"Coaliciones bajo diseños presidenciales. Incentivos del sistema chileno”

                                                                                                        Por: Natán Skigin[1]

Resumen

Desde la década de 1970, los sistemas políticos latinoamericanos se inclinaron crecientemente hacia el multipartidismo, algo que en muchos casos resultó ser una fuente inestabilidad democrática debido a la ausencia de acuerdos programáticos a través de los cuales mantener a los gobiernos en el poder y producir políticas pública (Chasquetti 2008). Para hacer frente a este problema y en respuesta a incentivos generados por ciertas instituciones y reglas electorales, algunos partidos formaron coaliciones electorales y de gobierno, algo que se creía reservado a los diseños parlamentarios (Deheza 1998, Zelaznik 2001, Altman 2002, Lanzaro 2003, Amorim Neto 2006).

Este trabajo se enmarca en estos estudios y tiene por objeto analizar en profundidad uno de los casos más exitosos de coalición de gobierno en la región: la Concertación de Partidos por la Democracia/Nueva Mayoría en Chile. El objetivo del trabajo es doble: por un lado, describir la dinámica de los gobiernos de la Concertación, donde se examinará la distribución de ministerios y de escaños parlamentarios entre los diferentes partidos que integraron la coalición. Por otro lado, se indagará acerca de la naturaleza de la distribución de los espacios de poder, para determinar si hubo un reparto equitativo de los espacios de poder o si el reparto siguió criterios proporcionales. El período analizado serán los cinco mandatos presidenciales que alcanzó la Concertación desde el retorno a la democracia.

Abstract

 

Since the 1970s, Latin American political systems leaned increasingly toward a multiparty system, which in many cases proved to be a democratic instability source due to the lack of programmatic agreements through which to keep governments in power and produce public policies (Chasquetti 2008). To address this problem and in response to incentives generated by certain institutions and electoral rules, some parties formed electoral and government coalition, which was believed reserved for parliamentarians systems (Deheza 1998, Zelaznik 2001, Altman 2002 Lanzaro 2003 Amorim Neto 2006).

This work aims to analyze of the most successful cases of coalition government in the region: the Concertación/Nueva Mayoría in Chile. The puropose of this paper is twofold: first, to describe the dynamic of governments coalition, where the distribution of ministries and parliamentary seats among the different parties that formed the coalition will be discussed. On the other hand, I will inquire about the nature of the distribution of power positions, to determine whether there was a fair distribution of positions of power or whether the deal followed proportionate criteria. The review period will be the five presidential terms that reached the Coalition since the return to democracy, but focusing on Bachelet’s governments.

1.      Introducción

1.1.  Justificación: En los últimos años, la dinámica política en los países de América Latina evidenció una creciente importancia del papel que juegan las coaliciones, tanto al momento de ganar elecciones (coaliciones electorales), como a la hora de gobernar y tomar decisiones públicas (coaliciones de gobierno). La importancia de este trabajo radica en el estudio de la dinámica gubernamental de una de las coaliciones más estableces de los últimos 20 años en la región: la Concertación chilena.

1.2.  Objetivos: El objetivo del trabajo es doble: por un lado, describir la dinámica de los gobiernos de la Concertación en un estudio diacrónico, donde se examinará la distribución de ministerios y de escaños parlamentarios entre los diferentes partidos que integraron la coalición. Por otro lado, indagar acerca de la naturaleza de la distribución de los espacios de poder, para determinar si hubo un reparto equitativo de los espacios de poder o si el reparto siguió criterios proporcionales.

1.3.  Planteo del problema: Durante mucho tiempo se creyó que, por su extrema rigidez y por la legitimidad dual de la voluntad popular, los sistemas presidenciales estaban condenado a la inestabilidad política. Un tiempo después, los investigadores observaron que, en realidad, los problemas del presidencialismo se veían agravados por sistemas multipartidarios, algo que dificultaba las relaciones entre presidentes y Congresos. En algunos países, esta atomización se vio contenida por la formación de coaliciones que permitieron una distribución del poder a cambio de apoyo de otros partidos a la hora de tomar decisiones políticas y aprobar legislación. En este sentido, se buscará indagar en los criterios que guiaron la distribución de cargos: más concretamente, se pretenderá determinar si hubo un reparto equitativo de los espacios de poder o si el reparto siguió criterios proporcionales.

1.4.  Problema: ¿Cómo se distribuyeron los ministerios y escaños parlamentarios entre los diferentes partidos que integraron la Concertación durante los gobiernos de Bachelet? ¿Hubo un reparto equitativo de los espacios de poder o el reparto siguió criterios estrictamente proporcionales?

1.5.  Hipótesis: “Los puestos de poder en la administración del país se habrían repartido en función de la cantidad de bancas legislativas obtenidas por el resto de los partidos que integraron la coalición de gobierno”

