios y ecoaldeas (Carreón, 2016). Las respuestas organizadas de la sociedad civil ante las problemáticas ambientales y políticas de gestión-administración de los recursos y servicios públicos parecieran ser suficientes si se observan los logros y perspectivas de los estilos de vida frugales y austeros, así como solidarios y cooperativos, empero tales estrategias niegan la rectoría del Estado y su responsabilidad en la difusión de las problemáticas, así como sus efectos en las decisiones, intenciones y acciones civiles (Pérez et al., 2016). Por consiguiente, en el cuarto nivel de análisis los estudios de la cogestión hídrica han observado la gobernanza del desarrollo humano sustentable con la finalidad de evidenciar sus barreras. Es el caso de la propaganda, la contra propaganda y la anti propaganda relativa a la rectoría del Estado como gestor y administrador de los recursos y los servicios públicos. O bien, una vez que los medios de comunicación han difundido las asimetrías entre gobernantes y gobernados, emergen los efectos de agenda, encuadre e intensidad de la información mediática sobre los discursos, narrativas y opiniones de la sociedad civil. Incluso, la formación de representaciones sociales, así como el desarrollo de un núcleo central y periferia simbólica del gobierno, la seguridad y la sustentabilidad, reducidos a su mínima expresión (García et al., 2015). Por tanto, en el quinto nivel de análisis, los estudios de la cogestión hídrica han revisado los fundamentos de la psicología de la sustentabilidad, centrados en el continuum de creencias, actitudes y comportamientos como un proceso dual: desfavorable o favorable hacia la conservación del medio ambiente en general y el cuidado del agua en particular. Los estudios de la cogestión hídrica han descrito los avances más significativos de la disciplina con la finalidad de perfilar y especificar la problemática a un nivel de dinámica de grupo y con ello advertir los efectos de la gobernanza del desarrollo en el comportamiento individual en materia de cogestión y coadministración del servicio público de agua potable, el abastecimiento, la calidad y el establecimiento de tarifas (García et al., 2016). En el sexto nivel de análisis, los estudios de la cogestión hídrica han expuesto, a partir de entrevistas con usuarios y funcionarios del sistema de abastecimiento público, protección civil y salud pública de la demarcación, la gestión, la autogestión y la cogestión, así como la administración, la autoadministración y la coadministración, indicadas por niveles de representaciones, creencias, actitudes y comportamientos que reflejan las diferencias entre gobernantes y gobernados. En tal sentido, los estudios de la cogestión hídrica han encontrado que los funcionarios enaltecen el sistema de tarifas como preámbulo al financiamiento y la implementación de tecnología de purificación y tratamiento de aguas grises, así como la adopción de estilos de vida acordes a una baja disponibilidad e incremento de tarifas. En contraste, los usuarios centran sus representaciones en la corrupción y la creencia de abundancia de agua, por consiguiente, evalúan la mala calidad del servicio público y están dispuestos a la movilización; el acaparamiento y la confrontación con las autoridades. Los estudios de la cogestión hídrica han descubierto que existen asimetrías entre los actores con respecto a situaciones de crisis hídrica, pero advierten que las representaciones anteceden a las creencias y éstas determinan a las actitudes que anticipan los comportamientos (García et al., 2017). Por último, en el séptimo nivel de análisis, los estudios de la cogestión hídrica han propuesto un trabajo social como dispositivo de cogestión de la seguridad y la sustentabilidad hídrica local, han planteado, conceptualizado y propuesto los elementos centrales para la construcción de una agenda entre los actores políticos y sociales. Los estudios de la cogestión hídrica han revisado los fundamentos de dispositivo, cogestión y agenda con la finalidad de generar una iniciativa de investigación y cogestión que distinga al Trabajo Social como una disciplina especializada en la cosmovisión de los barrios y comunidades en torno a los recursos hídricos (García et al., 2015). Método Se realizó un estudio documental, transversal y exploratorio con una selección informativa de fuentes indexadas a repositorios como Dialnet, Latindex, Publindex, Redalyc y Scielo, considerando el periodo de publicación y la discusión de las palabras clave: “gestión”, “autogestión” y “cogestión” (véase Tabla 1). Tabla 1. Descriptivos de la muestra informativa
Fuente: Elaborada con los datos del estudio Se utilizó la técnica Delphi para el análisis del contenido y la especificación del modelo. Jueces expertos evaluaron, calificaron y certificaron los ejes y temas de ala agenda investigativa sobre el fenómeno, considerando -1 para información desfavorable, 0 para información desvinculada y +1 para información favorable (véase Tabal 2). Tabla 2. Construcción de la matriz de análisis de contenido