1.6.  Marco teórico: El debate acerca de los distintos diseños de gobierno iniciado por Juan Linz (1994) alertaba sobre la estrecha correlación entre el sistema presidencialista y la inestabilidad democrática. A la luz de este autor, las características mismas del modelo facilitaron las caídas del régimen democrático durante los 1970 y 1980. Así, los mandatos fijos que hacían rígido al sistema, la concentración de poder en un único Ejecutivo, la legitimidad popular que reclamaban para sí las ramas Ejecutiva y Legislativa al haber sido ambas ramas electas por el voto del electorado, junto con una independencia de poderes que podía conducir a una parálisis, proporcionaban las condiciones que facilitaban la caída de las democracias en América Latina. Posteriormente, Mainwaring y Shugart (1992) evidenciaron que esa correlación podía estar influida, más que por rasgos institucionales del presidencialismo, por factores de desarrollo socioeconómico y por el escaso apego a la cultura política democrática de la región. Los diseños parlamentarios se instalaron mayormente en Europa y, los presidenciales, en América latina. Por lo tanto, es probable que aún siendo parlamentarias nuestras democracias hubiesen caído. Mainwaring y Shugart (1992) ven sí un problema en el presidencialismo cuando se combina con una alta fragmentación y una escasa disciplina partidaria, lo que obstaculiza las relaciones entre presidentes y Congresos. Chasquetti mostró, en consecuencia, que hay un paliativo: las democracias presidenciales con sistemas multipartidistas pueden ser gobernadas de manera eficiente por coaliciones mayoritarias de gobierno. Una coalición de gobierno puede ser definida como “i) un conjunto de partidos políticos que, ii) acuerdan perseguir metas comunes; iii) reúnen recursos para concretarlas y iv) distribuyen los beneficios del cumplimiento de esas metas” (Strøm 1990). Esta definición es útil en tanto da cuenta de la negociación entre las partes y, esencialmente, del acuerdo entre el presidente y los distintos partidos que ingresan al Gabinete producto de la distribución de los espacios de poder logrados. Bajo este marco se estudiará la dinámica de gobierno de la Concertación chilena en lo que alude a la relación entre los partidos que integran la coalición de gobierno, así como en los vínculos entre el Ejecutivo y el Congreso.

2.      Coaliciones en sistemas presidenciales y parlamentarios

Gran parte de la literatura que estudia los gobiernos de coalición ha concentrado sus esfuerzos en el sistema parlamentario. Las formas parlamentarias de gobierno requieren en muchos casos, por dinámica propia, la formación de gobiernos de coalición. Esto ocurre típicamente cuando, en sistemas multipartidistas, el partido ganador no alcanza por sí solo la mayoría de los escaños, por lo que debe negociar con otras organizaciones que lo acompañen en la conducción de un Ejecutivo colegiado. En estos casos, su mantenimiento en el poder depende del respaldo de los partidos que le provean la mayoría. Es decir, su supervivencia está atada a la confianza del Parlamento, lo que constriñe a los partidos, en ciertas circunstancias, a formar coaliciones de gobierno. Cuando una agrupación menor le quita el apoyo al gobierno y lo deja en minoría, el gobierno debe salir en busca de nuevos acuerdos o llamar a elecciones anticipadas. Así, la formación de coaliciones bajo sistemas parlamentarios es muchas veces una necesidad institucional.

La literatura politológica ha valorado, en cambio, con cierto escepticismo la formación de gobiernos de coalición bajo diseños presidenciales (Deheza, 1998). Linz (1994) consideró que las prácticas consociativas pueden ser contraproducentes para la legitimidad democrática, ya que la decisión de quién gobernará está en manos de los partidos y no de los electores. A juicio de este autor, la formación de coaliciones en regímenes presidenciales involucra altos costos para los partidos que deseen sumarse a la alianza, que quedarían en el “peor de los mundos”: mientras que no atraerían los réditos electorales, que serían vistos como mérito exclusivo del líder, sí absorberían parte del descrédito gubernamental. Lijphart asevera que las políticas de compromisos y alianzas son incompatibles con el presidencialismo, a diferencia de la “naturaleza colegiada de los ejecutivos parlamentarios que los conduce a pactos” (1994: 97, traducción propia). En efecto, las democracias parlamentarias “son más estimuladoras y sostenedoras” de coaliciones que los sistemas presidenciales (Garrido, 2003). Ocurre que los incentivos para su formación y mantenimiento son bastante diferentes debido al papel que juega en estos últimos casos el presidente como constructor de la coalición y a los mandatos fijos tanto del presidente como de los legisladores.

Para Stepan y Skach (1993:20), “los incentivos para la cooperación dentro de una coalición son mucho menores en el presidencialismo” que en el parlamentarismo, debido a que su dinámica “fomenta el surgimiento de gobiernos minoritarios y desalienta la formación de coaliciones duraderas”. Deheza (1998), en cambio, aporta datos sobre lo frecuentes que son los gobiernos de coalición bajo sistemas presidenciales: de 123 gabinetes en 9 democracias latinoamericanas, el 56% han sido de coalición, mientras que el 66% de los gobiernos mayoritarios se sustentaron en este tipo de pactos. En la misma línea, Cheibub, Przeworski y Saiegh (2004) rechazan la idea de que sean excepcionales las coaliciones en gobiernos presidenciales y aducen que, dado que en sistemas multipartidistas las coaliciones son más frecuentes bajo el parlamentarismo, las diferencias entre aquellas que se forman bajo sistemas parlamentarios y presidenciales son más cuantitativas que cualitativas. Sin embargo, la necesidad institucional que lleva a su formación en diseños parlamentarios parece contradecir esta opinión y evidencia que las diferencias son tanto cuantitativas como cualitativas.

Durante la formación de un gobierno presidencial existen negociaciones tanto horizontales entre los partidos como verticales entre el presidente y los líderes de los presidentes representados en el legislativo (Amorim Neto, 2008). Esta negociación post electoral tiene un carácter bidimensional y es diferente a la observada en sistemas parlamentarios, donde los contactos para formar gobierno giran entre los líderes de los partidos. El tipo de gobierno resultante será entonces función de dos dimensiones: la concreción o no del acuerdo entre líderes, y el “status” alcanzado tras la negociación.

En síntesis, son dos las características básicas de la formación de coaliciones los presidencialismos: en primer término, es el presidente quien elige libremente a sus ministros, a los que también puede sustituir por su propia voluntad. En cambio, en sistemas parlamentarios el Gabinete es electo por el Parlamento; más concretamente, por “el voto de investidura y la opinión vinculante de los partidos miembros de la coalición” (Garrido, 2003). Así, el primer ministro se ve más constreñido en las designaciones ministeriales que el presidente, quien tiene mayor libertad para cesarlos y renovarlos (Mainwaring, 1993) y cuyos acuerdos no son tan vinculantes. En segundo lugar, el presidente es el único formador de las alianzas de gobierno, por lo que puede vetar potenciales coaliciones contrarias a sus intereses. Esto implica que el primer mandatario es el responsable exclusivo sobre el Gabinete y “se convierte en el eje de la estructuración de cualquier gobierno y en promotor de toda cooperación interpartidista que tenga como objetivo el acceso real al poder ejecutivo” (Garrido, 2003). En conjunto, estas dos características exhiben un papel tan predominante y exclusivo del presidente que limita el número de alternativas coalicionales viables.

 

3.      Diseños presidenciales y sistemas multipartidistas: una “difícil combinación”

La literatura ha evaluado generalmente con escepticismo la “difícil combinación” entre diseños presidenciales y sistemas multipartidistas, debido a que la formación de mayorías legislativas es ardua y, consecuentemente, pueden existir dificultades para la aprobación de leyes, algo que puede llevar a una gobernabilidad defectuosa o bien a una parálisis gubernamental. Sin embargo, el presidencialismo multipartidista es la combinación más frecuente en América Latina (Chasquetti, 2008). En casi todos los países de la región la fragmentación creció, lo que exige acuerdos interpartidarios para obtener mayorías legislativas y evitar bloqueos, algo casi imposible en diseños parlamentarios por su misma naturaleza, que requiere la formación de gobiernos mayoritarios para el sostenimiento del Ejecutivo. En cambio, los presidencialismos minoritarios son institucionalmente tolerables. En el caso extremo, un presidente podría carecer por completo de una bancada legislativa que lo respalde, aunque por supuesto esto acarrearía problemas de gobernabilidad y legitimidad.

En teoría, a medida que aumenta la fragmentación partidaria, menor será el contingente legislativo de los presidentes. Esto se deriva del razonamiento lógico y empírico de que cuando menos partidos haya, mayor será el bloque parlamentario del presidente en tanto el cuerpo estará potencialmente menos atomizado.

Mainwaring y Shugart (1992) vieron en el presidencialismo un problema cuando se combina con una alta fragmentación y una escasa disciplina partidaria, lo que obstaculiza las relaciones entre presidentes y Congresos. Sin embargo, Chasquetti (2008) mostró que estas democracias con sistemas multipartidistas pueden ser gobernadas de manera eficiente por coaliciones mayoritarias de gobierno. En efecto, los presidentes pueden optar por dos estrategias a la hora de formar gobiernos, dependiendo de su situación en el Poder Legislativo (mayoritaria o minoritaria) y del tipo de poderes legislativos que la Constitución le reserve: la legislativa, consistente en la construcción de mayorías en el Congreso, y la administrativa, cuya condición será la posibilidad de firmar decretos que sustituyan a la ley.

¿Por qué entonces bajo sistemas presidenciales se conforman, a pesar de todo, gobiernos de coalición? La primera razón es estructural: presidentes minoritarios en busca de apoyo legislativa para poder pasar su legislación. La segunda tiene que ver con la posibilidad otorgada a una gama más amplia de partidos de participar en la confección de la agenda y en la nominación de cargos. El tercer y el cuarto motivo tienen raíces institucionales: las reglas de nominación a ciertos cargos públicos pueden obligar a los poderes ejecutivo y legislativo a negociar, el sistema electoral puede llevar a que sean los partidos los que deban negociar.

Al igual que en los parlamentarismos, a la hora de negociar la formación del gobierno los presidentes ofrecen a sus potenciales socios dos incentivos: el control de la agenda de gobierno y un conjunto de cargos en el Estado, que pueden ser puestos en el Gabinete o la conducción de instituciones estatales, tales como empresas, agencias y diferentes entes. En este trabajo focalizaremos en los cargos que el partido del presidente negocia con otros partidos y, específicamente, en cómo se distribuyen los puestos ministeriales.

Considerando los criterios con que se eligen a los ministros y la cantidad de partidos involucrados en la formación del gobierno, Amorim Neto (1998) distinguió cuatro tipos distintos de gabinete de coalición. En primer lugar, los gabinetes de coalición estructurada o estricta definen aquellos que incluyen dos o más partidos y cuya selección de ministros obedece a criterios partidistas. En segundo término, los gabinetes de coalición vaga o poco estructurada utilizan criterios mixtos a la hora de designar a los titulares de las diferentes carteras, involucrando tanto a ministros partidistas como a no partidistas. En tercer lugar, los gobiernos de cooptación incluyen en su gabinete a miembros de dos o más partidos pero sin alcanzar un acuerdo de colaboración con esas organizaciones de las que provienen los ministros. Así, son electos como individuos -por su expertise o su buena relación el presidente- más que como miembros del partido. Por último, existen también gabinetes no partidarios, que #están basados en una concepción extraparlamentaria, suprapartidista y, a veces, incluso antipartido de la formación del gobierno” (Garrido, 2003). En otras palabras, se componen casi exclusivamente de tecnócratas, independientes y personal cercano al presidente.