Fuente: Elaboración propia La información fue procesada en el paquete de análisis de datos cualitativos (QDA-MINNER por su acrónimo en inglés versión 4,0). Resultados Un modelo representa las trayectorias de relaciones de interdependencia entre los factores esgrimidos en la revisión de la literatura. La cogestión hídrica, indicada por la representación social de la justicia, la participación sociopolítica, las oportunidades socioestatales y la movilización social de los recursos. Se trata de proceso de representaciones, percepciones, disposiciones, estrategias, intenciones y acciones a favor de un cogobierno que considera un futuro común al asumir que los recursos necesarios son también comunes. En tal escenario, la representación social de la justicia emerge una vez que el Estado ha generado una propaganda de su rectoría en materia de cambio climático, pero excluyendo a la sociedad civil en la elaboración de los programas y las estrategias de regulación de las emisiones de CO2 en la atmósfera. En consecuencia, se establece una agenda cuyos temas centrales serán simbolizados por las audiencias, produciendo un núcleo de significados relativos a los servicios públicos y las atribuciones de responsabilidad por la baja calidad de estos. Una vez que se ha establecido un núcleo de representación vinculada a la calidad de los servicios públicos y la responsabilidad en la gestión de estos, se desarrolla una ideología política en contra o a favor de las autoridades en turno y los posibles representantes en la contienda política o la elección local-federal más cercana. En función de los comicios se gestan alternativas de solución a la problemática de desabastecimiento, deficiencia en los servicios y atención a las enfermedades consecuentes. En principio, la sociedad civil se aproxima a sus autoridades locales con peticiones relativas a sus necesidades y las demandas más urgentes para su seguridad y bienestar, pero la baja calidad de los servicios públicos contradice la propaganda de la rectoría del Estado y la institucionalidad de la gestión de los recursos y los servicios hídricos en las localidades vulneradas. Es posible que alguna propuesta se retome en las estrategias de gestión local, pero al diseminarse los programas, ajustados a los lineamientos de las Cumbres de la Tierra, los acuerdos multilaterales y los compromisos regionales, los actores sociales pierden la confianza en sus autoridades e inician un plan alternativo. Desde que iniciaron los primeros síntomas de los efectos del cambio climático sobre la salud pública ambiental, el grueso de la población se mantuvo ignorante o cuando mucho expectante, pero al diseminarse una política del cambio climático, enfocada en la gestión de la rectoría del Estado, los medios de comunicación exacerbaron las asimetrías entre gobernantes y gobernados, intensificando los desastres naturales, documentando las catástrofes ecológicas, la movilización social y la crítica de expertos. En tal escenario de mediatización del cambio climático y la salud pública, la sociedad civil, transformada en audiencias, iniciaron la autogestión de fondos destinados a sustituir a sus gobernantes al percibirlos como el eje del problema, a la vez que recabaron información en los medios de comunicación de tal especificación que aprendieron a organizarse en torno a la escasez y el desabastecimiento. Desarrollaron una lógica de escasez que contrastó con la lógica de abundancia con la que nacieron y crecieron. Consideraciones finales El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión radica en la complejización de un modelo para el estudio de la cogestión hídrica, pero la selección intencional de fuentes informativas y la utilización de una técnica simple limitan la contrastación del modelo a un contexto regional, multilateral o global. Es necesario indagar los repositorios internacionales como Ebsco, Copernicus o Scopus para llevar a cabo una minería de datos que amplifique el panorama descriptivo, seleccionando las variables universales que explican el impacto del cambio climático en las esferas económicas, políticas, sociales, locales, grupales o personales. Una extensión de la investigación permitirá la contrastación de un modelo en una muestra representativa de gobernantes y ciudadanos, autoridades y usuarios, funcionarios y beneficiarios de un cogobierno en torno a los recursos naturales y los servicios municipales. Además, tal modelo permitirá anticipar desacuerdos o consensos a nivel regional o multilateral, con la finalidad de predecir conflictos y mediar en la resolución de los mismos. Referencias Aguilar, J. A., Bautista, M., García, C., Hernández, G., Sandoval, F. R., Pérez, G. y Valdés, O. (2016). Confiabilidad y validez de un instrumento que mide el institucionalismo educativo en una universidad pública del estado de México. Sin Frontera, 9 (22), 1-16 Bustos, J. M. Juárez, M. y García, C. (2018). Governance the press coverage around the problema wáter in the political election. International Journal of Environment, Agriculture and Biothecnology, 2 (6), 1-14 Bustos, J. M., Ganga, F. A., Llamas, B. y Juárez, M. (2018). 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Sin Frontera, 11 (27), 1-25 [1] UAEMEX: quinluisa@yahoo.com.mx [2] UNAM: marcos.bustos@unam.mx [3] UAM: mjn@correo.azc.uam.mx [6] CEPS, garcialirios@yahoo.com
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