 

4.      Reglas de juego e incentivos en Chile

4.1.  Estructura institucional y administrativa

Chile es una república presidencial unitaria, que retornó a la democracia en 1990 luego de una de las dictaduras más sanguinarias y largas que conoció América Latina. Durante el régimen autoritario, los partidos políticos fueron prohibidos y, por supuesto, no hubo elecciones. La transición a la democracia estuvo signada por una poderosa influencia del dictador saliente, Augusto Pinochet (1973-1990), que impuso modificaciones administraciones y electorales con el objetivo de asegurar la arquitectura institucional (Došek, 2014) y de asegurar el poder de veto de la saliente derecha. Las herencias institucionales, pero también sociales y culturales, condicionaron y dejaron su huella en el porvenir de la vida política del país.

Territorialmente, existen cuatro niveles de gobierno: el nacional, el regional, el provincial y el local. Sin embargo, su unitarismo llevó a que la atención –y la política misma- haya estado centrada en el nivel nacional. En particular, el presidente y las elites de los distintos partidos han sido los principales actos de la política nacional, marcando el tempo y definiendo los diferentes tipos de acuerdos y de políticas que se llevaban a cabo.

A nivel nacional, el poder ejecutivo es ejercido por un presidente cuya duración actual en el cargo es de cuatro años y que no puede ser reelecto en forma inmediata, aunque sí lo puede hacer luego de mantenerse un período fuera del cargo. Desde el retorno a la democracia, Patricio Aylwin (1990-1994) estuvo en el poder cuatro años, pero –reformas mediante- Eduardo Frei (1994-200) y Ricardo Lagos (2000-2006) lo ostentaron durante seis. A partir del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), quien ostenta la presidencia se mantiene nuevamente cuatro años en el cargo.

El poder legislativo es bicameral, por lo que está dividido en una Cámara de Diputados y en una de Senadores. La Cámara baja consta de 120 miembros, que se eligen en 60 circunscripciones de magnitud igual a dos[2]. Es decir, en cada una de las circunscripciones se eligen dos diputados, cuyos mandatos tienen una duración de cuatro años, luego del cual el cuerpo es renovado en su totalidad. La Cámara alta está compuesta por 38 senadores elegidos en 19 circunscripciones también binominales. Su mandato tiene una duración de ocho años y el cuerpo representativo se renueva por mitades, cada cuatro años. Hasta la reforma constitucional de 2005, existían senadores designados y vitalicios, un enclave autoritario (Garretón, 2004) cuyo objetivo era la sobrerrepresentación de la derecha en el Congreso, ya que por lo general votaron con el bloque derechista (Navia, 2008).

El país está dividido en 15 regiones. Cada una de ellas está comandada por un intendente que es designado y que puede ser removido por el presidente. En consecuencia, suele tratarse de una persona de plena confianza de la máxima autoridad nacional.

Esas 15 regiones están divididas en 54 provincias, encabezadas cada una por un gobernador. Al igual que los intendentes, los gobernadores son también designados por el presidente. En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre en países federales, no existen situaciones de cohabitación entre un presidente de una determinada orientación e intendentes o gobernadores de otra.

El nivel institucional más bajo está compuesto por 346 comunas, agrupadas en 345 municipalidades[3], desde las cuales aquellas son gestionadas. Al frente de las cuales están los alcaldes, que, a diferencia de los intendentes regionales y de los gobernadores provinciales, son electos por votación directa cada cuatro años y pueden ser reelectos. A este nivel existen también concejales, que conforman el poder legislativo.

4.2.       Reglas electorales

La elección presidencial en Chile incluye una segunda vuelta o balotaje para los casos en que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta de los votos (50%) en la primera ronda electoral.

Existe una amplia literatura que discute los incentivos que otorga el sistema electoral binominal para la elección del Congreso instalado desde el fin del régimen autoritario de Pinochet con el objetivo de reservarle una cuota de poder importante a la derecha. Bajo el sistema binominal, cada una de las 60 circunscripciones elige dos diputados, y cada una de las 19 circunscripciones senatoriales elige dos senadores. En otras palabras, la magnitud de las  circunscripciones es igual a dos.

La intención de los militares era doble: por un lado, como ya se comentó, sobrerrepresentar a la derecha; por el otro, reducir la fragmentación política. Para lograr este último objetivo, lo más lógico hubiera sido optar por un sistema uninominal (Siavelis, 2004). Sin embargo, esto le hubiera quitado espacios de poder a la derecha, ya que en los distritos en los que perdiera no hubiera obtenido la única banca en juego. Los reformadores suponían que la baja magnitud de distrito morigeraría la polarización existente en el país y alentaría también la fusión de partidos.

La combinación de magnitud igual a dos (M=2), en combinación con una fórmula electoral D’Hont, produce fuertes umbrales electorales (Siavelis, 2004). Cada partido o coalición presentará dos candidatos por distrito en listas cerradas y desbloqueadas, y el partido o coalición que gana la elección obtiene lógicamente una de las dos bancas. Pero sólo podrá hacerse también de la segunda en caso de que duplique la cantidad de votos que obtuvo el que salió en segundo lugar. Si esto no ocurre, las dos primeras listas se repartirán en partes iguales las dos bancas en juego, logrando una cada una. Luego de establecerse si una lista ganó uno o ambos asientos, estos son asignados en función del porcentaje de votos obtenido individualmente por los candidatos. El sistema produce entonces requisitos muy altos para que cada lista obtenga las dos bancas en juego. Así, dada la existencia de un sistema de tinte mayoritario dentro de un contexto multipartidista, hay fuertes incentivos para la formación de amplias coaliciones que puedan superar el fraccionamiento político y ganar los comicios o, al menos, lograr el segundo lugar. El sistema electoral binominal estimula la presentación de un candidato presidencial único por cada una de las coaliciones, las cuales además están forzadas a negociar listas compartidas en las elecciones legislativas. En efecto, no alcanzar los umbrales establecidos por el sistema binominal es muy costoso para los partidos (Siavelis, 2004), algo que incluso podría llegar excluirlos del Congreso y borrarlos virtualmente del mapa político chileno.

En efecto, la política chilena ha estado signada desde el retorno de la democracia por dos coaliciones: una de centro izquierda, la Concertación, y otra de centro derecha, la Alianza. La primera estuvo históricamente conformada por cuatro organizaciones: la Democracia Cristiana (PDC), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) –como veremos, esta coalición integró a nuevos partidos en 2013. La segunda está compuesta por los dos partidos de derecha más importantes, la Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Cada coalición, a su vez, está dividida en dos “sub-pactos”, que comparten una cierta afinidad ideológica y constituyen una unidad negociadora (Siavelis, 2004). Dentro de la Concertación, uno de los sub-pactos (el de centro) está formado por el PDC y el PRSD, mientras que el otro (de izquierda) lo integran el PS y el PPD. La Alianza, por su parte, está también dividida en dos sub-pactos, cada uno de los cuales está asociado a su vez a partidos menores y a políticos independientes: el de centroderecha (RN) y el de derecha (UDI). Este trabajo pone el foco en la Concertación, debido a que es la coalición más importante del país debido a que gobernó en forma ininterrumpida entre 1990 y 2010. Además, su naturaleza es distinta a la de la Alianza por el hecho de haber gobernado en cinco de los seis períodos presidenciales desde el retorno de la democracia. Su larga estadía en el poder le da la posibilidad de repartir más cargos (Ministerios, Secretarías, agencias y empresas estatales, etc.) que la Alianza sólo pudo repartir hasta el momento en una oportunidad (bajo el gobierno de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014).

La Concertación se formó por una serie de incentivos que incluían la relativa paridad de los sub-pactos, la concurrencia de las elecciones, las probables victorias de sus presidentes y la capacidad de hacer promesas electorales (Siavelis, 2004). El principal clivaje dentro del sistema partidario chileno autoritarismo-democracia ha sido otro de los incentivos a aliarse entre los partidos de centro y centroizquierda. Este clivaje encuentra su expresión en los alineamientos ideológicos y en la estructuración del sistema de partidos. De hecho, la Concertación chilena constituye una alianza con una importante cohesión ideológica y con una alta disciplina en el Congreso, algo que ayuda a su estabilidad conforme se suceden los distintos gobiernos.

Cada una de las coaliciones busca maximizar el número de votos obtenido. En algunos casos, el objetivo de mínima es cosechar una de las dos bancas. Pero en aquellos distritos donde una de las coaliciones posea históricamente un fuerte apoyo o tenga candidatos fuertes, intentará lograr el objetivo de máxima: doblar al rival para obtener así ambos curules.

Dada la baja magnitud de distrito, las elites partidarias están obligadas a participar de negociaciones no sólo al interior de sus partidos, sino fundamentalmente con los otros partidos que conforman los sub-pactos y la coalición. Dado que las listas son cerradas y desbloqueadas –y por tanto la competencia no es sólo entre listas, sino también por quién obtiene el primer lugar dentro de cada lista-, cada partido busca colocar en las mismas a su candidato junto con uno débil, al que puedan vencer, o con uno muy fuerte, con el que puedan doblegar a la coalición rival. Esta última opción, sin embargo, podría acarrea fuertes divisiones al interior de la Concertación, ya que en caso de que su fortaleza no alcance para doblegar, los dos candidatos fuertes de la misma coalición pelearán codo a codo por quedarse con el escaño. Por tanto, la fórmula de candidatos preferida usualmente es una fuerte/débil, algo que da mayor certidumbre a los resultados al garantizar la victoria de los postulantes más poderosos. Pese a que todos los distritos tienen la misma magnitud, a los partidos no les da lo mismo en cuál de ellos presentan candidatos. Aquellos buscarán postularlos principalmente en los distritos en que tengan posibilidades de ganar.

El proceso de negociación está fuertemente condicionado por la información que tienen los actores y por la homogeneidad con que se reparte el apoyo entre los sub-pactos. Allí donde haya paridad en términos de votos o escaños a lo largo del territorio, las negociaciones serán más fáciles debido a que se repartirán en forma equitativa las candidaturas entre los partidos, tomando estos una candidatura cualquiera en cada distrito, confiando en un apoyo homogéneo por parte de los votantes y obteniendo una victoria balanceada. Pero las negociaciones se complejizan cuando existen diferentes niveles de apoyo. Cuando un sub-pacto tiene un nivel de apoyo menor a lo largo del país, no querrá dividir en forma equitativa las candidaturas: sería una fórmula para la derrota asegurada. A su vez, el sub-pacto con mayor apoyo intentará hacer valer su fuerza y maximizar las candidaturas propias a expensas del otro sub-pacto. Este proceso de desigualdad lleva a dos cosas: por un lado, alienta al líder del sub-pacto más fuerte a demandar más candidaturas. Por el otro, obliga al sub-pacto más débil a ser más estratégico a la hora de negociar, procurando hacerse de candidaturas en aquellos distritos donde tenga más posibilidades de ganar y, a la vez, intentando que el sub-pacto más fuerte presente en ellos candidatos débiles o, directamente, no los presente.  Pero la capacidad de negociación no se agota allí. Los líderes buscarán la reelección de los legisladores que ya hayan ganado bancas en sus distritos. Esto reforzará su poder de negociación.

En resumidas cuentas, el problema es que las coaliciones no son actores unitarios. Ellas están conformadas a su vez por múltiples actores, cada uno de los cuales puede tener distintos objetivos. Mientras que la Concertación como un todo procurará maximizar sus votos, algunos partidos pueden optar por otra estrategia si el maximizar los votos de la coalición implica que otras organizaciones crezcan a expensas suyo. Pero, así y todo, hasta el momento las coaliciones no se han desintegrado. La clave de su unidad radica en su capacidad de negociación de listas conjuntas para las elecciones primarias (Siavelis, 2004), una necesidad impuesta por el sistema electoral. La desarticulación del sistema binominal tras la aprobación de la reforma aprobada en 2015 traerá aparejadas probablemente consecuencias sobre el sistema partidario chileno.

4.3.  Recompensas a perdedores

Una de las formas de mantener la unidad de las coaliciones es compensar a los perdedores. Para evitar su alejamiento, la Concertación puede ofrecer incentivos a los socios menores. El hecho de haber permanecido ininterrumpidamente en el gobierno le dio a esta coalición la posibilidad de otorgarles mayores recursos a los partidos miembros.

El nombramiento en Ministerios u otros altos cargos dependientes del Ejecutivo constituye una de las principales maneras de recompensar a los partidos que salieron desaventajados de las negociaciones o de los resultados electorales. Las designaciones pueden esencialmente seguir tres criterios. El primero de ellos es de carácter proporcional y tiene lugar cuando la distribución de carteras se hace en función del apoyo electoral o de las bancas parlamentarias que posee cada uno de los partidos de la coalición. El segundo obedece a normas de distribución equitativas. Es en estos casos cuando se reparte en forma igualitaria entre las distintas organizaciones partidarias, independientemente de su circunstancial fuerza electoral. El tercero es un criterio mixto, y se produce cuando se prioriza al partido que controla al Ejecutivo, al cual se le otorga aproximadamente un 50% de los Ministerios, mientras que al resto de los partidos se les asigna el otro 50%.

Independientemente del criterio seleccionado en cada coyuntura, la distribución de cargos constituye una “póliza de seguro” para los perdedores que les otorga a estos cierta certidumbre de que sus carreras continuarán a pesar de sus derrotas. En sistemas presidenciales, es el presidente el que tiene la potestad absoluta sobre la designación de Ministerios y, al menos, participa en las negociaciones y se requiere usualmente su acuerdo para nombrar otros puestos de importancia. Hay dos situaciones en las que el presidente puede hacer uso de estas recompensas (Siavelis, 2004). La primera de ellas es cuando las elecciones no son concurrentes, algo que genera que haya un presidente en ejercicio al momento de las elecciones legislativas que pueda hacer concesiones. La segunda se produce en momentos en que, en elecciones simultáneas, hay expectativas claras sobre la victoria presidencial. Un calendario electoral concurrente tiene asimismo otros efectos sobre el sistema político: disminuye la fragmentación partidaria e incrementan la posibilidad de que los presidentes obtengan mayorías en sus legislaturas.

 

5.               La Concertación bajo el mando de Bachelet

En las elecciones de 1989, las primeras desde el retorno de la democracia, los partidos de izquierda de la Concertación acordaron en apoyar a Patricio Aylwin, el candidato democratacristiano. Aunque existía gran incertidumbre, acerca de cómo se distribuirían los apoyos entre los sub-pactos, la victoria presidencial estaba asegurada, algo que fortaleció la unidad de la coalición. El Gabinete del presidente incluyó entonces a todos los partidos de la Concertación. Sin embargo, hubo un predominio del PDC, su propio partido, al que no sólo le otorgó la mitad de los ministerios, sino que además le reservó carteras como Hacienda, Defensa y Justicia. En tanto, las subsecretarías se distribuyeron a organizaciones partidarias diferentes a las asignadas para encabezar los ministerios. Así, se favoreció un estilo “más colectivo” (Garrido, 2003) de toma de decisiones, manteniendo cierto equilibrio dentro de la coalición.

En los comicios de 1993 se volvió a imponer la Concertación, y volvió a hacerlo un miembro del PDC: Eduardo Frei. Su gobierno incrementó las desigualdades entre los partidos de la coalición en favor del PDC, al que le proporcionó más del 60% de los ministerios. Su Gabinete estuvo compuesto principalmente por personal de su confianza que le garantizaba lealtad, por lo que sus críticos lo denominaron “círculo de hierro”. Asimismo, relegó a un segundo plano a importantes líderes de la Concertación con aspiraciones presidenciales (el democratacristiano Foxley y el socialista Lagos), algo que abrió una grieta interna y amenazó la unidad de la coalición. Su estilo fuertemente presidencialista provocó también la inestabilidad de la Concertación al desplazar sin reparos a un ministro socialista para reemplazarlo sin consultar con sus socios por uno del PDC.

Electo en 1999 y presidente entre 2000 y 2006, el socialista Ricardo Lagos, también fundador del PPD, mantuvo el equilibrio interno y la proporcionalidad a la hora de repartir ministerios entre los partidos de la Concertación. Una importante merma en los votos cosechados por el PDC a partir de 2001 produjo un realineamiento dentro del Gabinete. Los democratacristianos ya no controlaron la mitad o más de los ministerios, como había hecho desde el retorno de la democracia.

Bajo el gobierno de la también socialista Michelle Bachelet, quien asumió la presidencia por primera vez en 2006, una recuperación del PDC en los escaños obtenidos en el Congreso no le significó más de la mitad de los ministerios, como había ocurrido bajo las presidencias de los democratacristianos Aylwin y Frei. Sin embargo, el PDC mantuvo un importante control de las carteras, logrando entre un 30% y un 40% de ellas. Por su parte, el partido de la presidente, el PS, incrementó el control de los ministerios conforme pasaron los años y en la medida en que el PDC redujo su cuota ministerial. Mientras que el PS inició el primer mandato de Bachelet con un 19%, lo terminó con un 27%. Asimismo, la cantidad de carteras controladas por funcionarios independientes cayó a la mitad, una tendencia a la baja que se mantendría durante el segundo gobierno de la jefa de Estado.

Gráfico 1. Porcentaje de ministerios por partido durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, (2006-2010).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Electoral, del Congreso de Chile y de diarios locales.

El modo en que Bachelet designó a sus ministros siguió criterios bastante proporcionales. Según el índice de congruencia Gabinete-partidos propuesto por  Amorim Neto[4], una medida de la proporcionalidad con que se distribuyen los ministerios, la forma en que Bachelet conformó los sucesivos Gabinetes se fue haciendo más proporcional con el paso de los años (ver Gráfico 2). El índice registró su número más bajo hacia 2006 debido a la sobrerrepresentación ministerial de los independientes y del PDC, pero también porque el PRSD obtuvo sólo la mitad de las carteras que le hubiesen correspondido en caso de asignarse estrictamente en función de los escaños. Sin embargo, a lo largo del tiempo la distribución se fue haciendo cada vez más proporcional (y nunca siguió los criterios equitativos o mixtos antes descriptos). El ajuste en la cantidad de ministerios otorgados a los independientes, al PDC y al PRSD ofrece una buena explicación a la variación del índice.

En un gobierno de coalición, la estricta distribución de los ministerios en función del porcentaje de escaños legislativos es técnicamente difícil. Sin embargo, la Concertación ha logrado a lo largo del tiempo mantener una importante proporcionalidad (un índice de congruencia alto).

En las elecciones de 2009, la Concertación que apoyó a Bachelet logró 57 de los 120 diputados. Además, al renovarse la mitad del Senado, se quedó con 19 de las 38 bancas totales. Esos números la obligaron a negociar con partidos que no formaban parte de la Concertación para lograr pasar leyes.

Gráfico 2. Índice de congruencia Gabinete-Partidos durante los dos gobiernos de Bachelet (2006-2010 y 2014-…)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Electoral, del Congreso de Chile y de diarios locales.

En los comicios de 2013, Bachelet se postuló nuevamente como candidata a la presidencia. Para hacerlo, debió dejar pasar un período presidencial, debido a que la Constitución chilena prohíbe la reelección inmediata. Esa fase intermedia entre sus dos mandatos fue gobernada por primera vez por la coalición de centroderecha Alianza, encabezada entonces por Sebastián Piñera. Al presentarse por segunda vez, Bachelet no logró evadir el balotaje, debido a que en la primera vuelta obtuvo el 46,7% de los votos. Sin embargo, logró vencer con holgura a su contrincante Evelyn Matthei, de la UDI, al imponerse en la segunda vuelta con más del 62% de los sufragios.  Además, la Nueva Mayoría logró una importante mayoría en la Cámara de Diputados, al alcanzar 57 de las 120 bancas. El resultado para la flamante coalición fue tan bueno que, con la renovación de la mitad del Senado, también logró mayoría y quedó con 21 de los 38 escaños.

La novedad más importante durante el segundo gobierno de Bachelet fue la incorporación a la coalición del Partido Comunista (PCCh.), del Movimiento Amplio Social (MAS) y de la Izquierda Ciudadana de Chile (IC), además de independientes de centroizquierda. Este proceso de ampliación derivó en que la conformación de un nuevo pacto, la Nueva Mayoría, que reemplazó por extensión a la Concertación. Esta nueva coalición impuso desafíos al nuevo gobierno, debido a que la mayor cantidad de partidos imponía también mayores restricciones a la hora de los nombramientos: había que repartir los mismos cargos entre más partidos. Sin dudas, la incorporación más resonante durante el segundo mandato de Bachelet fue la del PCCh., con una importante y pareja distribución de apoyo a lo largo del territorio.

Como se ve en el Gráfico 2, la presidente logró mantener con éxito una proporcionalidad en la estructura ministerial. En las elecciones celebradas en 2013, el PCCh. obtuvo seis diputados, por lo que en principio fue recompensado con un ministerio. Al momento de escribirse estas líneas, esta organización ya ganó una segunda cartera en medio de la crisis política que aqueja al gobierno de Bachelet, por la que en mayo de 2015 les pidió la renuncia a todos sus ministros. Inicialmente, el MAS y la IC también cosecharon un ministerio cada uno. No obstante, la mayor cantidad de carteras se la llevan los partidos ancla de los sub-pactos: el PDC, del centro, y el PPD y PS, de la centroizquierda.

 

Gráfico 3. Porcentaje de ministerios por partido durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-…)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Electoral, del Congreso de Chile y de diarios locales.

Conclusión

La herencia de la dictadura produjo una desideologización y despolitización de la sociedad. Desde el retorno a la democracia, la estructuración de las dos coaliciones generó una competencia centrípeta, con posiciones más pragmáticas y menos dogmáticas.

En Chile, la Concertación ha logrado formar gobiernos de coalición estables, mayoritarios, estructurados, homogéneos, estructurados y estables, de formación preelectoral pero duradera, algo que generó estabilidad política y social. El multipartidismo chileno transformó la regla de los tres tercios (derecha, centro e izquierda) en una dinámica de polarización competitiva, no conflictiva y centrípeta (Reniu y Albalá, 2011). El sistema de partidos altamente fragmentado que caracteriza a la democracia chilena es gobernado eficientemente por coaliciones mayoritarias balanceadas y disciplinadas, que otorgan recompensas a los socios perdedores para mantenerlos dentro de la Concertación (y de la actual Nueva Mayoría).

El presidente conserva poderes proactivos y reactivos importantes, que hacen del país un caso de presidencialismo fuerte. Asimismo, el mandatario tiene también facultades para nombrar personal de confianza a cargos subnacionales en el contexto de un Estado unitario.

El clivaje histórico dominante, autoritarismo-democracia, parece gozar de buena salud y se evidencia en  los alineamientos ideológicos y en la estructuración del sistema de partidos.

 

6.      Fuentes bibliográficas

Libros

Altman, David (2008). “Régimen de gobierno y sistema de partidos en Chile”, en Fontaine, Arturo, Larroulet, Cristián, Navarrete, Jorge y Walker, Ignacio (eds.), Reforma de los partidos políticos en Chile. Santiago: PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN.

Carey, J. (2002). Parties, coalitions and de chilean congress in the 1990s. En  S. Morgenstern y B. Nacif, Legislative politics in Latin American. (pp. 222-253).Cambridge: Cambridge University Press.

Chasquetti, Daniel (2008). Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina. Ediciones CAUSE, Montevideo.

Deheza, Grace (1998). "Gobiernos de coalición en el sistema presidencial: América del Sur", en Nohlen D. y Fernandez B. (eds.), El presidencialismo renovado: Instituciones y cambio político en América Latina, Caracas, Ed. Nueva Sociedad.

Gamboa, Ricardo (2011). “Reformando las reglas electorales: La cédula única y los pactos electorales en Chile”. Revista de ciencia política v.31 n.2 , 159-186.

Huneeus, Carlos (2010). “Un partido político muy institucionalizado: la democracia cristiana en Chile”, en Mainwaring, Scott y Scully, Timothy (editores), La democracia cristiana en América Latina. Conflictos y competencia electoral, Fondo de Cultura Económica, México DF: 173-223.

Lanzaro, Jorge (2003). Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América latina, en Lanzaro, J.(compilador), Tipos de presidencialismo y coaliciones en América Latina, Buenos Aires, Clacso.

Linz, Juan (1994). “Democracia presidencial o parlamentaria ¿Qué diferencia implica?” en J. Linz & A. Valenzuela (comps.) Las crisis del presidencialismo. Perspectivas comparativas . Alianza Universidad, Madrid.

Luna, J. P. (2008). Partidos políticos y sociedad en Chile. Trayectoria histórica y mutaciones recientes. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete, & I. Walker, Reforma de los partidos políticos en Chile (págs. 75-124). Santiago de Chile: CEP;L&D, CIEPLAN.

Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew (1992) (Comps.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 2002. “Introducción” y “Conclusión: Presidencialismo y democracia en América Latina”.

Mainwaring, Scott y Scully, Timothy (1995) (eds.). Building democratic institutions. Party systems in Latin America. Stanford: T Mara Stanford University Press.

Documentos

Altman, David, Luna, Juan Pablo y Piñeiro, Rafael (2009). “Partidos y sistemas de partidos en América Latina: Aproximaciones desde la encuesta a expertos”, en Revista de Ciencia Política, v.29, Santiago.

Cheibub, José Antonio, Adam Przeworski, and Sebastian Saiegh (2004).  “Government Coalitions under Parliamentarism and Presidentialism”. British Journal of Political Science.

Freidenberg, Flavia y Levitsky, Steven. 2007. “Organización informal de los partidos en América Latina”, en Desarrollo Económico, 46, 184: 539-568 [pp. 29].

Mainwaring, S., & Torcal, M. (2003). “The Political Recrafting of Social Bases of Party Competition: Chile 1973–95”. British Journal of Political Science v.33 n.1, 55-84.

Ortega, E. (2003). Los partidos políticos chilenos: Cambio y estabilidad en el comportamiento electoral 1990-2000. Revista de Ciencia Política v.23 n.2, 109-147.

Pérez Liñán, Aníbal (2004). “Las Instituciones Electorales y su Impacto Político: Los Países del Mercosur en Perspectiva Comparada”. Revista Argentina de Ciencia Política, no. 7/8, pp. 35-54.

Reniu, Josep y Albalá, Adrián (2011). “Los gobiernos de coalición y su incidencia sobre los presidencialismos latinoamericanos.: el caso del Cono Sur”. Barcelona, ICPS. Colección Working Papers nº 296 (ISSN: 1133-8962).

Scully, Timothy. (1992). “Los partidos de centro y la evolución política chilena”. Santiago de Chile: CIEPLAN.

Scully, Timothy, & Valenzuela, J. Samuel (1993). “De la democracia a la democracia: Continuidad y variaciones en las preferencias en el electorado y en el sistema de partidos en Chile”. Estudios públicos, 195-228.

Siavelis, Peter y Carey, John (2003). El seguro para los subcampeones electorales y la sobrevivencia de la concertación. Estudios públicos, 5-27.

Siavelis, Peter (2004). “Sistema electoral, desintegración de coaliciones y democracia en chile: ¿el fin de la concertación?”, en Revista de Ciencia Política, Volumen XXIV, Santiago.

Valenzuela, J. Samuel (1995) “Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile”, en Estudios Públicos, 58, otoño: 5-80 [pp. 75].

Valenzuela, Pablo Estabilidad coalicional en el Chile transicional: El caso de la Concertación

 

WWW

www.camara.cl/

www.congreso.cl/

www.historiapolitica.bcn.cl/index_html

www.senado.cl